Sancionar con “todo el peso de la ley” a las exdiputadas Beatriz “N” y Hortencia “N”, es la demanda de los trabajadores de base; exigen, asimismo, la reintegración de los más de 23 millones de pesos -que son recursos descontados a su nómina-, para solventar los préstamos solicitados al Instituto de Crédito.
Los anteriores diputados perjudicaron los derechos crediticios de los empleados del Poder Legislativo, aseveró el líder del sindicato, Érik Alejandro Reyes Chávez, quien acentuó que, hasta ahora, no se han “liberado” todos los créditos ante el Instituto.
Asimismo, expuso que hay convenio de pagos que el actual parlamento está llevando a cabo: “Ese bloque que tenemos sí nos afecta”, porque, como empleados, no tienen el “cien por ciento…”, aunque estén al corriente de sus descuentos. Por tanto, exigió todo “el peso de la ley” para con aquéllas; no obstante, dijo que “tienen derecho a defenderse”.
De igual forma, adujo: “… tienen que esclarecer hacia dónde se fue ese recurso, porque ellas eran las responsables del manejo de ello”, quienes, en su momento, ostentaron la presidencia de la Mesa Directiva.
Agregó que ese universo monetario no fue un recurso que recibieron del Ejecutivo, sino se trata de un elemento interno, “que se nos retuvo”; entonces, “ellas son las responsables de decir qué pasó con eso…”. En caso de que lo considere la autoridad, que se regrese a las arcas del Congreso.
Añadió que esas cuotas obrero-patronales del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos, deben definirse con transparencia.
Con base en información oficial, de parte de la Fiscalía del ramo, Hortencia “N” presuntamente desvió la cantidad de más de nueve millones de pesos para beneficio propio, así como de terceras personas; entre ellos, compañeros excongresistas, durante los últimos días de la LIII Legislatura, resaltando que la hoy imputada pudo haberse expedido “… varios cheques a su favor, por la cantidad de dos millones 70 mil pesos”.
Todo esto se ha derivado de la demanda que se presentó en octubre del año pasado, cuando un grupo de congresistas se presentó ante Juan Salazar Núñez, quien es el fiscal especial de Combate a la Corrupción. Entonces, se mencionó a Francisco Moreno Merino, cuya figura sigue impune. Ninguna autoridad ha actuado en su contra.
El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado de Morelos (SUTSPLEM), Erick Alejandro Reyes Chávez, subrayó que debe el Poder Judicial actuar contra quienes actuaron de manera alevosa y provocaron daños a la base laboral.
Los daños ocasionados también son para extrabajadores de confianza quienes, al ser despedidos, aún siguen sin pagarles los finiquitos correspondientes. Por ello, existen denuncias penales y laborales contra las aludidas.