El ex presidente Carlos Salinas de Gortari se dio a la tarea de preparar su autoexilio a Londres mucho antes de que Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones, hace ya un año.

Maestro en el manejo de la información, quien sentó las bases del periodo neoliberal supo que la victoria del tabasqueño era inevitable y empezó a diseñar una ruta de salida segura.

Una de las decisiones estratégicas fue hipotecar todas sus propiedades personales. Con esa figura las “blindó” ante una muy probable confiscación por parte del régimen de la 4T.

Salinas trabajó en la etapa de transición con sus amigos de la banca, instituciones que a la postre quedaron como beneficiarios de la transferencia del derecho sobre sus propiedades.

De cara a una potencial demanda penal, nada remota para como se está configurando la cruzada anticorrupción, si el gobierno de AMLO quisiera asegurarle algún activo se va a topar con los bancos.

Los misiles antiimpunidad que las huestes de López Obrador han venido lanzando en las recientes semanas han golpeado el círculo más íntimo del hijo pródigo de Agualeguas.

Emilio Lozoya Austin, Alonso Ancira Elizondo y ahora Juan Collado, tienen el común denominador de que son mucho más que amigos cercanos de Carlos Salinas de Gortari.

Lozoya es cuasi su ahijado (en realidad Salinas apadrinó a su hermano, Juan Jesús Javier), lo que habla de la cercanía con sus padres, Emilio Lozoya Thalmann y Gilda Margarita Austin.

Con Ancira la relación es igualmente entrañable: se remonta a sus años mozos, cuando pretendía a Cecilia Occeli y aquél a Susana Jiménez, por quienes se conocieron y con quienes se casarían.

Y con el abogado Collado el trato es igualmente simbiótico a partir de que le confió la defensa de su hermano Raúl, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo lo persiguió y metió a la cárcel.

Los tres casos son una señal perturbadora para Salinas de parte del régimen de AMLO. La gran pregunta es si el actual presidente se irá también contra el verdadero “jefe de la mafia del poder”.

EL BANCO DEL Bienestar está a punto de dar un paso en falso hoy. Y es que pretende asignarle este día a Axtel un contrato por 424 millones 560 mil pesos para servicios de hospedaje y administración de datos (data center). La cosa es que el proceso en la institución que dirige Rabindranath Salazar estuvo plagado de irregularidades, que van desde la filtración del precio de referencia hasta el incumplimiento técnico y caídas del sistema CompraNet en detrimento de un competidor. Las señales apuntan a Andrés Huerta, subdirector de Desarrollo de Sistemas, quien operó junto con Ultrasyst, una fábrica de software propiedad de Laura Ponce que va siempre a licitaciones con la operadora que capitanea Rolando Zubirán. El agraviado es KIO, que lidera Sergio Ronsengaus, firma que ofertó 464 millones 845 mil pesos. ¿No que mucha honestidad en la 4T?

AL FINAL SURTIÓ efecto la presión de los agentes económicos y competidores de Telmex-Telcel y cuatro de los cinco integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, que defendía la tesis de Carlos Slim, en el sentido de que fuera el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien expidiera las medidas de regulación asimétrica al preponderante y no el Congreso. Norma Piña, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo y Juan Luis González Alcántara votaron porque se desechara el planteamiento de su colega y se retornara a otro para elaborar uno a partir de cero. Se patea el expediente por varios meses en el asunto del “efecto club”.

A QUIEN TAMBIÉN le dieron palo ayer fue a la asociación civil del Club Guadalajara, que preside Francisco Cárdenas. Y es que los ministros en este caso de la Segunda Sala de la misma SCJN optaron por confirmar un acuerdo que dictó en 2018 el entonces presidente de esa instancia, Luis María Aguilar, quien ya había desechado por improcedente la demanda de revocar a Jorge Vergara Madrigal la propiedad del famoso Rebaño Sagrado y sus activos. Con la determinación que tomó ayer la Corte se cierra definitivamente este capítulo que viene litigándose desde hace 17 años.

LE DECÍA APENAS a inicio de semana que Interjet ya inició la ruta con miras a hacerse pública. Morgan Stanley, que dirige Jaime Martínez-Negrete, los está asesorando. El tiempo apremia pues la aerolínea de Miguel Alemán está muy cerca de que le demanden un concurso mercantil. Amén de sus deudas, que no va subsanar con el reciente crédito que el Bancomext que dirige Eugenio Nájera le otorgó de 150 millones de dólares, tiene una pesadísima deuda con el SAT, que preside Margarita Ríos-Farjat. Se habla de IVA e ISR no enterados por la friolera de 8 mil millones de pesos. Se lo pasamos al costo.

DILA CAPITAL, EL fondo de Alejandro Diez Barroso y Eduardo Clavé, acaba de concretar una inversión de 80 millones de dólares junto con otros inversionistas ángeles en Smart Lending. Se trata del primer prestamista hipotecario Fintech. Este nuevo vehículo fundado por Bernardo Silva, Daniel Braatz y Andrés Avalos irrumpe en el mercado con una oferta innovadora para dar la pelea a BBVA de Eduardo Osuna, Citibanamex de Ernesto Torres Cantú, Banorte de Carlos Hank González y HSBC de Nuno Matos.

COMERCIALIZADORA MILENIO FUE ayer la ganadora de la licitación para proveer mil 824 tablets al INEGI, que preside Julio Santaella. Presentó la oferta más baja: 278 millones 178 mil 528 pesos. La empresa es de Augusto Arriaga Abraham, a la sazón accionista de Diamond Electronics, la firma que ganó buena parte de las pantallas que licitó Gerardo Ruiz Esparza desde la SCT para implementar el apagón analógico. Los dispositivos con los que se levantará el Censo de Población y Vivienda 2020 serán de la china Mitsui.

MUCHO INTERÉS generó en círculos empresariales el asesinato de Isaías Gómez, ex pareja de la actriz Sharis Cid. El juicio en contra de quien fuera su cuñado, Héctor Jasso, arranca hoy en San Miguel de Allende. La defensa detectó irregularidades en las investigaciones contra Jasso, acusado de ser coautor del homicidio, cometidas por la Fiscalía de Guanajuato y que revelan claras violaciones al debido proceso. Eso preocupa al empresariado.