Para lograr que un juez iniciara un proceso judicial contra el abogado Juan Collado, la Fiscalía General de la República presentó datos de prueba en los que describió la red de lavado de dinero y conformación de empresas fantasma que presuntamente ideó el litigante.
Por ejemplo, según las pesquisas derivadas de la denuncia presentada en junio por Sergio Bustamante, tanto Collado como José Antonio Rico Rico (dueño del 50% de las acciones de Operadora de Inmuebles del Centro), recibían transferencias millonarias en cuentas a su nombre en España y Andorra.
“Como parte de las indagatorias e investigaciones que a título personal realicé, me enteré por diversos medios de que a partir de la ilegal compra venta del inmueble de mi propiedad (la otra mitad era de José Antonio Rico Rico) y utilizando los mismos recursos, dentro de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS se llevan a cabo actividades financieras ilegales, tales como transferencias de sumas muy importantes a entidades financieras del exterior”, acusó Bustamante.
Para la FGR el procedimiento para lograr exitosamente el blanqueo de dinero era el siguiente: Se conformó un grupo delictivo que se conoce desde hace aproximadamente nueve años que tiene como fin cometer actos ilícitos donde bajo un reparto de funciones esenciales, se logró vender una propiedad que no les pertenecía, y con el recurso producto de la venta ilícita, realizar la dispersión del dinero a través de transferencias bancarias que realiza Tania Patricia García Ortega a sus coimputados, utilizando con ello el sistema financiero mexicano.
Y es que García Ortega, sobre quien también pesa una orden de aprehensión, abrió la cuenta 0895305156 a nombre de OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., en Banorte, en donde depositó 156 millones de pesos el 27 de marzo de 2017. El 15 de abril de 2017 se depositaron 17 millones 222 mil 400 pesos.
Posteriormente LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS manejó un esquema de recompra de acciones a cada uno de los más de un millón de socios que el día de hoy forman la sociedad, dichos titulares de crédito están sujetos a compra hormiga, cuyos titulares finales son Rico Rico y Juan Collado.
Así, a través de García Ortega, se lograban introducir recursos provenientes de la simulación de compra-ventas, así como de obtención de créditos en el sistema financiero para el lavado de dinero imputado por la Fiscalía General.
“El recurso monetario de la venta del inmueble de 156 millones de pesos fue administrado por Tania Patricia García Ortega, quien también transfirió la mayor parte de dicho recurso a empresas propiedad de Rico Rico.
“En dicha empresa José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo y Roberto Isaac Rodríguez Gálvez, en diferentes momentos han desempeñado funciones ejecutivas, de Presidentes del Consejo de Administración. Misma persona moral que realiza transferencias financieras de manera reiterada al exterior como España, Andorra y a otras partes de Europa, sin comprobar la procedencia de dicho recurso, existiendo la duda de su procedencia”, señalan las pesquisas contenidas en la averiguación que dio sustento a la orden de aprehensión.
Según los fiscales que declararon ante el juez, fue el 7 de junio pasado cuando se inició la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019 y como consecuencia se realizó una serie de diligencias para obtener las principales pruebas que sustentan el caso.
Los datos recabados indican que supuestamente OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO depositó a favor del presidente del Consejo de Administración, Juan Collado, 24 millones de pesos el 10 de abril de 2015.
Le dictan 6 meses de prisión preventiva
Collado está acusado de simular la venta de un terreno.
Un juez de control federal vinculó a proceso y dictó la medida de prisión preventiva oficiosa al abogado penalista Juan Collado Mocelo, quien fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado y delincuencia organizada ante la presunta venta irregular de un terreno en Querétaro a través de empresas fantasma.
Durante la audiencia inicial, la cual comenzó a las 9 de la noche del martes y se extendió por espacio de 11 horas, el juez Eduardo Vázquez Rea, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, concedió a la FGR seis meses para realizar su investigación complementaria.
“De los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía General de la República se puede establecer que se han cometido hechos que la ley señala como delitos y que, sin violar la presunción de inocencia, el imputado pudo participar en su comisión”, concluyó el juzgador.
Y es que los fiscales imputaron a Collado el ser autor material de la creación de cuatro empresas fantasma y la simulación de la venta de un terreno en Querétaro por un total de 156 millones de pesos en el que posteriormente se construyó la Zona Comercial Centro Sur en un edificio de seis niveles con otros seis de estacionamiento, cuyo valor actual es de 700 millones de pesos.
La venta ilícita del inmueble ubicado en Lote 2 manzana CS-12, en la confluencia de las avenidas Fray Luis de León y Boulevard Bernardo Quintana, actualmente marcado con el número 9791, C. P. 76090, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, se concretó el 14 de abril de 2015.
Empero, la Fiscalía expuso que desde 2010, Collado, quien se benefició con alrededor de 24 millones de pesos, junto con José Antonio Rico, expresidente de Cajas Libertad; José Antonio Vargas, Roberto Rodríguez y Tania García, quienes también cuentan con orden de aprehensión, crearon las empresas Operadora Inmobiliaria del Centro y Libertad Sociedad Financiera (Cajas Libertad) para simular operaciones financieras y lavar dinero.
La denuncia contra Collado fue presentada por Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien declaró ante la FGR que su identidad fue suplantada con el objetivo de concretar la venta de su terreno; además de que dijo no ser accionista de la empresa Operadora Inmobiliaria del Centro S.A.
Ante esto, la defensa alegó que la FGR no realizó las indagatorias correspondientes, sino que simplemente recibió documentación sin verificar la autenticidad.
“No hay un solo acto que indique siquiera que el licenciado Collado sabía, quería y se integró a una organización para justificar hechos y delitos en abstracto”, señaló el equipo legal que defiende a Collado.
En diversas etapas de la audiencia, el abogado Collado Mocelo presentó diversos malestares de salud como espasmos y parálisis en una parte de la cara, por lo que fue necesario que el juzgador federal decretara algunos recesos.
Al término de la audiencia, Antonio Collado, hermano del detenido, anunció que apelará inmediatamente la decisión del juez.