El abogado Juan Collado fue denunciado por supuestamente tener cuentas en el extranjero a través de las cuales él y José Antonio Rico Rico, expresidente de Libertad Servicios Financieros S. A. de C. V., recibían dinero producto de operaciones ilícitas.
El empresario Sergio Bustamante Figueroa, quien en junio presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), señaló que Collado y Rico recibían transferencias millonarias en cuentas de España, Andorra y Suiza.
La FGR indicó que las transferencias supuestamente eran realizadas por Tania Patricia García Ortega para introducir recursos provenientes de la simulación de compraventas y obtención de créditos en el sistema financiero para blanquearlos.
La denuncia de Bustamante derivó de la venta realizada por Operadora Inmuebles del Centro de un terreno que supuestamente era de su propiedad, transacción que se realizó, dijo, mediante la suplantación de su identidad.
“Me enteré por diversos medios de que a partir de la ilegal compra-venta del inmueble de mi propiedad y utilizando los mismos recursos, dentro de Libertad Servicios Financieros se realizan actividades financieras ilegales, tales como transferencias de sumas muy importantes a entidades financieras del exterior, como España y Andorra, esquema que a decir de mis informantes es utilizado como método para blanquear el dinero, por lo que con mucha frecuencia los implicados viajan constantemente a los países mencionados, y todo esto lo pueden corroborar con los pasaportes de Collado Mocelo, Rico Rico, así como de los familiares de ambos personajes”, precisó.
De acuerdo con la investigación de la FGR, Collado Mocelo supuestamente cometió lavado de dinero al beneficiarse de la venta ilegal del inmueble ubicado en Fray Luis de León y boulevard Bernardo Quintana, en la ciudad de Santiago de Querétaro, concretada el 14 de abril de 2015.
Dicho predio era propiedad de Operadora Inmuebles del Centro, cuyos accionistas desde el 21 de abril de 2010 eran Sergio Bustamante Figueroa, denunciante, y José Antonio Rico, uno de los imputados.
Bustamante Figueroa afirmó que el 30 de julio de 2013, la empresa celebró una asamblea a la que nunca fue convocado y en la que suplantaron su identidad para vender el total de sus acciones y las de Rico a José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú.
José Antonio Vargas Hernández presentó un poder notarial supuestamente concedido por Cárdenas Rico a su favor, para vender el predio de Querétaro por 156 millones de pesos a Libertad Servicios Financieros, el 25 de marzo de 2015.
Bustamante Figueroa dijo que el inmueble vale 700 millones de pesos debido a que allí se construyó un edificio de seis niveles y seis más de estacionamiento, denominado Zona Comercial Centro Sur.
De la venta, Bustamante afirmó que Collado, en su carácter de presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, se benefició con 24 millones de pesos que recibió el 10 de abril de 2015 a través de un depósito realizado por García Ortega, en la cuenta 012180004512185068 de BBVA.
Describió que los imputados utilizaron a las empresas Administradora Cimatario, Despacho Integral de Inmuebles y Administradora Ario, propiedad de Rico Rico, para repartir los recursos de la venta del terreno, misma que al ser ilegal, el dinero también lo era.
Mediante las transferencias bancarias que incluyeron depósitos realizados por Tania Patricia García ortega a cuentas de España, Andorra y Suiza a nombre de Collado y Rico, los recursos ilícitos fueron introducidos al sistema financiero para “blanquearlos”, indicó la FGR.
La UIF señaló que las entidades utilizadas para “mover” los recursos mediante la obtención de créditos y compra-ventas simuladas entre ellas (Administradora Cimatario, Despacho Integral de Inmuebles y Administradora Ario) pueden formar parte de un esquema de empresas fantasma, elaborado para dificultar la detección del origen del dinero.
La FGR señaló que Rico, Collado, García Ortega, Rodríguez Gálvez y Vargas Hernández se organizaron a través de estas empresas, con lo que conformaron “un grupo delictivo desde hace nueve años”, pues vendieron una propiedad que no les pertenecía y el dinero fue depositado en diferentes cuentas para ocultar su origen.