Las autoridades insisten: denuncien. Pero la gente no confía en el gobierno.
¿Vale la pena denunciar?
Desde hace meses el discurso oficial insiste en lo mismo: denuncien. El presidente de México, el gobernador de Morelos y muchos otros funcionarios de los tres niveles de gobierno han pedido una y otra vez que los ciudadanos se sumen a la lucha contra la inseguridad y presenten sus quejas ante las instancias correspondientes. La lucha por la paz no existe si no va de la mano de la gente, dicen con razón las autoridades. Pero ¿Vale la pena denunciar?
Todas las estrategias de seguridad pasan por la denuncia ciudadana; la colaboración de la población en la búsqueda de la paz es necesaria porque sin ella es imposible alcanzar los objetivos trazados. Por eso Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Blanco, Antonio Villalobos y todos los gobernadores y alcaldes del país insisten en lo mismo: denuncien.
Denunciar no es solo para que se castiguen los ilícitos, también sirve para llevar un control de la criminalidad, para inhibir el delito y combatir la impunidad; según cifras del INEGI el 90 por ciento de los delitos en México no se denuncian, lo cual trae como consecuencia que aumente la inseguridad, se multipliquen los actos de violencia y se contraiga la economía.
La denuncia ciudadana es necesaria para combatir la delincuencia y también representa la mejor arma para acabar con la corrupción; con la denuncia las autoridades pueden realizar labores de investigación y sanción, el problema es que los ciudadanos no confían en los ministerios públicos y muchos piensan que el problema de inseguridad, violencia y corrupción comienza en el gobierno.
Es aquí donde los gobernantes deben poner mayor atención: la falta de confianza del pueblo hacia el gobierno es consecuencia del deterioro paulatino de las instituciones, de los interminables casos de corrupción en los que se han involucrado funcionarios de todas las administraciones y del insistente discurso de todos los políticos, donde hablan de la red de complicidades que hay en las instituciones públicas.
¿Cómo puede un ciudadano presentar una denuncia cuando todos los días escuchamos historias sobre la confabulación entre los ministerios públicos, los jueces y los policías con la delincuencia organizada?
¿De qué forma responder a ese llamado si cuando se acude a presentar una denuncia, los encargados de recibirla hacen sentir a la víctima como criminal y en lugar de facilitarle las cosas se la pasan diciéndole que no vale la pena proceder porque nunca pasa nada?
Veamos las cosas desde otra óptica: es sabido que la mayoría de los delitos no se denuncian, pero ¿cuántas de las denuncias que se presentan concluyen con un resultado satisfactorio para el denunciante? La respuesta a esta pregunta nos aclarará si vale la pena denunciar.
La lucha que el gobierno de Morelos libra contra la delincuencia es brutal, aunque los resultados todavía no son los que todos quisiéramos. La administración estatal enfrenta a varios grupos delictivos a la vez, lo hace con muy poco personal y armamento, con recursos limitados y contra la opinión pública.
Aquí es donde las autoridades estatales necesitan hacer una reflexión profunda y reforzar el trabajo institucional: mientras no exista confianza en las instituciones, no habrá denuncia ciudadana; y mientras el ciudadano no denuncie, la batalla contra la delincuencia y contra la corrupción está perdida.
Se trata de una verdad de Perogrullo, pero es incomprensible para nuestras autoridades. Desde hace años hay un doble discurso que por un lado llama a la participación ciudadana y por otro se insiste en la vulnerabilidad de las dependencias. Es decir: el gobierno pide la ayuda de la gente, pero también le dice que el enemigo está en casa.
Pensemos por ejemplo en el delito de extorsión, hoy uno de los más graves y cotidianos en Morelos. La extorsión está pegando por todos lados, afecta a empresas grandes, pero sobre todo a negocios medianos, a comercios y a profesionistas de todo tipo, es decir, a la clase media.
Las extorsiones están en todos lados, algunas veces llamadas por su nombre y otras más denominadas “cobro de piso”; el resultado es el mismo: alguien identifica a la víctima, llama o se presenta en el negocio, ofrece protección y amenaza con lastimar en caso de no aceptar la oferta. Las consecuencias de negarse pueden ser terribles, van desde un ataque al lugar hasta la privación de la vida de la víctima. Y eso ocurre todos los días a ciudadanos, empresas y hasta gobiernos municipales.
La historia se repite una y otra vez por todo el estado, los afectados pueden ser hombres de negocio que recurren a la contratación de personal de seguridad, hasta micro empresarios, comerciantes o trabajadores que no tienen la posibilidad de blindarse y eligen pagar o asumirlas consecuencias, que a veces suelen ser brutales.
¿A quién se puede recurrir cuando ocurre algo así? ¿A quién se le puede llamar con la certeza de que se recibirá ayuda y no se agravará la situación? ¿Con qué confianza hacerlo cuando todo el tiempo escuchamos historias de negocios baleados y personas asesinadas por negarse a pagar este tributo a la delincuencia?
Todos los delitos son graves, pero hay algunos que afectan más que otros; el secuestro y la extorsión son fechorías cuyos efectos van más allá de la persona agraviada, son ilícitos que representan la pérdida de dinero, pero principalmente roban la tranquilidad de las familias. Estructuralmente hablando estos dos delitos son los que más afectan la estabilidad de un estado y los que más dañan la imagen de un gobierno. Por eso las calificaciones de la administración de Morelos son tan bajas.
La extorsión y el secuestro son delitos que lastiman mucho a los ciudadanos, a las familias y a los gobiernos; su combate no es sencillo porque quienes se dedican a este ilícito saben hacerlo, tejen amplias redes de complicidad y están decididos a todo; frente a ellos hay un gobierno que no atina a responder a tiempo, que no le encuentra la cuadratura al círculo y da palos de ciego tratando de resolver la situación.
La peor parte se la lleva la víctima, quien se ve obligada a entregar una porción de su patrimonio, pierde la tranquilidad y la de su familia y no tiene la confianza de acudir a las autoridades porque es el propio gobierno el que le dice que hasta ahí ha llegado el brazo de la delincuencia.
La denuncia es fundamental para ponerle un alto a los delitos, para acabar con la impunidad y para que la fuerza delictiva no siga avanzando; el problema es la falta de confianza en las instituciones, la dureza de un discurso oficial que desde hace años habla de lo mismo, nos repite una y otra vez que las instituciones están comprometidas y enfatiza lo difícil que es dar la pelea con el enemigo en casa.
Mientras esa historia no cambie, mientras el ciudadano siga sin tener confianza en sus autoridades y los gobiernos no apuesten por mejorar su imagen, la participación ciudadana será poca, porque además casi nunca hay buenos resultados.
No hay duda: es importante denunciar. La pregunta es ¿Vale la pena hacerlo?
- posdata
El legislador Marco Zapotitla confirmó lo evidente: hay conflictos al interior de la cámara de diputados, es la lucha por el control de los órganos de gobierno del poder legislativo.
No existe ningún tipo de acuerdo con el gobernador, dice, al tiempo de señalar que la decisión se tomará entre diputados, sólo entre diputados; “es un diálogo legislativo, es nuestra vida interna, es un tema que al ejecutivo no le compete”
Pero el punto de fricción no es ese, lo que genera rispidez y mueve a los diputados es el interés de varios por encabezar la Junta Política y la Mesa Directiva durante el segundo año legislativo. Casi cualquiera, dicho sea de paso, lo haría mejor que quienes actualmente ocupan esas posiciones.
La lógica hace pensar que Morena lleva mano en la decisión y una mujer será quien encabezará dichas posiciones; el Movimiento de Regeneración Nacional es el partido que más votos obtuvo en la pasada elección y las damas son la mejor cara (o la menos mala) del parlamento. Ninguno de los varones que conforman la 54 legislatura tiene los méritos, ni la calidad moral para llevar el barco a buen puerto.
El primer año de trabajo legislativo ha sido una pesadilla para todos, en diez meses la nueva legislatura pasó de la esperanza a la decepción y sus integrantes emularon y superaron los excesos, las torpezas y las canalladas de sus antecesores.
El primer reto de quienes ocupen los órganos de gobierno del parlamento es trabajar para revertir la mala imagen del congreso, definir una agenda de estado que involucre a los tres poderes, trazar una ruta para desahogar los temas presentes y futuros (ahí viene de nuevo el presupuesto) y concentrar las fuerzas del Legislativo en la atención de los asuntos que prometieron en campaña: cero impunidad y combate a la corrupción.
Hasta ahora no hay nada bueno que haya hecho la 54 Legislatura morelense. Desde el intento de chantaje presupuestal al gobernador, pasando por el incremento a sus recursos y la defensa a los fiscales de Graco Ramírez, hasta la insensatez de gastar 7 millones de pesos en autos nuevos, todo lo que ha hecho este parlamento es asqueroso.
Veremos qué hacen en el futuro los diputados; el cambio en los órganos de gobierno de la cámara dejará ver si el problema es de conducción o de plano esta legislatura está podrida.
Recordemos algo: los 20 diputados de Morelos buscarán otro cargo de elección popular o tratarán de reelegirse en el 2021. Hasta ahora ninguno de ellos es digno de volver a ser votado.
- nota
Discreta, sin hacer aspavientos ni buscando reflectores, la fiscal antisecuestros de Morelos trascendió de un sexenio a otro.
Muchas cosas malas hay que criticar a la administración del tabasqueño; durante su régimen hubo muchísimos excesos, improvisaciones y actos de mala fe en perjuicio de la ciudadanía.
Graco Ramírez nombró a sus amigos en cargos importantes aunque no tuvieran en perfil, su hijastro puso a sus amigos en los puestos en los que se manejaba el dinero y se firmaban los contratos y juntos, unos y otros, hicieron del gobierno estatal un gran negocio.
Algo distinto sucedió con Adriana Pineda. Los resultados hablan de su trabajo y su actitud la confirma como una profesional en el tema.
Muchas decisiones tomadas en la pasada administración fueron malas. El nombramiento de la fiscal anti secuestros no es una de ellas.
- post it
La Fiscalía Anticorrupción informa: le fue negada al ex rector Alejandro Vera la protección federal por las acusaciones de enriquecimiento ilícito; seguirá la investigación.
Lo que no dice: a todos los ex funcionarios graquistas acusados de corrupción no los toca ni con el pétalo de una rosa tabasqueña.
Obvio: es el fiscal de Graco.
- redes sociales
Hay joyas que se encuentra uno en las redes sociales y es imposible no compartirlas. Sería egoísta no hacerlo.
“Tres estudiantes de una universidad no estudiaron para un examen y decidieron no presentarlo; elaboraron un plan juntos, se ensuciaron con grasa negra, aceite y residuos del tubo de escape de un auto; de esta manera fueron con el docente poniendo caras de inocentes: "Profe, pedimos disculpas, pero no pudimos venir al examen, pues estábamos en una boda y, de regreso, el carro se accidentó. Por ello, estamos tan sucios, como puede ver."
El docente entendió, accedió y les permitió presentarse en un par de días para que se prepararan bien.
Pasados los dos días, los estudiantes fueron al examen muy bien preparados porque ahora sí habían estudiado.
El docente los ubicó en aulas separadas y aplicó el examen con EXCLUSIVAMENTE 4 preguntas:
1. ¿Quién se casó?
2. ¿A qué hora se accidentó el carro?
3. ¿Dónde exactamente se descompuso?
4. ¿Cuál es la marca del vehículo?
NOTA: Si las respuestas son idénticas, estarán aprobados con la máxima calificación.
¡Buena Suerte!
Moraleja 1:
Hagas lo que hagas, ¡JAMÁS PRETENDAS engañar a alguien que es:
- MÁS VIEJO QUE TÚ
- MÁS LEÍDO QUE TÚ
- MÁS VIAJADO QUE TÚ
- MÁS TRAJINADO QUE TÚ
Moraleja 2:
¿Quieres 10? Te lo pongo,
¡LA VIDA SE ENCARGARÁ DE RE-PROBARTE Y PONERTE CERO!”
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