El lunes el Congreso de Baja California votó por la ampliación a cinco años del mandato como gobernador del morenista Jaime Bonilla, que fue electo por dos años.

Más claro ni el agua: si pasa esa maniobra anticonstitucional en Baja California, pasará también en el Congreso federal la ampliación del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

La ambigua respuesta del Presidente a la pregunta de si el caso Baja California serviría como antecedente para otras ampliaciones de gobernantes en el poder, confirma que en el norte del país se fragua un experimento letal para la democracia.

“No, no creo que suceda (que BC sea un antecedente), ya son otros tiempos. ¿Saben por qué no sucede? Porque antes esas cosas se ordenaban desde la Presidencia, ahora no, y hay que irse acostumbrando a que hay poderes autónomos, independientes”.

¿No creo? ¿Cómo que “no creo”?

No es un asunto de fe, sino el mayor atentado a la vida democrática desde hace varias décadas.

El Presidente tendría que manifestar su más contundente reprobación a esa maniobra y no lo hizo. Lo dejó en el aire: “no creo”.

La falta de sinceridad en la declaración presidencial es patente cuando dice que “hay que irse acostumbrando a que hay poderes autónomos, independientes”.

Nunca, desde su creación, las instituciones autónomas han estado más acosadas por el poder presidencial que ahora.

El gobierno rechaza recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con argumentos ideológicos totalmente fuera de lugar (“sirvió a los gobiernos neoliberales”), y el propio Presidente la descalificó de raíz porque “no tiene autoridad moral”.

Contamos con un órgano autónomo, creado en el proceso de construcción de la democracia plena en el país, y el Presidente actual la nulificó con la mano en la cintura.

La nulificó porque la CNDH fue creada para frenar los abusos del poder, y el jefe del poder político del país rechaza sus recomendaciones y dice que no sirve para nada porque no tiene autoridad moral. Adiós a la utilidad de la institución autónoma.

El Presidente la ha emprendido contra el Instituto Nacional Electoral, porque es caro y defiende a la mafia. Y contra la Comisión Reguladora de Energía. Y contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cuya presidenta conminaron a renunciar.

Ahora resulta que ese Presidente, a la luz de la extensión del mandato del gobernador electo de Baja California, nos dice que “hay que irse acostumbrando a que hay poderes autónomos independientes”.

Es decir, el Congreso de Baja California es muy autónomo y muy independiente cuando alarga a más del doble el periodo para el cual fue electo el gobernador de Morena, y el INE, la CNDH, el TEPJF, la CRE y otros organismos autónomos deben ser destruidos porque al Presidente no le gustan.

Lo que se gesta en Baja California es la eternización de López Obrador en la Presidencia de la República.

Si ese experimento no se frena ahora y con toda la fuerza de las instituciones, tendremos a un autócrata aferrado al poder por muchos años.

El 11 de septiembre de 2014 el Congreso de Baja California aprobó que el siguiente periodo de gobierno se acortara a dos años, a fin de que las elecciones locales se empataran con las federales. Igual hicieron en Puebla y Veracruz.

Previo a las elecciones, este año, el Tribunal Electoral de Baja California resolvió cambiar el periodo de la gubernatura a seis años.

La respuesta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue casi inmediata: revocó esa decisión y mantuvo los dos años como periodo del gobernador de Baja California.

Y ahora, ya electo el morenista Bonilla por dos años, el Congreso estatal con los votos del PAN, PRI y Morena decidió ampliar el periodo a Bonilla hasta cinco años.

¿Qué enjuague es ese? Un golpe tremendo a la democracia fraguado con quién sabe cuántas maniobras de corrupción y extorsiones.

Lo mismo van a hacer en el Congreso federal si Morena y sus aliados ratifican su mayoría calificada en las elecciones intermedias.

El experimento de Baja California es un verdadero escándalo que no se puede tapar con otros escándalos.

Modificar el periodo para el cual fue electo un gobernante no tiene antecedente en México, y si fingimos que no pasa nada, o “no creo que suceda”, se abre la puerta a la perpetuación del Presidente en el poder.