Con la compra de 23 automotores se emitiría un mensaje negativo a la ciudadanía: Ariadna Barrera
La utilidad de los carros se extenderá para satisfacer las necesidades de otras áreas, insistió
“Es probable, pero, desafortunadamente, recordemos (que) la Legislatura pasada nos dejó sin computadoras, sin muebles y sin vehículos”, justificó. “Nos dejó esto hecho un caos”.
En torno a ello, acotó: “de repente se escucha un poco fuerte y escandaloso”; insistió en que la utilidad de los carros se extenderá para satisfacer las necesidades de otras áreas.
Precisó que, con base en las explicaciones que dio, hace unos días, el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, las unidades “no se han comprado; está la propuesta… Se está revisando”. Agregó que serían para “uso exclusivo de los diputados”.
Añadió que también estaría involucrado, en el uso, el personal que labora en el Congreso, quienes “tienen algunas complicaciones para trasladarse”. Consideró como una posibilidad de que se adquiera un número menor. Se tomarían en cuenta los eventos que se hacen, para, en función de eso, escoger el tipo de insumo.
Barrera Vázquez, en entrevista, expuso que desde el “análisis”, es como se llegará al consenso, aun cuando la opinión pública considere que esta acción no es la adecuada, en los tiempos de la Cuarta Transformación.
La legisladora externó que no conoce el proyecto: “… no sé por qué sean 23; pero, hay que revisarlo, para informar…”. Algunos quehaceres se han “sacado adelante” con recursos propios. Esto fue secundado por su homólogo, Héctor Javier García Chávez. Éste, en un segundo momento, informó que no les expiden viáticos.
Sobre el juicio político, que un abogado presentó contra quienes aprobaron un acuerdo, que reduce el ciclo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de 20 a 14 años, finalizó que “tendríamos que revisarlo”; en esencia, su esquema legal. Asimismo, no conoce el documento, ni los términos en que fue emitido. “No sé cuál sea la causa”. Argumentó que son imparciales, “con la garantía de que se cumpla la ley”.