El parlamentario expuso que “hay que seguir madurando” la propuesta, que está encaminada a adquirir 23 automotores, por medio de una cifra monetaria de siete millones de pesos –conforme a información oficial-.
Agregó que se trata de una “inversión”, porque el actual parlamento no cuenta con una infraestructura de medios de locomoción. Admitió, en cambio, que las unidades no sólo serían para los diputados, sino para “muchas tareas” de carácter legislativo. “Hay que ir a México, a realizar varios trámites”. Existe la necesidad de desplazarse a oficinas de los poderes Ejecutivo y Judicial, justificó.
Añadió que, en este momento, el Congreso no cuenta con ningún carro; pero, “hay que valorar si esa decisión (consensuada en Junta) es “la más correcta, para la actividad parlamentaria”. Externó que, en este instante, “cada quien se está moviendo con sus propios medios”. Y negó que tuvieran viáticos.
No obstante, consideró que se necesita analizar si esa decisión es la “más correcta”. Y, sobre el tema, añadió que la legislatura anterior “no dejó ningún vehículo”; se los “autovendieron”. Fueron un receptáculo de “irregularidades de todo tipo”. En caso de comprar los móviles, no se usarían, admitió, para “uso particular”. Es para el servicio público”, acotó.
El “saqueo” que se produjo en la anterior cámara dejó vacías las cuentas. De acuerdo a información pública, se repartieron 46 millones de pesos y vendieron todo el parque vehicular, a través de operaciones ilegales.
La denuncia del desfalco financiero fue realizada por el actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Martínez Sotelo. Entonces, dijo: “Me encontré, de acuerdo a los estados de cuenta, que en el último mes de agosto (2018) se hizo una transferencia para el Poder Legislativo por 46 millones 345 mil 647 pesos, mismos que en su mayoría fueron dispuestos en los últimos días del mes…".