La 53 legislatura de Morelos fue la peor de la historia. Hasta que llegó la 54.

Corrupción y abusos

La decisión que tomaron los diputados de Baja California de ampliar de un plumazo el periodo constitucional de gobierno de Jaime Bonilla de 2 a 5 años abrió la polémica respecto al proceder de los poderes legislativos estatales. La actuación del parlamento californiano fue llamativa por el momento y la circunstancia en que ocurrieron, pero no es distinta a lo que cotidianamente hacen otros congresos. En México estamos lejos de alcanzar una democracia funcional.

Piensa lectora lector queridos, ¿A quien representa el congreso de tú estado y qué es lo que han hecho por ti tus representantes federales?. En Morelos, por ejemplo, hemos ido sin escalas de una legislatura mala a una peor, entre escándalos de corrupción, violaciones a la ley y abusos de quienes, se supone, representan la voz del pueblo; el desempeño de nuestros diputados ha sido malo en todos los sentidos y cada vez que concluye una legislatura pensamos que no veremos una peor. Pero si.

La legislatura pasada (la 53) por ejemplo, fue sinónimo de corrupción y entreguismo, sus 30 integrantes brillaron por su ambición, por sus arbitrariedades y por violentar recurrentemente la ley para favorecer a sus amigos o cumplir los caprichos del gobernador y de su hijastro. Nunca (dijimos) habíamos visto una actuación tan macabra y nunca (pensamos) se volvería a repetir algo así. Nos equivocamos.

Los ex diputados hicieron del congreso local una extensión de la oficina del ejecutivo, todos sus integrantes procedieron de manera ilegal y se beneficiaron de la confabulación con el régimen; la 53 fue una legislatura que malversó el presupuesto, que se enriqueció a costa del dinero del estado y acabó con el poco respeto que la ciudadanía le tenia al poder legislativo.

Las consecuencias de ese actuar las vemos hoy: dos ex presidentas de la mesa directiva están sujetas a proceso por ilícitos cometidos durante su administración y otros diputados más enfrentan serias acusaciones que podrían convertirse en acciones legales. Todos sin excepción, cargarán eternamente con el desprestigio de haber sido una legislatura entregada al ex gobernador Graco Ramírez, por haber lucrado con la pobreza, con la inseguridad y con la tragedia del sismo, pero sobre todo por transformar a la representación popular en una oficina de negocios y de complicidades políticas.

Ninguno de los 30 diputados del parlamento 53 actuó de manera honorable, ninguno. Todos en mayor o menor medida se prestaron al juego del régimen y pusieron precio a su voto y a su dignidad; los 500 millones que tuvieron anualmente de presupuesto no fueron suficientes para saciar sus ambiciones, varias veces pidieron ampliaciones presupuestales y todas las recibieron a cambio de favores a Graco Ramírez o a su hijastro Rodrigo Gayosso. Uno de ellos, por cierto, fue destituir al alcalde Cuauhtémoc Blanco, aunque no lo lograron porque equivocaron el procedimiento y violaron la norma.

En esos tres años la ley se torció varias veces con el objeto de cumplir los caprichos de la familia gobernante; la legislatura pasada autorizó de todo a Graco Ramírez: le dio facultades para vender los bienes del estado, para crear fideicomisos, para hacer transferencias, para contratar créditos, para asignar contratos sin licitación, para nombrar funcionarios que no reunían los requisitos de ley… le dejaron elegir a los fiscales y también le construyeron un andamiaje legal que lo protegiera una vez concluido su periodo de gobierno; todo, absolutamente todo lo que el gobernador pidió le fue concedido, aunque al hacerlo se violentara la ley y se alterara el estado de derecho.

La actuación de los diputados no fue gratuita: a cambio de su entreguismo recibieron mucho dinero, concesiones de obra pública y múltiples plazas para sus allegados; en algunos casos la complicidad fue mayor porque hubo quienes fungieron como operadores directos del gobernador y su voz representó la voz del ejecutivo en la cámara. Es tan grande el desprestigio de esos personajes que ningún integrante de ese parlamento ganó en las elecciones pasadas.

Por esa razón la esperanza en la nueva legislatura era grande, porque la gente conoció los excesos y los abusos del pasado reciente; el nuevo parlamento era prometedor porque estaría integrado mayoritariamente por mujeres y porque casi todos sus integrantes llegaron bajo las siglas de la coalición donde participaba Morena; casi todos enarbolaban el discurso de honestidad de la cuarta transformación y públicamente prometieron que castigarían los abusos y que acabarían con la corrupción y con los excesos.

Pero algo sucedió y las cosas no resultaron como todos esperábamos: muy rápido, casi de inmediato, las diputadas de la 54 mostraron que la corrupción y la prepotencia no es cuestión de genero, ni tampoco asunto exclusivo de un partido. Apenas tomaron protesta olvidaron sus promesas de campaña y dejaron de lado el discurso de justicia: lo primero que hicieron fue revisar las finanzas parlamentarias para encontrar el camino para enriquecerse en tres años, como lo hicieron sus antecesores.

Desde un inicio la meta de la legislatura quedó trazada con objetivos económicos: el primer pleito vino con la repartición de comisiones y posteriormente ocurrió el rompimiento con el ejecutivo por la negociación presupuestal; de ahí a la fecha todo ha ido de mal en peor: estamos viendo la repetición de la historia, con distintos personajes pero con el mismo argumento. Una y otra vez se ha dicho: la 54 legislatura de Morelos es igual de corrupta que la 53, con la diferencia que sus integrantes son más torpes y varios de ellos están señalados por mantener vínculos con la delincuencia organizada.

En algunas semanas comenzará a calentarse el tema presupuestal y el ejecutivo deberá enviar a sus negociadores para revisar con los diputados los pormenores de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos 2020. Ahí empieza una nueva historia que, esperemos, sea diferente a la anterior, cuando la aprobación del paquete económico se retrasó varios meses por las ambiciones legislativas.

Los congresos son actualmente una de las instituciones más desprestigiadas del país y con razón; en el caso de Morelos nadie cuestiona la legitimidad de sus integrantes, pero muchos hablan de su incompetencia, de su falta de preparación y de sus ambiciones.

La constante en las cámaras de diputados es así: figuras democráticamente electas, pero disfuncionales. Casos como el de Baja California (o el de Morelos) se repiten por todos lados sin importar las siglas partidistas ni el género de sus integrantes; lo de BC es terrible desde cualquier ángulo, pero no es diferente a lo qué pasa todo el tiempo en los parlamentos de los estados.

Algo se tendría que hacer en Baja California luego de la aberración cometida, es fundamental que el congreso federal actúe y siente un precedente frente a este tipo de legislaturas, porque de no hacerlo estas cosas se seguirán repitiendo y pondrán en riesgo el estado de derecho en el país.

La imagen legislativa está por los suelos y la credibilidad de los diputados es de las bajas en México; situaciones como las de Baja California exponen la podredumbre política que existe en los representantes populares, pero también dan la oportunidad al congreso federal y el senado de corregir, sancionar y demostrar que no todos los legisladores son iguales.

Los ciudadanos también tenemos que hacer nuestra parte: tenemos que dejar de votar con el corazón y en cascada, pero sobre todo debemos elegir a los más capaces y menos corruptos.

Con todas sus letras: Tenemos que dejar de elegir a diputados pendejos.

• posdata

Los legisladores de Morelos están convencidos de que la austeridad tiene sus límites, por eso no tuvieron empacho en autorizarse a si mismos la compra de 23 vehículos último modelo.

A pesar de que los lineamientos de su líder político y moral hablan de honestidad, austeridad y combate a la corrupción, para los miembros del parlamento morelense estos valores sólo se utilizan en el discurso.

En Morelos (igual que en San Lázaro) los diputados no se bajaron el sueldo ni se redujeron el presupuesto anual, por el contrario, se lo aumentaron. Tampoco acabaron con los viejos vicios de sus antecesores, ni con las molestas actitudes de la llamada Mafia del Poder; por el contrario: las corrigieron y las aumentaron.

La más reciente joya legislativa es la autorización para comprar autos nuevos en medio de una crisis financiera que, dicen, les ha impedido cumplir sus compromisos económicos con proveedores, pero no los limita para consentirse. Obvio: no hay dinero para la gente, pero siempre habrá para sus lujos.

“Vayan escogiendo el color” dice retadora Tania Valentina a sus diputados ante la polémica desatada. Tania Valentina, dicho sea de paso, pretende reelegirse un año más como presidenta de la Junta Política del congreso local.

• nota

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados federal Porfirio Muñoz Ledo, dijo este sábado que el Poder Legislativo analiza proponer la desaparición de poderes en Baja California debido a la ampliación de mandato del gobernador electo Jaime Bonilla.

"La reforma aprobada por el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de la gubernatura rompe el pacto constitucional. Se están analizando dos vías: una controversia constitucional o la desaparición de poderes, contemplada en la fracción 5 del art. 76 constitucional", publicó en su cuenta de Twitter Muñoz Ledo.

Según el artículo citado por el diputado la Cámara de Senadores sería el órgano que lleve a cabo el proceso para la desaparición de poderes en Baja California, mientras que la Cámara Alta tendría que designar a un "titular del Poder Ejecutivo provisional" que convocaría a elecciones conforme a la Constitución de la entidad afectada.

La reforma votada la noche del lunes por el Congreso de Baja California para que el gobierno de Bonilla Valdez tenga una duración de cinco años y no de dos, como se había establecido, fue repudiada por senadores y diputados federales

El gobernador de Baja California Francisco Vega de Lamadrid advirtió que no publicará en el Periódico Oficial la modificación del artículo Octavo del decreto 112 que amplía la siguiente gubernatura y que fue aprobada por tres de los cinco Cabildos de la entidad.

“Todos estamos comprometidos en atender la voluntad de los ciudadanos expresada el pasado 2 de junio, en la que se votó por una gubernatura de dos años. A los candidatos, partidos políticos y ciudadanos les asiste el derecho de utilizar los instrumentos jurídicos existentes para manifestar su desacuerdo y enfrentar su decisión”, escribió el gobernador.

Muñoz Ledo aseguró que es “gravísima” esta reforma aprobada porque es una ruptura con la Federación, además de que es algo insólito que solamente ocurría en el Siglo XIX cuando los estados se iban por su lado.

Señaló también que es muy posible que si se declara la desaparición de poderes en el estado de Baja California, el gobernador electo Jaime Bonilla quede inhabilitado.

Además se pronunció a favor de que se investiguen los posibles pagos de un millón de dólares a los legisladores que votaron a favor de modificar la constitución de Baja California y ampliar el mandato de Bonilla.

“Si hay una controversia constitucional yo me sería partidario de una comisión investigadora”.

• post it

El consejero jurídico del gobierno estatal confirma que habrá nuevas denuncias en contra de ex funcionarios del sexenio pasado y que las acciones podrían alcanzar al mismo Graco Ramírez, contra quien ya hay una querella en la Fiscalía General de la República.

Hasta el momento van 56 denuncias presentadas en contra de ex funcionarios graquistas, más las que se sumen en los próximos días. De todas, por cierto, muy pocas han avanzado porque las carpetas están mal integradas y carecen de elementos.

Ojalá las siguientes denuncias las prepare y las supervise el consejero jurídico y no el asesor anticorrupción, para que los expedientes judiciales tengan menos hígado y más cerebro.

Insistir en demandar a Graco Ramírez y a su gente sin lograr ningún resultado positivo lo único que está logrando es mermar la credibilidad en el régimen de Cuauhtémoc Blanco.

En lugar de anunciar que van a presentar otra denuncia, los gobiernícolas deberían informar cuando un acusado ya esté vinculado a proceso.

• redes sociales

Tuit a tuit los troles van perdiendo efectividad.

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