De hecho le recordó que ya la Comisión Permanente, integrada por senadores y diputados de todos los partidos, se pronunciaron de manera unánime en contra de esta medida del congreso de Baja California al considerarla inadmisible.
El PRI en el Senado, a través de Beatriz Paredes, demandó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se pronuncie de manera oficial y con claridad sobre el caso de Baja California, por la decisión del Congreso local de ampliar de dos a cinco años el periodo para el cual fue electo Jaime Bonilla, pues este asunto –advirtió- “puede llegar a extremos no deseables”.
Paredes advirtió que no permitirán “que se realicen estos artilugios” para modificar el marco de derecho establecido, por lo cual llamó a la responsable de la política interna del país a pronunciarse de manera oficial y dejar clara su posición en este caso.
De hecho le recordó que ya la Comisión Permanente, integrada por senadores y diputados de todos los partidos, se pronunciaron de manera unánime en contra de esta medida del congreso de Baja California al considerarla inadmisible.
La ex dirigente nacional del PRI precisó que trata de una recomendación categórica, contundente, en el marco de sus facultades políticas, pero recordó también que existen otras atribuciones de carácter jurídico mucho más consistentes y rígidas.
Paredes advirtió que si quienes manipularon este proceso no son capaces de reflexionar, es muy probable que se llegue a extremos no deseables.
Respecto a las declaraciones del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien se manifestó también a título personal a favor de las modificaciones constitucionales, Paredes consideró que el funcionario federal “está absolutamente desinformado”.
“Seguramente esa declaración la hizo en momentos de profunda distracción” que incluso le mereció un desmentido por la ex Ministra Sánchez Cordero, dijo.
Paredes Rangel sostuvo que los cambios legales de ninguna manera pueden ser retroactivos, “acciones como esta son una falta de respeto al sentido común, y sobre todo al marco constitucional que nos rige, a la vida de la legalidad con la que deben conducirse los gobernantes y los dirigentes políticos”.