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Delito que no se castiga
El eslabón más débil es el que paga
Cuando el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes murió en medio de una intervención quirúrgica para modificar su rostro en 1997, su esposa Candelaria Leyva le pidió a su hijo Vicente que peleara por la herencia de su padre. El hijo del extinto líder del Cartel de Juárez, una de las organizaciones criminales más antiguas de México y de las primeras en asociarse con los capos colombianos para traficar droga hacia Estados Unidos, emprendió la tarea de recuperar una decena de casas a nombre de testaferros y el dinero que había quedado escondido en diversas cajas de seguridad. La primera visita la realizó a una casa ubicada en Hermosillo, la capital de Sonora (un Estado fronterizo con Estados Unidos), donde encontró 400.000 dólares guardados en una caja fuerte oculta debajo de unas escaleras.
Al cabo de unos meses, Vicente Carrillo Leyva, hijo del mítico narcotraficante, logró juntar siete millones de dólares que estaban escondidos en diversas casas y departamentos. También obtuvo efectivo de la venta de tres viviendas recuperadas. El dinero lo repartió con su madre y sus hermanos. La parte que le tocó a él, poco más de un millón de dólares, la guardó y luego lo cambió a pesos mexicanos para depositarlos en cuentas bancarias abiertas por él y por su esposa con identidades falsas, según se refleja en el expediente judicial, donde el 23 de diciembre de 2015 se le sentenció por lavado de dinero y que fue consultado por este medio.
Por esa causa, El Ingeniero, como se le conoce a Carrillo Leyva, fue detenido en abril de 2009 y después de seis años de un largo proceso donde enfrentó otros cargos penales, finalmente fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión por lavado de dinero. El juez concluyó que Vicente y su esposa depositaron y transfirieron dinero que provenían de una actividad ilícita. “Es evidente que los recursos que fueron depositados en las cuentas tienen su origen en el narcotráfico, lo que se advierte al seguir la ruta del dinero, cuya fuente última se evidencia como el narco”, se lee en la sentencia. En junio de 2018, Vicente dejó la prisión tras haber cumplido su condena.
El caso del heredero del Cartel de Juárez es una de las 12 sentencias que se lograron en México por blanqueo de capitales desde finales de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2018 y uno de los cuatro casos más importantes que han llegado a tribunales relacionados con alguna organización del narcotráfico. En el país el lavado de dinero es un delito que no se castiga: solo el 0,2% (12) de los 5.228 expedientes abiertos por la Fiscalía General de la República (FGR) ha culminado en una sentencia irrevocable.
Desde que el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico en México en diciembre de 2006 y sacó al Ejército a las calles para combatir frontalmente a los criminales, la Fiscalía ha fracasado en la persecución de este delito. Apenas ha logrado que el Poder Judicial sentencie a 16 personas inmersas en los 12 expedientes concluidos. A pesar de que las penas máximas por el ilícito de lavado son de hasta quince años de prisión, quince de los sentenciados obtuvieron penas de entre 5 y 7 años de cárcel y sólo una de ellos acumuló 60 años de prisión por haber reincidido en el ilícito.
Expedientes investigados por lavado de dinero
La mayoría de los sentenciados eran recaderos del crimen
Todas las administraciones recientes han reconocido que la mayor amenaza en el lavado de activos proviene de las organizaciones delictivas por el alto volumen de fondos generados con sus actividades ilícitas. Desde el presidente Calderón, pasando por Peña Nieto y ahora con López Obrador, se ha sostenido que capturar a los operadores financieros de los narcos es clave para minar a los carteles, sin embargo, en los hechos —tras revisar decenas de expedientes judiciales— los que terminan en la cárcel pocas veces son los dirigentes criminales, siempre es el eslabón más débil de la cadena criminal.
Los expresidentes Calderón y Peña Nieto dijeron que seguir el dinero para desmantelar las estructuras financieras ayudaría a acabar con la amenaza del narco. “Los criminales se hacen pasar por prósperos hombres de negocios: compran mansiones y vehículos de lujo, constituyen o compran empresas que les sirven de fachada, tanto para el lavado de su dinero como para el trasiego de drogas”, decía Calderón en agosto de 2010, antes de promover una nueva ley enfocada a la prevención y persecución del delito.
“Debemos estar preparados para combatir eficazmente el terrorismo, la delincuencia organizada trasnacional y el narcotráfico, lo mismo que el tráfico ilegal de armas y el lavado de dinero que son combustible de la violencia criminal”, dijo Peña Nieto en una reunión con ministros de defensa en octubre del año pasado. El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador también se ha sumado a este discurso. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha dicho que en lo que va de esta administración uno de sus objetivos prioritarios ha sido el combate a los grupos delincuenciales y muestra de ello es que se han congelado cuentas bancarias relacionadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito y Santa Rosa de Lima.
La realidad muestra que en los dos sexenios anteriores ninguna de las estrategias de seguridad logró consolidar un modelo efectivo para debilitar el blanqueo de capitales. La ley en la materia impulsada por Calderón y promulgada en el gobierno de Peña Nieto no estuvo acompañada por un presupuesto sólido para la parte de procuración de justicia, asegura Keyla Vargas Rojas, experta en el tema de prevención de lavado de dinero. La norma fortaleció las capacidades de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las de investigación de la Fiscalía, a través de su unidad especializada, explica, pero a la hora de asignar presupuestos solo la UIF se vio significativamente beneficiada.
A pesar de los esfuerzos que el Estado mexicano ha realizado en los últimos años con el fin de que las organizaciones delictivas no puedan seguir operando, la mayoría subsisten debido a su estructura financiera y a su red de protección. Sin condenas a las cabezas financieras, los resortes económicos del narco siguen intactos. Vargas Rojas coincide en que la corrupción es un gran obstáculo en la persecución del delito, ya que las autoridades pueden llegar a ser laxas en los controles y en la vigilancia.
EL PAÍS solicitó a la Fiscalía información sobre las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas, consignadas y judicializadas y las sentencias por lavado de dinero para saber el tamaño de la impunidad. También se solicitaron al Poder Judicial diversos expedientes, como causas penales, apelaciones, amparos, oficios de consignación, pruebas periciales y declaraciones ministeriales, entre otros archivos relacionados a las16 personas condenadas, para analizar qué tipo de casos se han logrado sentenciar por lavado de dinero. También se solicitó información sobre bienes, inmuebles y dinero asegurado por el Gobierno federal y los decomisos emitidos por el Poder Judicial, así como el listado de empresas bajo el resguardo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Tras la revisión de los documentos obtenidos mediante solicitudes de información queda en evidencia que la justicia condena poco y lleva a tribunales, en su mayoría, a quienes realizan los mandados. 12 de los 16 sentenciados se dedicaban a transportar dinero: llevar maletas, fajos, bolsos de un sitio a otro a pedido de algún operador financiero del crimen. Uno de ellos fue descubierto con bultos de billetes ocultos en un transporte de mercancías en un punto de revisión fiscal en el estado de Sonora (norte de México), otros diez fueron detenidos en distintos aeropuertos mexicanos cuando intentaban viajar al exterior o cuando regresaban cargados de dólares o euros.
El otro detenido por transportar recursos fue Manuel González Martínez, un chico que en 2002 cuando fue detenido tenía 23 años y pertenecía al cartel de Tijuana, uno de los grupos más poderosos del narcotráfico en México en la década de los noventa. La Fiscalía comprobó que González Martínez era uno de los encargados de llevar desde Ciudad de México al vecino Estado de Puebla miles de dólares en efectivo a la esposa de Benjamín Arellano Félix, uno de los líderes de la organización y en ese entonces uno de los capos más buscados en México.
A 8 de los 16 sentenciados se les intentó relacionar con el Cartel de Sinaloa, del Milenio, de Tijuana, de Juárez y de los Beltrán Leyva, pero solo cuatro de ellos tenían una posición de liderazgo dentro de alguna organización. El resto dijo no saber que era parte de una red de lavado y no conocer al líder máximo del supuesto cartel al que servían y tampoco aportaron datos que llevaran a la captura de los cerebros de esas operaciones hormiga de traslado de dinero.
Para Keyla Vargas está claro que los sentenciados son, en su mayoría, las personas que están en la estructura más baja, conocidas en México como mulas (transportistas de dinero), pero no se logra identificar quién es el beneficiario real o final porque no existe un canal efectivo de comunicación entre las autoridades de inteligencia financiera (Ministerio de Hacienda) y las de procuración de justicia (Fiscalía general) a fin de que toda la información de inteligencia pueda utilizarse para abrir una carpeta de investigación.
Además de Vicente Carrillo Fuentes, del Cartel de Juárez, los otros tres sentenciados por lavado de dinero y que tenían una posición clave dentro de una organización criminal fueron Ivonne Soto Vega, y Felipe y José Luis Ruelas Martínez, miembros del cartel de Tijuana. A continuación, presentamos un resumen de sus casos.
El heredero del Cartel de Juárez
Vicente Carrillo Leyva, hijo del extinto narcotraficante Amado Carrillo Fuentes (fundador del Cartel de Juárez), se dedicó a blanquear mediante depósitos en diversas cuentas bancarias 15,2 millones de pesos (unos 800.000 dólares) provenientes del narcotráfico. En total enfrentó las acusaciones de ocho delitos, pero solo fue sentenciado por dos. El más contundente era por lavado de dinero. El menos despampanante fue delito electoral: Carrillo Leyva le pagó a alguien para que le fabricara una credencial de elector falsa (usurpando el nombre de alguien más) con la finalidad de contar con un documento para abrir cuentas bancarias. Con ayuda de su defensa, fue librando el resto de los cargos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de arma de fuego donde la PGR buscaba responsabilizarlo como el heredero del Cartel de Juárez y uno de los líderes de la organización criminal.
El 12 de junio de 2018 salió de prisión tras cumplir la condena de lavado. En su declaración aseguró que se dedicaba a los bienes raíces con ingresos de entre 25.000 y 50.000 pesos mensuales (entre 1.315 y 2,630 dólares) y que nunca se ha dedicado al tráfico de drogas. “Por el problema legal relacionado con mi padre, no fui aceptado en escuelas ni trabajos por eso tuve que aceptar algunos de los bienes que eran de mi padre y por eso también tuve que cambiar de nombre para no ser rechazado y poder trabajar para sostener a mi familia”, expuso.
De los diez inmuebles que les heredó su padre a él y sus hermanos, entre ranchos y casas distribuidas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Jalisco y Ciudad de México solo pudieron recuperar tres, en los cuales también se guardaban fajos de dólares escondidos en cajas fuertes. El dinero, aseguró, provenía de las actividades comerciales de su padre, quien tenía una empresa de empaque de mariscos en Sinaloa y otra de cría de ganado en Sonora. Su padre, declaró, siempre fue relacionado al cartel de Juárez, pero nunca se le pudo comproba nada. Él nunca vio que cometiera algún delito y siempre supo que el dinero que tenía era producto de su trabajo lícito.
En este caso la Fiscalía recurrió al uso de testigos protegidos para señalarlo como uno de los líderes de la organización criminal. Carrillo Leyva aseguró que no conocía a los testigos colaboradores que habían declarado en contra de él. Otra de las pruebas recabadas fueron informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que dan cuenta de las transacciones realizadas por Carrillo Leyva, así como dictámenes periciales en materia contable.
Vicente Carrillo
Los testaferros del Cartel de Tijuana
Ivonne Soto Vega, alias La Pantera, fue detenida el 18 de junio de 2001 en la ciudad fronteriza de Tijuana (Baja California), al norte de México. En ese entonces era considerada la principal lavadora del cártel de los Arellano Félix a través de inmobiliarias y casas de cambio. Se le procesó por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero fue ganando diversas batalles legales hasta esquivar el primero de los ilícitos. Después de una década de pelear ante los tribunales, el 16 de febrero de 2011 se le dictó una sentencia definitiva de siete años y seis meses de prisión por lavado de dinero.
No era una figura menor en la estructura financiera del Cartel de Tijuana. En 2005 el departamento del Tesoro de Estados Unidos estimó que en un periodo de solo tres años, La Pantera lavó 120 millones de dólares provenientes de la venta de drogas, pero en México la Fiscalía solo la multó con 109.600 pesos (unos 6.000 dólares). Según la investigación, Soto Vega mantenía una estrecha relación con los hermanos Arellano Félix y con sus esposas, a quienes acompañaba en sus diferentes viajes dentro y fuera del país. La captura de La Pantera repercutió para que dos años después fuera aprehendido Felipe Ruelas Martínez.
El 21 de julio de 2003, Felipe y su hermano José Luis Ruelas Martínez fueron capturados en Guadalajara (Jalisco) acusados de lavar el dinero ilícito obtenido de las actividades del Cartel de los Arellano Félix a través de unas quince casas de cambio ubicadas en los estados de Jalisco y Baja California. Felipe realizaba funciones de custodia e inversión de diversas cantidades de dinero provenientes de las actividades del narcotráfico, según la Fiscalía.
En noviembre de 2006 fue sentenciado a 15 años de prisión, pero tras diversas apelaciones logró rebajar la pena a cinco años en 2008. La PGR calculó que durante seis años Felipe y su hermano lavaron unos 20 millones de dólares a través de sus cuentas bancarias y sus casas de cambio. Los hermanos habían pasado en menos de cinco años de tener unas máquinas de videojuego a consolidarse como exitosos empresarios de las casas de cambio en Tijuana y Guadalajara.
La defensa de Ruelas aseguró que las declaraciones de los testigos protegidos por la PGR para inculpar a sus clientes se contradecían, algunos habían sido aleccionados y muchos de sus dichos no acreditaban un delito, como uno que declaró que había visto cuando Ruelas recibía dinero, pero el testigo no podía corroborar que esos recursos fueran ilícitos.
Un testigo colaborador dijo que al negocio de telefonía de Ivonne Soto Vega acudían diversos miembros de la organización delictiva de los Arellano Félix, entre ellos los hermanos Ruela. El abogado explicó que no quedó demostrado que acudieran para organizarse a fin de cometer algún ilícito. Otro colaborador contó que Soto se reunía con las esposas de los hermanos Arellano Félix y que en una ocasión él estuvo presente en una cena donde comieron langosta. Un tribunal consideró que el hecho de reunirse a almorzar no representaba ningún delito.
En otra ocasión, según el mismo testigo, Ivonne estuvo presente en una conversación donde trataron asuntos de “bajadas de aviones”. Sin embargo, el juzgador consideró que no se le podía relacionar con alguna actividad ilícita porque el colaborador tampoco dijo si había opinado en dicho tema y tampoco se aclaró que se transportaba en dichas aeronaves.
El dinero sucio de campañas políticas
En los expedientes analizados se encontró que la única sentencia más extensa que ha impuesto un juez federal por lavado de dinero fue contra Luis Felipe Juárez Blanco, condenado a 60 años de prisión por haber transportado 32,6 millones de pesos (unos 2,5 millones de dólares de acuerdo al tipo de cambio de ese entonces) a Panamá y Costa Rica en menos de un año. El 4 de febrero de 2010 fue detenido en el aeropuerto de Ciudad de México cuando intentaba salir del país con 254.340 dólares ocultos en su equipaje. Juárez Blanco declaró que iba a Panamá a realizar una operación de compra venta de playeras que serían vendidas con motivo de las campañas electorales de 2010.
El detenido era gestor mercantil en la empresa Comercializadora Conawiata, que constituyó su hermano Jesús Juárez Blanco, quien fue director de Comunicación Social del Gobierno estatal de San Luis Potosí y después se dedicó a dar asesorías en campañas políticas en diferentes partes del país. “Lo que ganaba lo invertía en publicidad y con eso formó un negocio con su hermano que era de publicidad de playeras para campañas políticas prestando servicios de marketing electoral en Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México y Jalisco”, contó un allegado a los hermanos.
La esposa de Luis Felipe Juárez Blanco contó que en dos ocasiones vio cómo su cuñado le entregó dinero a su marido, primero dos millones de pesos en efectivo, y posteriormente un millón de pesos que debía guardar. Ese efectivo es el mismo que Luis Felipe llevó en sus viajes al exterior. El juez no le dio validez a lo dicho por la esposa y lo condenó a prisión porque la defensa no pudo comprobar la procedencia legal del dinero. “Los dólares que transportó tienen origen ilícito porque aun cuando el acusado afirmó que estaban destinados a actividades comerciales, lo cierto es que no se tiene noticias de que al momento de regresar trajera consigo mercancía o documentación que corroborara las transacciones comerciales que realizó durante los viajes”, se lee en el expediente.
Las pruebas recabadas en el expediente judicial consisten en fotos, testimonios del personal aeroportuario que encontró el dinero oculto en las maletas y los formularios de declaración de aduanas que fueron llenados por el inculpado. Hay otras pruebas que aportó el ministerio público federal, pero que no fueron tomadas en cuenta por el juez, como los informes elaborados por policías ministeriales que acudieron a vigilar el domicilio de Juárez Blanco, anotando quién entraba y quién salía, o los testimonios que recabaron después de entrevistar a vecinos del acusado, quienes se negaron a dar su verdadero nombre y brindaron sus declaraciones de forma anónima.
Los grandes capos, impunes e intocables
A principios de 2009, el capo Vicente Zambada Niebla se paseaba tranquilamente en un coche BMW o en un Audi por las calles de la exclusiva zona de Jardines del Pedregal en Ciudad de México. El joven de entonces 33 años era escoltado regularmente por cinco hombres armados que habían logrado pasar desapercibidos, hasta que finalmente llamaron la atención de los vecinos. El 19 de marzo de 2009, el líder criminal fue detenido por militares y policías después de que se recibiera una denuncia anónima. El Vicentillo, como le apodan, es hijo de Ismael Zambada García, alias El Mayo, uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa, junto con Joaquín El Chapo Guzmán. El día de su arresto fue exhibido ante los medios de comunicación como un narcotraficante que estaba al mismo nivel jerárquico de El Chapo dentro del Cartel de Sinaloa, la organización más poderosa en la historia del narcotráfico en México.
La imagen del joven vestido con un impecable saco azul de terciopelo dio la vuelta al mundo. El Gobierno mexicano aseguró que su aprehensión era un duro golpe al cartel al detener a uno de sus dirigentes. Pese a su función clave en el cartel durante los años más cruentos de la guerra contra el narco, en México no contaba con órdenes de aprehensión para ser llevado ante un tribunal mexicano y ser juzgado por el daño causado a la seguridad del país. Su aprehensión se dio porque Estados Unidos le había pedido a México su captura a fin de extraditarlo. El 18 de febrero de 2010 fue entregado a las autoridades de aquel país para ser procesado por asociación delictuosa y delitos contra la salud. Apenas en mayo de este año un juez federal en EE UU lo sentenció a 15 años de prisión. En México no se le ha investigado por lavado de dinero.
El caso de El Vicentillo no es el único donde las autoridades no han logrado armar investigaciones sólidas por lavado de dinero. En una revisión hecha por este medio a los cargos fincados por la Fiscalía (en los dos sexenios anteriores) en contra de 20 de los principales líderes de los cárteles mexicanos, se encontró que, hasta diciembre del año pasado, solo a 8 se les había investigado por blanqueo de recursos. En estos casos investigados por lavado, solo se habían conseguido dos sentencias condenatorias, cuatro capos estaban presos y sin sentencia, uno estaba prófugo de la justicia y otro había muerto en un enfrentamiento entre militares y delincuentes.
Desde diciembre de 2006, cuando el expresidente del conservador PAN le declaró la guerra al narcotráfico, se emprendió una persecución en contra de los líderes y miembros de los cárteles para intentar fincarles cargos por delincuencia organizada, posesión de armas exclusivas del Ejército y delitos contra la salud, pero se puso poco énfasis en documentar sus estructuras financieras que aceitaban sus actividades criminales.
Para Angélica Ortiz Dorantes, especialista en prevención de lavado de dinero, las autoridades mexicanas han asumido su incapacidad para armar una investigación sólida y por ello en muchos casos han cedido a entregarlos en extradición. “México ha renunciado en muchos de esos casos a ejercer su soberanía y aplicar sus leyes”, explica. Antes en México las autoridades no extraditaban a sus nacionales, cuenta, su política era juzgarlos en el país, con sus leyes y ejerciendo su soberanía jurídica. “Si se supone que todas esas personas han cometido delitos aquí, entonces México tiene jurisdicción para investigar y juzgarlos, pero ha cambiado su política decidiendo entregarlos a Estados Unidos porque es incapaz de cuidarlos y juzgarlos”, afirma.
Un claro ejemplo de la ineficacia con la que actuó la Fiscalía mexicana para combatir el lavado de dinero es Joaquín Guzmán Loera. El Chapo, quien fue extraditado a Estados Unidos y en febrero pasado fue declarado culpable de múltiples cargos de narcotráfico en un Tribunal de Nueva York, no enfrentó en su país ninguna acusación de lavado. Hasta diciembre pasado, la entonces llamada PGR había abierto contra él una decena de expedientes penales por delitos contra la salud, delincuencia organizada, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa, daño en propiedad ajena, ataque a las vías de comunicación y cohecho, pero ninguno por operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo a los documentos judiciales consultados.
Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis --el brazo armado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización con mayor expansión en los últimos seis años--, fue detenido el 28 de febrero de 2015, pero solo con fines de extradición, porque en México hasta ese momento no se sabía que hubiese otros procesos penales en su contra. Esto, pese a que el Gobierno mexicano destacó el día de su detención que era el “principal operador financiero” del CJNG. El Cuini está en proceso de extradición porque una corte del Distrito de Columbia lo reclama por asociación delictuosa, delitos contra la salud y posesión de armas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo incluyó junto con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho (el líder máximo del CJNG), en su lista negra. El Mencho, que se ha convertido en el nuevo capo más buscado después de la captura de El Chapo, tampoco había sido requerido para rendir cuentas por ilícitos de lavado de dinero. La Fiscalía lo investigaba hasta finales del año pasado por delincuencia organizada y acopio de armas.
Golpes mediáticos
En el 2009 el Gobierno de Felipe Calderón anunció que había dado un duro golpe a la organización criminal de los Beltrán Leyva. En diversos comunicados anunció la detención de una docena de personas que integraban una célula internacional que transportaba dinero mediante documentos a nombre de empresas fantasma y que contaban con el apoyo de dos policías federales adscritos al Aeropuerto de Ciudad de México. Después se sabría que entre los involucrados estaba Ramón Ricardo Martinelli, exdiputado y primo del entonces presidente de Panamá Ricardo Martinell.
En su sexto informe de gobierno, Calderón presumió este golpe como parte de los resultados de su Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero. “Esto representó un golpe a la organización criminal de los Beltrán Leyva, dando como resultado el aseguramiento de cuatro vehículos y de 10,8 millones de pesos”, se expuso en el documento.
En el expediente judicial obtenido por este medio mediante la ley de transparencia se lee que la investigación comenzó el 18 de noviembre de 2009. Ese día a las 7:30 horas un policía federal contestó una llamada anónima donde un hombre denunció que un día antes había viajado a Panamá un tal Francisco Javier Piñón Meléndez, que era parte de una organización criminal que se dedicaba a llevar dinero al extranjero. El modus operandi era declarar el efectivo ante Aduana apoyándose en documentos de tres empresas que no existían.
Lavado de Dinero
Tras recibir la llamada, el policía confirmó con Aduana que un día antes había viajada esa persona a Panamá y había declarado 254.262 dólares de la empresa Factor Elite con domicilio en Puebla. Inmediatamente se solicitó el apoyo de la policía de Puebla para localizar el domicilio de la compañía, pero al llegar al lugar los agentes se percataron que no existía dicha empresa. Al siguiente día Piñón Meléndez fue capturado cuando regresaba de Panamá.
En el interrogatorio policial el hombre de 36 años dijo que había viajado para exportar carne. Se le preguntó si trabajaba para la empresa Factor Elite y respondió que no. Después de varias contradicciones, contó que una persona le había ofrecido transportar dinero de esa empresa y le aseguró que todo se haría de forma legal. Hasta ese momento llevaba tres viajes y había recibido un pago de 500 dólares por cada uno. Antes del viaje, contó, se veía con un hombre en un restaurante de la terminal dos del aeropuerto, quien le entregaba el dinero, los documentos de la empresa y los boletos de avión. Una vez que llegaba a Panamá lo esperaba una persona de una empresa de valores, a quien le entregaba el numerario y después lo llevaban a un hotel.
Efraín Jaime Serna, otro de los detenidos, contó que otra forma de operar era con el apoyo de policías federales. Los agentes adscritos al aeropuerto les entregaban el dinero o se los dejaban en un baño que se encuentra debajo de un restaurante en la terminal dos. “El filtro para abordar el avión también logramos pasarlo porque varios policías federales nos acompañan y a las personas de dicho filtro, les dicen que nos dejen abordar la aeronave sin hacernos revisión alguna”, declaró.
El hombre que se convirtió en testigo protegido de la PGR con la condición de que le brindaran algún beneficio como reducción de la condena, señaló que en una de las conversaciones que tuvo con uno de los reclutadores, este le comentó que el dinero que se transportaba era propiedad del Cartel de los Beltrán Leyva. Jaime Serna explicó que se realizaban alrededor de veinte o treinta viajes al mes.
En uno de los viajes que realizó, contó, lo recogió en el aeropuerto de Panamá un hombre que se identificó como Jorge Luis Álvarez Cummings. Este panameño fue señalado en la indagatoria de la PGR como la cabeza de la célula, quien desempeñaba funciones de dirección, administración y supervisión. Las autoridades lograron identificar su pertenencia en el grupo criminal porque uro de los implicados en la red de lavado y que fue detenido en el aeropuerto mexicano llevaba entre sus pertenencias documentos dirigidos a la empresa Almacenaje de Valores, de la que Álvarez Cummings era el apoderado legal.
Otra prueba recabada en el expediente fue un oficio enviado por la dirección regional de la DEA a las autoridades mexicanas para informarles que desde junio de ese año la oficina de esa institución en Panamá y las autoridades de ese país habían logrado identificar a un grupo de panameños, mexicanos, colombianos y alemanes que se encargaban de transportar dólares desde México a Panamá. “Se refiere que los mensajeros declaraban abiertamente grandes cantidades de dinero en Panamá al pasar los controles aduaneros”, se alertó en el documento. Álvarez Cummings, según el expediente consultado, era el responsable de coordinar el arribo de los portadores de dinero al aeropuerto de Tocumén.
Otra prueba que recabó la Fiscalía General fueron una serie de transcripciones de conversaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía de Panamá, donde Álvarez Cummings alista los detalles del viaje a México que realizaría con otras tres personas el 18 de noviembre de 2009, entre ellas Ramón Ricardo Martinelli Corro. En su declaración, Martinelli Corro dijo que su vistita a la Ciudad de México fue para ver el funcionamiento estructural, tamaño y características de buses y los tipos de estaciones del Metrobús para una licitación que se encontraba trabajando, y que por ello fue acompañado de Ávarez Cummings y otras dos personas.
Comentariasta
A finales de 2009 y durante 2010 hubo otras detenciones de personas vinculadas a esta célula. El 27 de abril de 2010 fue capturado Jesús Andrés Alfaro Prieto acusado de sacar del país 200.000 dólares.
La Fiscalía no pudo acreditar que los involucrados en la célula de blanqueo pertenecieran y trabajaran para los Beltrán Leyva porque los testimonios que revelaban un vínculo habían sido escuchados por terceras personas y contados por testigos protegidos. La única sentencia que logró la Fiscalía mexicana fue contra Alfaro Prieto en febrero de 2014, condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero.
Otro fracaso de la Fiscalía en contra de los cárteles fue la investigación contra Pedro José Jiménez Pérez, un supuesto lavador del cartel del Milenio. La Fiscalía encontró transacciones bancarias que el hombre no pudo justificar. Según la PGR, era uno de los principales operadores financieros del Cártel del Milenio, pero para probar sus vínculos con esa organización criminal presentaron los testimonios de los policías que lo detuvieron. Ellos contaron que para no ser capturado, Jiménez Pérez los había intentado sobornar y luego intimidar diciéndoles que era miembro de una importante organización criminal. El juez desestimó la intención de la Fiscalía de procesarlo por delincuencia organizada y solo lo condenó a seis años y tres meses de prisión por lavado de dinero.
El dinero producto de los ilícitos
México falló en debilitar
la estructura financiera
Los militares y policías peinaron durante nueve horas las brechas de un poblado cercano a Culiacán, la capital de Sinaloa, al noroeste de México. Su objetivo aquel 20 de junio de 2000 era capturar a Ismael Zambada García, alias El Mayo, uno de los fundadores del poderoso Cartel de Sinaloa y que nunca ha pisado la cárcel. Las autoridades catearon ranchos y casas sin encontrar al capo, pero emitieron órdenes de aseguramiento despojando al narcotraficante y a su familia de coches y varias propiedades, entre ellas una productora de leche local.
Los inmuebles fueron reclamados por la exesposa e hijos de El Mayo y las autoridades se las regresaron. Ese ha sido el único intento del Gobierno mexicano por despojar al poderoso narcotraficante de su incuantificable riqueza. En los registros oficiales de la Fiscalía General de la República (antes PGR) no hay casas, empresas, dinero en efectivo o cuentas bancarias aseguradas a nombre del capo. Al menos, hasta finales del año pasado, el Gobierno mexicano no había logrado quitarle ni una pistola.
En respuesta a una solicitud de información, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), una instancia de la FGR, informó sobre sus esfuerzos para debilitar las estructuras financieras que mueven el blanqueo de dinero. Entre 2007 y 2017 había asegurado alrededor de 582 millones de dólares relacionados a una investigación por lavado de dinero. La cifra es muy baja si se toma en cuenta que las autoridades de Estados Unidos buscan incautarle tan sólo a Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue declarado culpable de múltiples cargos de narcotráfico, al menos 12.600 millones de dólares, cantidad que se calcula es la ganancia que obtuvo de sus actividades ilícitas.
La Fiscalía mexicana ha asegurado también 564 inmuebles, 4 aeronaves y 70 embarcaciones por lavado de dinero entre 2007 y 2017. Una cifra muy menor si se dimensiona el músculo de los carteles y el dinero que se blanquea en México: el cálculo más conservador del Ministerio de Hacienda apuntaba en 2010 que la cifra ascendía a 10.000 millones de dólares al año, mientras que en 1994, la Fiscalía estimaba que obtenía ingresos brutos de 30.000 millones de dólares anuales.
La Fiscalía se ha negado a informar la cantidad de inmuebles, dinero, joyas, objetos, coches y dinero asegurado a cada uno de los carteles del narcotráfico en el país argumentando que no cuenta con los datos a ese nivel de detalle, pero ha brindado información sobre algunos líderes de grupos criminales. En un documento consultado en la plataforma nacional de transparencia, una página de internet oficial donde se puede consultar la respuesta del gobierno a las peticiones de información ciudadanas, se puede leer que a Servando Gómez, La Tuta, líder de la Familia Michoacana –un cártel que invocaba la justicia divina y sometía a sus miembros a una especie de adoctrinamiento donde los incitaba a matar y delinquir para “proteger” a sus familias--, se le aseguraron entre 2001 y 2017 cinco coches y 800 objetos, entre armas, cartuchos, cargadores, explosivos y municiones.
Noticiero
En otro de los oficios se señala que a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el poderoso cartel que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se catapultó aprovechando los golpes asestados por las autoridades a su rival: el cartel de Sinaloa, no se le había asegurado ningún bien. A Osiel Cárdenas Guillén, quien fuese líder del Cartel del Golfo, se le habían retenido 21 inmuebles, 43 coches y 37 joyas, así como 34.900 dólares americanos y 18 armas entre 2001 y 2017. A Arturo Beltrán Leyva, del cartel de los hermanos Beltrán (antiguos socios de El Chapo Guzmán), solo le habían quitado cuatro objetos en el mismo periodo.
En otros oficios la entonces PGR informó sobre los aseguramientos a El Chapo Guzmán. En un cuadro estadístico que proporcionó la Dirección General de Aseguramiento Ministeriales se informa que en 1993 se le aseguraron 43 inmuebles distribuidos entre Jalisco, Baja California y Ciudad de México, mientras que en 2016 uno más. Entre 1992 y 2017 se le han confiscado 13 coches, 3 joyas y 186 armas.
Aseguramientos de recursos
y bienes por el delito de lavado de dinero
Las empresas del narco
Desde 2002, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a exhibir a empresas mexicanas que servían a los carteles de la droga mexicanos para blanquear sus activos. Desde enero de ese año a finales de 2018 habían documentado cerca de 300 empresas, pero en México sólo diez fueron aseguradas por la Fiscalía al estar inmersas en una investigación y transferidas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), un organismo descentralizado que se encarga de resguardar los artículos, inmuebles, y dinero que las autoridades aseguran en una indagatoria mientras se define su destino o hasta que un juez decreta su decomiso mediante una sentencia firme.
Además, de las diez empresas que en México fueron aseguradas, cuatro de ellas fueron devueltas a sus propietarios, en la mayoría de los casos las compañías nunca fueron clausuradas y hasta han prestado servicios al Gobierno federal, administraciones estatales o a los ayuntamientos.
Las primeras compañías mexicanas que exhibió EE UU en su lista negra fueron las del cartel de los Arellano Félix en enero de 2002. En el listado había diez compañías de diversos giros, como tiendas de seguridad electrónica, inmobiliarias y farmacias ubicadas en la fronteriza ciudad de Tijuana, en el Estado de Baja California, la principal zona de operación de la organización delictiva.
La mayor cantidad de empresas mexicanas exhibidas por la OFAC –alrededor de cien-- tienen un vínculo con el cartel de Sinaloa. Las primeras compañías de esa organización en aparecer en el listado fueron señaladas como lavadoras de Ismael El Mayo Zambada. El Departamento de EE UU exhibió en 2007 cinco compañías, entre las que había una comercializadora de leche, una gasolina y una constructora.
Hasta finales de 2018, el SAE tenía 28 empresas bajo resguardo que le había transferido la Fiscalía por estar inmersas en una indagatoria de blanqueo o delincuencia organizada, según la información conseguida mediante la ley de transparencia. El 75% de ellas se habían asegurado como parte de una investigación relacionada al Cartel de Juárez, de Colima, de Tijuana, del Golfo y de Sinaloa.
Uno de los casos más importantes donde ha intervenido el SAE está ligado a Rigoberto Gaxiola Medina, que en la década de los noventas fue señalado como lavador de Amado Carrillo Fuentes (cartel de Juárez), y que años después, en agosto del 2008 fue incluido por el Departamento del Tesoro en su lista negra por ser parte de la red de lavado de dinero del cartel de Sinaloa, pese a que desde el 2003 Gaxiola estaba en prisión.
Noticiero
En México se lava dinero sucio en muchos y diversos ramos: principalmente en casas de cambio, tiendas de ropa, casinos, restaurantes o bares. También en farmacias, salones de fiestas, inmobiliarias, ranchos ganaderos o agrícolas, compañías mineras, constructoras, mensajerías, hoteles, casas naturistas, mudanzas, agencias distribuidoras de autos, empresas de blindaje y centros turísticos, entre otras.
Las deficientes investigaciones
llevan a la impunidad
La Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), una instancia de la Fiscalía, es la encargada de indagar y perseguir los delitos cometidos por miembros de organizaciones delictivas. Para ello la SEIDO cuenta a su vez con áreas específicas. Una de ella es la Unidad especializada en la investigación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita, que cuenta con 60 servidores públicos –entre fiscales, ministerios públicos y oficiales investigadores- responsables de la persecución de estos delitos.
Entre 2007 y 2017 la unidad ejerció un presupuesto de 537,4 millones de pesos (unos 28 millones de dólares) para operar. Un presupuesto mucho menor si se compara lo que ha gastado el Gobierno mexicano –a través del Ejército-- para la compra de armamentos y vehículos. Tan solo en 2017 la Secretaría de Defensa gastó unos 790 millones de pesos (unos 35 millones de dólares, de acuerdo al tipo de cambio de ese año) en insumos para hacerle frente al crimen organizado, de acuerdo con información consultada por este medio.
Las fallas por parte de la Fiscalía General en la persecución de los delitos las ha señalado la Auditoría Superior de la Federación. Un informe de 2016 evidencia que los ministerios públicos —que dependen de la Fiscalía— han presentado inconsistencias en la integración de los expedientes y eso retribuye en que el juzgador tenga que devolver los casos. La ASF pidió a la Fiscalía que distribuya equitativamente las cargas de trabajo e inspeccione los pliegos de consignación de los ministerios públicos. El órgano fiscalizador concluyó que la investigación y persecución de estos delitos fueron insuficientes para reducir la impunidad.
Angélica Ortiz Dorantes, quien ha escrito diversos libros sobre el tema de lavado de dinero, señala que en la Fiscalía regularmente hay un desperdicio de personal especializado. “Hay mucha gente que se capacita constantemente, pero que luego en vez de mandarlos al área de investigación de lavado, los envían a otras tareas, y no se aprovechan sus conocimientos del tema”, explica. Entonces, abunda, la persecución del delito quede en manos de personas que no lo entienden porque no lo han estudiado o no tienen la capacitación adecuada.
Otro factor que repercute para que haya pocas sentencias es que es un delito muy extenso y complejo. “Tiene tantos elementos el delito que los propios ministerios públicos no son capaces de integrar todos los elementos ni de entenderlos”, expone. Las pocas sentencias repercuten en que haya pocos decomisos o aseguramientos de bienes. “¿Por qué no se desmantela la estructura criminal de quienes realmente importan y son los cerebros de las organizaciones? Porque no hay una buena investigación y si no hay buena investigación hay pocos decomisos”, resume la experta.