Tres ex funcionarios del Gobierno federal consiguieron un primer acuerdo con FGR para colaborar en las investigaciones de la Estafa Maestra.
Son por lo menos tres los ex funcionarios que en las últimas semanas consiguieron un preacuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para colaborar en las investigaciones de la Estafa Maestra a cambio de inmunidad penal.
De acuerdo con informes del Gobierno federal, los ex funcionarios negociaron un acuerdo de criterio de oportunidad conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales con la Subprocuraduría de Delitos Federales de la FGR.
Se trata de José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones, y María del Carmen Gutiérrez Medina, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la Sedatu y la desaparecida Sedesol.
Según los informes obtenidos, hay un cuarto ex servidor público que también acudió en días recientes a la Fiscalía para rendir su testimonio y está por cerrar un trato para obtener el mismo beneficio.
Indicaron que la FGR concedió los beneficios a los tres primeros mencionados, no precisamente por ser cómplices de la trama delictiva en la que señalan como "cerebro" a Emilio Zebadúa, el ex Oficial Mayor.
Decidieron más bien contar lo que sabían, después de haber denunciado que sus firmas fueron falsificadas en convenios, solicitudes de pago y oficios empleados para desviar por lo menos 2 mil 60 millones de pesos.
De hecho, en algunos casos, indicaron que las identidades fueron suplantadas, pues sus nombres fueron utilizados sin ser partícipes de la trama delictiva y sin acreditarse que obtuvieron un beneficio económico derivado de los desvíos.
El pasado 20 de mayo, la FGR se desistió de la audiencia en la que iba a imputar a Orozco Martínez e Ibarra Infante, por delitos relacionados con un presunto desvío de más de 186 millones de pesos a través de la Universidad Politécnica de Chiapas.
Ambos rindieron desde el mes pasado sus testimonios en algunas de las carpetas de investigación que integra la Fiscalía por la llamada Estafa Maestra, como parte de su negociación de beneficios.
Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, el criterio de oportunidad es un beneficio que consiste en la extinción de la acción penal y pueden otorgarlo las fiscalías a los sospechosos que aporten información esencial para perseguir un delito más grave del que se les imputa.
Sin embargo, la misma norma señala que en casos como los aquí referidos, los efectos del criterio de oportunidad se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio.