“Existe corrupción entre el sistema penitenciario y la juez Teresa Soto Martínez”, aseguró la esposa de Antonio D.V, recluso del penal en Atlacholoaya quien acusa haber sido torturado por custodios, “estamos en total desamparo” señaló la mujer, después de que la jueza Teresa Soto Martínez desechara la mayoría de pruebas presentada por el Ministerio Público.
La pareja de la víctima, Flor explicó que en la audiencia celebrada el pasado lunes, Antonio, su esposo, se presentó en la sala 2 de Ciudad Judicial Atlacholoaya, para comparecer por la tortura de la que fue víctima el pasado 25 de junio, en donde varios custodios entraron a su celda, lo llevaron a la azotea y lo golpearon, ello, presuntamente por órdenes de funcionarios dentro del penal.
Antonio fue conducido a la sala esposado de manos y pies, al llegar a la habitación, quienes lo escoltaban sólo le quitaron los grilletes de una de las muñecas y así permaneció por varios minutos, parcialmente esposado, hasta que la auxiliar de la audiencia hizo saber de esta situación a la jueza.
Cuando se dirigió al banquillo de los testigos le fueron retiradas las cadenas que arrastraban en sus pies y la de su mano, la víctima narró ahí, frente a la parte defensora de sus victimarios, “Me quitaron mi camisa, me la desgarraron y me pusieron al borde del techo, me dijeron que la señora Mireles lo tenía todo arreglado, que iban a decir que me iba a fugar”.
La esposa de la víctima narró que a pesar del testimonio de su esposo y de las 14 pruebas, incluida el testimonial de la mujer, Teresa Soto, terminó desechando 9 de ellas, “la jueza dijo que no eran suficientes, ni comprobaban que lo hayan torturado; desechó fotografías e incluso el parte que emitió la Comisión de Derechos Humanos, argumentando que no es una institución oficial”, aseguró la cónyuge.
“Esa mujer hizo caso omiso al hostigamiento y amenazas que mi esposo padeció y aun vive, así como las que he denunciado en contra de mi familia por parte de las autoridades penitenciarias que encabeza el coordinador de Reinserción Social, Jorge de León Bórquez y Miriam Mireles Toledo, directora general de Centros Penitenciarios”, precisó.
La jueza dictaminó que con base en el parte informativo que rindió la autoridad penitenciaria, confirmó que mi esposo sí tenía golpes, pero que fueron a consecuencia de la fuerza que utilizaron para someterlo y por eso fue necesario salvaguardar la seguridad del penal, a lo cual Flor cuestionó: “entonces, ¿dónde quedan los derechos de mi esposo?, si tiene todas las pruebas, estamos desprotegidos, en total desamparo”.
La mujer aseguró que continuarán con la pelea legal a fin de que se haga justicia, indicando que ya procedieron con un amparo ante las autoridades competentes, sin embargo, pidió a las autoridades que revisen el caso a fondo, pues su esposo no es el único caso al interior del penal.