Servicios oficiales… personalizados
El Instituto Nacional Electoral informó el viernes que los servidores de la nación a cargo del Censo para el Bienestar cometen “actos que implican promoción personalizada y el presunto uso de recursos públicos”. El mismo día, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el hijo del dirigente de la Asociación de Iglesias Evangélicas cobra 73 mil pesos mensuales como servidor de la nación de la Secretaría federal de Bienestar, y que “al menos otro hijo de un líder de la asociación Confraternice y un pastor aparecen en la nómina de servidores de la nación.
La investigación se hizo en atención a una denuncia del PRD contra Andrés Manuel López Obrador y funcionarios de Bienestar por las formas en cómo se levanta el censo y porque “la entrega de programas sociales se realiza a nombre del Presidente y se utiliza ropa e indumentaria con el nombre del primer mandatario”.
Y en efecto, desde principios de año, los servidores de la nación andan ataviados con el bordado Lic. Andrés Manuel López Obrador, presentándose como sus enviados “y no a nombre del Gobierno de México”, apunta el INE. El nombre del Presidente, detalla, “está en la indumentaria y accesorios (chalecos, gorras, mochilas y gafetes), lo que motiva una promoción personalizada conforme el artículo 134 Constitucional. En las pruebas de la Comisión de Quejas y Denuncias se advierte la centralidad y preponderancia de Andrés Manuel López Obrador en la indumentaria utilizada y el discurso a la población”.
Por unanimidad, los consejeros Adriana Fabela, Beatriz Zavala y Benito Nacif aprobaron la medida cautelar de tutela preventiva, por lo que se ordena la suspensión inmediata del uso del nombre del Presidente en los programas sociales (no se suspenden los apoyos).
En septiembre, el INE dará inicio al proceso electoral 2020 en Hidalgo y Coahuila, “por lo cual es imprescindible vigilar los principios de equidad e imparcialidad”.
Se determina que para levantar censos y la entrega de programas sociales no se use el nombre AMLO ni de otros funcionarios. Además de la indumentaria, en la instrucción se incluye a las redes Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, y los portales oficiales de internet.
A su vez, MCCI dice que Arturo Farela, padre de Josué Farela Pacheco (el coordinador de los servidores de la nación por 73 mil pesos al mes, quien a la par es asesor jurídico de Confraternice), “se ha reunido o asistido a eventos públicos con el Presidente al menos seis veces”, pero se ignora si el hijo acude también “como líder religioso o funcionario público” (el 29 de marzo estuvo en la Consulta Nacional Jurídica y Fiscal para Iglesias y Asociaciones Religiosas en calidad de asesor jurídico de Confraternice). Ahí, el padre “le recordó a la secretaria Olga Sánchez Cordero que le había solicitado al Presidente concesiones de radio y televisión para las iglesias evangélicas y que éste le había dicho que buscarían la forma de que las obtuvieran…”.