El anuncio se realizó a dos días de que el Mandatario recibió en Los Pinos a la cúpula empresarial, que le demandó corregir "el error" por hacer inoperante el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Humberto Castillejos, consejero jurídico de Presidencia, informó que el documento que se regresará al Senado corresponde al artículo 32, incisos B y C, de la Ley de Responsabilidades Administrativas, así como a 15 artículos relacionados con el mismo tema.
El funcionario explicó que si la ley se promulgaba como fue aprobada por el Congreso, todas las personas que trabajan en una empresa que contrate el Gobierno tendrían que presentar estas declaraciones.
"El Gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones.
"También inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos, y lo más importante, afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones, como beneficiarios del programa Prospera o becarios del Conacyt", resumió.
Castillejos señaló que la presentación de millones de declaraciones de empresarios y trabajadores en nada ayudaría a combatir la corrupción y perjudicaría su vida privada, además de violar derechos humanos.
"Esto de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado", justificó.
No obstante, el consejero jurídico no mencionó en su exposición ninguna modificación al artículo 29, cuestionado por la sociedad civil y que permitirá a los funcionarios mantener sus fortunas en la opacidad.
La propuesta del Gobierno es que la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario de sesiones para atender las observaciones.
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