La Fiscalía nacional reconoce que no tiene pruebas irrefutables contra el supuesto autor material y el pleito entre autoridades se agudiza tras el ataque que dejó 29 muertos en el oriente de México
"No fui yo". Ricardo Romero mira a la cámara de un teléfono móvil y repite: "Quiero que sepan que no fui yo". Así responde el supuesto autor de la masacre en Coatzacoalcos, que ha dejado al menos 29 muertos y ocho lesionados, a los señalamientos que el Gobierno del Estado mexicano de Veracruz ha hecho en su contra. La Loca, como lo apodan, asegura en un vídeo divulgado en redes sociales que es un chivo expiatorio y que tuvo que dejar la ciudad, una de las más peligrosas del país, para escapar de la persecución de las autoridades. "Me torturaron; me dijeron que me iban a matar", asegura.
La Fiscalía General de la República (FGR), que ha atraído el caso a petición del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha admitido 48 horas después del ataque que aún no tiene evidencias suficientes para imputar a Romero, de 29 años. Y un puñado de corporaciones civiles, ministeriales y militares apuran el paso para blindar Coatzacoalcos de un nuevo ataque y para repartir responsabilidades tras la matanza. Las autoridades estatales tienen dos líneas de investigación principales sobre el incendio del bar El Caballo Blanco: pudo tratarse de un "ajuste de cuentas" entre carteles o de una venganza relacionada al pago de "derecho de piso", como se llama a la extorsión contra negocios.
No habían pasado más de 12 horas después de la masacre, cuando La Loca fue señalado directamente por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. El mandatario fue más allá y acusó a la Fiscalía estatal, cuyo titular fue nombrado durante el Gobierno de su predecesor, de un partido en el extremo opuesto del espectro político, de actuar en contubernio y liberarlo después de que fuera detenido dos veces en las últimas semanas. Elementos de la Marina arrestaron a Romero el pasado 18 de julio con 50 dosis de cristal y 10 más de cocaína, y lo identificaron como jefe operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se disputa el control del puerto de Coatzacoalcos con el grupo delictivo de Los Zetas. La Loca fue detenido por segunda vez el pasado 7 de agosto, pero no había cargos formales en su contra y fue puesto en libertad.
Fue en cuestión de horas que el relato mediático de uno de los hechos más trágicos que ha vivido México en los últimos meses se convirtió en un sainete político. El fiscal, Jorge Winckler, desmintió al gobernador García y aseguró que la FGR fue la responsable de liberar al principal sospechoso. El Ejecutivo estatal sostiene que el CJNG está detrás de la agresión, mientras que los fiscales locales y nacionales han sido, desde un inicio, más cautos en sus aseveraciones públicas. El pleito sigue vivo con descalificaciones esporádicas, pero ambos bandos han dejado el combate a golpe de tuit y han reducido sus apariciones mediáticas.
Aunque el mensaje es de un mando coordinado, en el terreno se palpa el traslape de competencias y la desconfianza entre las corporaciones. Coatzacoalcos ha visto el despliegue de la Guardia Nacional, creada por López Obrador como una solución a la crisis de violencia; la Policía naval y soldados del Ejército; miembros de la ahora extinta Policía Federal; peritos y científicos de la FGR, formalmente independiente del Ejecutivo desde finales de 2018; la Policía Estatal, que depende del Gobierno de Veracruz; uniformados ministeriales, que responden a la Fiscalía estatal, y agentes municipales, que trabajan para la ciudad. El despliegue es de más de 120 refuerzos, ha dicho la Administración estatal. La última en anunciar su colaboración fue la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior). El conflicto ha escalado hasta las altas esferas del Gobierno mexicano, poniendo en entredicho la capacidad de López Obrador de combatir la ola de inseguridad.
A pie de calle se percibe el miedo y la tensión. Cada fuerza del orden es acusada de solapar a un grupo delictivo o tiene un historial de abusos contra los ciudadanos o es señalada por su escasa efectividad en la resolución de los delitos. Coatzacoalcos es el reflejo de un país que en la mayoría de los casos no confía en las autoridades y que no está acostumbrado —la ley se reformó en 2008 y se ha aplicado de forma diferenciada en el resto del país desde entonces— al trabajo independiente y complementario entre los cuerpos policiales y los investigadores ministeriales.
Con todas las víctimas identificadas y tras el traslado de los heridos más graves a hospitales especializados de México y Estados Unidos, las intrigas, las dudas y las suspicacias dominan el debate público después de la masacre. Coatzcacoalcos vela y entierra a sus víctimas, la mayoría de pocos recursos, en los cementerios municipales. El saldo mortal se desagrega con 25 muertos en la noche del suceso y cuatro muertos más en hospitales, el último dado a conocer este jueves.
Las autoridades no se han pronunciado sobre la autenticidad del vídeo de La Loca ni tampoco sobre los resultados de un operativo durante la noche del miércoles, en el que supuestamente se logró la captura de otros dos sospechosos, ambos de 23 años, y el decomiso de cócteles molotov que tienen una relación con el incendio de El Caballo Blanco, según medios locales. Tampoco se conoce qué indicios tenía el gobernador García para señalar a Romero como culpable y que no han bastado a la Fiscalía nacional para presentar una acusación. "Busquen quién sea en realidad, no na’más agarren a cualquiera", desafía La Loca, pero con un tono tímido, intentado dejar atrás el retrato amenazante y los antecedentes que se le adjudican. En el fondo del asunto, la carga de prueba está en los fiscales. La gran incógnita es si conseguirán demostrarlo. En medio de la telenovela fársica de la procuración de justicia en México, 29 familias aún exigen respuestas.