Se trata de Marguis Zoraida del Rayo Salcedo y Mario Sergio Talavera Abarca; acusados por Fraude Procesal
Acusados habrían falseado documentación para obtener el beneficio de su pensión sin cumplir requisitos
Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, ex auxiliar en el Congreso de la legislatura pasada, y Mario Sergio Talavera Abarca, exdirector de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, fueron objeto de formulación de imputación por los delitos de Fraude Procesal, la mujer que había sido beneficiada por una de las “pensiones doradas” ahora tendrá que firmar cada mes en la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
En audiencia celebrada ayer en la sala 4 de Ciudad Judicial Atlacholoaya, relacionada con la causa penal JC/695/2018, los exfuncionarios fueron confrontados con las pruebas que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó en su contra.
Ante el juez, la fiscalía anticorrupción expuso datos y medios de prueba que ligan a Marguis Zoraida como beneficiaria de una pensión “irregular”, toda vez que fue apoyada por Sergio Talavera, siendo éste último quien expidió documentación falsa a favor de la femenina.
Sergio fue acusado de expedir una constancia laboral apócrifa a favor de Marguis, esto para sustentar “años de más” laborando para el estado, en tanto que la mujer fue acusada por beneficiarse al presentar dicha documentación ilegal.
Después de analizar la información y escuchar los alegatos expuestos, el juez dictaminó medidas cautelares para Marguis Zoraida, la primera es la prohibición de salir del país, ante la posibilidad de sustraerse de la justicia, y la segunda fue su obligación a firmar ante la UMECA una vez por mes, en tanto que para Sergio, tiene la obligación de firmar el cuarto viernes de cada mes.
Finalmente el juez otorgó a la defensa 144 horas para resolver sobre la vinculación a proceso que solicitó la Fiscalía Anticorrupción.
El antecedente
Marguis Zoraida y Mario Sergio, en Junio pasado no acudieron a la cita judicial, presuntamente porque no fueron notificadas en tiempo y forma, por ese motivo el juez de la causa, desde ese entonces la Fiscalía Anticorrupción ya pretendía formular imputación en contra los exservidores públicos porque se hallan relacionados con el caso de las “pensiones doradas”, aprobadas de manera ilegal por la legislatura pasada.
Los acusados habrían falseado documentación para obtener el beneficio de su pensión sin que cumplieran con los requisitos que marca la ley, aprovechándose de sus puestos.