El Estado vs la comida chatarra
Hoy la secretaria de Gobernación es la invitada de ConMéxico. El gremio que aglutina a las principales empresas de productos de consumo suele reunirse periódicamente con actores de la vida política.
El encuentro con Olga Sánchez Cordero no pudo llegar en mejor momento: a unas horas de que se haya entregado la iniciativa de Ley de Ingresos que incluye una “actualización” de impuestos.
Así denomina el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, los aumentos al IEPS a refrescos y demás comida chatarra que producen y venden los de ConMéxico, que preside Jaime Zabludovsky.
Coca Cola que preside Manuel Arroyo, Bimbo de Daniel Servitje, PepsiCo que lleva Roberto Martínez, Jumex de Eugenio López Rodea, Alpura de Víctor Gavito, están en la mira de la 4T.
Son tan solo algunas de muchas empresas afiliadas a ese gremio que está en deuda con el gobierno, ahora el de Andrés Manuel López Obrador, porque se ha resistido a autoregularse.
No son solo más impuestos los que le vienen, sino un amplio catálogo de medidas que incluyen cambios a la Ley General de Salud que contempla nuevos etiquetados para cientos de productos.
Organismos no gubernamentales como El Poder del Consumidor, que encabeza Alejandro Calvillo, no quitan el dedo del renglón para transparentar la información nutricional.
También se considera el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión para desincentivar la compra de alimentos y bebidas con alto valor calórico, así como nuevas Normas Oficiales Mexicanas.
En el gobierno se sienten defraudados por la poca disposición y voluntad de este sector por introducir medidas de autorregulación, como ya lo vemos en la banca y en el sector petrolero.
En el primero los bancos se aplicaron con la baja en comisiones que cobra a los usuarios, y en el segundo los ganadores de campos se fijaron objetivos claros de tiempo para extraer petróleo.
Pero los de ConMéxico han fallado: no pasaron de diseñar esquema de activación deportiva, de habilitar parques y mecanismos para hacer comprensibles los etiquetados. Nada funcionó.
Cada año los hospitales del IMSS, ISSSTE y sector público gastan más recursos en atender personas con diabetes y obesidad. Para el 2020 se destinarán unos 40 mil millones de pesos para ese fin.
El discurso de ConMéxico ya no es creíble y se estima que todo el peso del Estado se irá a combatir los daños que una industria, que decidió no autorregularse, ha inflingido en la población.
Puede estar seguro que pasando el puente del 16 de septiembre toda la atención de la 4T y el Congreso estará sobre ellos. Vienen más medidas duras ante la resistencia de estas empresas.
NO, NO ES La Riviera la que está demandando, sino el Aeropuerto Internacional de la CDMX la que tiene presentadas 11 demandas contra esa concesionaria de tiendas libre de impuestos. Son por incumplimiento de contrato, rentas caídas y sobre todo impago del 35% de sus ventas como contraprestación al organismo que dirige Miguel Peláez. Tan solo una de las demandas asciende a casi 900 millones de pesos y las restantes 10 a alrededor de 80 millones. La Riviera, de Nidal Ahmed Hatum, tenía 8 establecimientos en la T2.
LO PUEDE DAR por hecho: Disney se va a acoger a la prórroga de 6 meses para vender los canales de Fox. Este mes se agota el primer plazo y el equipo encomendado a Ben Pyne tomará la extensión de otro medio año para lograr la desincorporación que ordenó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Gabriel Contreras. ING Bank, que preside Ralph Hamers, es el banco de inversión que contrató el conglomerado que encabeza Bob Iger. Se estima que la operación ronde entre 80 y 100 millones de dólares.
TAMBIÉN ESTE MES, el día 23 para ser exactos, la Comisión Federal de Competencia tendrá que determinar si cierra la investigación contra 7 bancos por presunta colusión en la fijación de tasas de interés de valores gubernamentales, o se va a fondo en sus pesquisas. La Autoridad Investigadora ahora a cargo de Sergio López la inició en octubre del 2016 y a los pupilos de Alejandra Palacios ya se les acabó el tiempo. Se indaga al BBVA, Citibanamex, Santander, HSBC, Barclays, JP Morgan y Bank of America-Merrill Lynch.
ADOLFO Y XAVIER Autrey Maza llegaron a un arreglo. El primero retiró las demandas penales contra el hijo del segundo, Adolfo Autrey Da Costa, y está en proceso de liberar las acciones de aquéllos en Altos Hornos de México, que ascienden a alrededor de 7%. Los títulos están en un fideicomiso de Invex, que preside Juan Guichard. Lo interesante es que Xavier tambien regresaría las acciones del resto de los hermanos que estaban fideicomitidas y bajo su resguardo. Hablamos de Sergio, Carlos, Lorenza, Gabriela y Zitaluz Autrey.
AYER VENCIÓ EL plazo para que los acreedores de Senda contestaran los argumentos de inconformidad que la empresa de Jaime Rodríguez expuso a la jueza concursal Leticia Hernández, que admitió el concurso solicitado por BBVA de Eduardo Osuna, Banorte de Carlos Hank González, Credit Suisse de Jorge Villarreal, HSBC de Nuno Matos, Bancomext de Eugenio Nájera y CI Banco de Salvador Arroyo. La polémica se centra en ver cuál concurso mercantil prevalece: el de los bancos o el de la empresa.
INNDOT, INVOLUCRADA EN la Estafa Maestra, es el proveedor que ganó el contrato de fábrica de software para SAP del Infonavit, que dispone un presupuesto de 243 millones de pesos. La firma de Enrique Abascal y Enabled, de Héctor Salgado, fueron las dos que entregaron ofertas. Pero la segunda fue descalificada. E&Y, Sofftek, Neixmart y Nasoft ya no entraron. Además de haber suscrito convenios con la Sedesol, Inndot es proveedor de la misma Nasoft, que tuvo este contrato hasta abril y ahora se va renovar por 18 meses más.
HOY LA JEFA del SAT, Margarita Ríos-Farjat, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, firman un convenio para combatir la economía informal. Se establecerán mecanismos para fortalecer los programas de prevención y resolución de problemas de los contribuyentes, se coordinarán actividades de difusión y comunicación y se compartirá información sobre temas de riesgo o situaciones que impliquen incumplimiento a las disposiciones fiscales.