‘Partir de cero’… con pruebas de PGR
Respecto del caso Iguala y las indignantes liberaciones en serie de casi 80 muy probables responsables de la desaparición y asesinato de Los 43 de Ayotzinapa (excarcelaciones que ni siquiera ordenó el irresponsable juez de la causa sino el secretario del juzgado), se han proferido afirmaciones tan descocadas como que las investigaciones y consignaciones hechas por la extinta PGR no sirven para nada y que la Fiscalía General de la República debe ahora “partir de cero”.
Con la plausible excepción del subsecretario Alejandro Encinas, en tal insensatez han caído lo mismo autoridades que representantes, voceros y simpatizantes de la causa política en que se degradó el horrendo suceso que cumplirá cinco años la semana próxima.
De tener sentido la descalificación a lo realizado, ¿por qué unos y otros lamentan las liberaciones?
El descrédito a la extinta PGR parte de un sofisma con premisas irrebatibles: puesto que varios de los procesados (y si se quiere todos) fueron torturados o sujetos de maltratos, sus confesiones les fueron arrancadas, por la fuerza, de manera que correspondan o no a la realidad, se violó su derecho al debido proceso (hasta a aquí va bien el razonamiento) y, por lo tanto, se concluye de manera equivocada, deben ser puestos en libertad.
Pues no.
Quienes eso arguyen, ignoran o retuercen las cosas deliberadamente porque desde hace muchos años (quizá decenios) la sola confesión de un detenido es insuficiente para sustentar el delito del que se le acusa. No sirve para su consignación ante el juez... a menos de que el MP aporte otras evidencias: pruebas documentales, testimonios, periciales, conclusiones de criminología forense (las razones para la comisión de un crimen: sus causas, el modo de actuar de las personas que lo cometen) y de criminalística (métodos y técnicas de investigación científica de las ciencias naturales en el examen del material sensible y significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso; se encarga de demostrar y explicar un delito, determinar sus autores y la participación de éstos, a través de un conjunto de procedimientos, técnicas y conocimientos científicos).
La FGR anuncia que buscará que nadie más sea puesto en libertad, pero esto solo podrá hacerlo si hace valer el peso íntegro del expediente acusatorio, que contiene todos esos elementos y no solo confesiones (lo cual ni el tribunal colegiado que abrió las rejas a los acusados ni el achichincle del juez de la causa, instancias radicadas en el narcoestado de Tamaulipas cuyos fallos apestan a presión de la delincuencia organizada, tomaron en cuenta para las excarcelaciones en masa.
Del caso Iguala se cuenta con averiguaciones, procesos abiertos y órdenes de captura pendientes de cumplimentarse.
Si todo está mal pero con lo que dejó la PGR se tratará de asegurar sentencias acusatorias, está corroborándose la ya vieja teoría del caso porque se reconoce (sin decirlo) que hay pruebas suficientes para acreditar responsabilidades conforme a la detestada pero firme verdad histórica.