En la ciudad de la impunidad
La señora Patricia Sánchez fue atropellada por un camión el 18 de septiembre pasado, en la esquina de Reforma y Eje 2 Norte. Acababa de recoger a su hija, de once años, de una clase de violín. La niña relató después que cuando en el semáforo se encendió la figura de una persona, Patricia bajó de la banqueta y comenzó a cruzar la calle, llevándola de la mano. De repente vio encima de sí “la esquina del camión y su luz” (eran las ocho de la noche). Ella fue lanzada sobre la banqueta. La señora Patricia quedó bajo el camión.
Una testigo dijo que se escuchó un quejido, como si a la víctima “se le hubiera ido el aire”. La gente se arremolinó alrededor de la unidad e impidió que el chofer descendiera de la unidad. Una compañera de clases que vio a la niña llorando, la llevó de regreso a la escuela y le contó al director lo que había ocurrido.
Marco Antonio, el esposo de Patricia, acababa de salir de trabajar, en el otro extremo de la ciudad, cuando el director le llamó para decirle que había ocurrido un accidente. En Metro, corriendo por las calles, y también en taxi, Marco Antonio llegó al lugar de los hechos. Vio el cadáver de su esposa en el piso. “Le pegó un camión a mi mamá”, le dijo su hija llorando.
La policía se había llevado ya al conductor. Marco Antonio anotó los datos de la unidad: un camión morado con blanco, placas de circulación 0012514. Alguien le dijo que el vehículo era operado por la empresa Corredor Ecológico Urbano, S.A. de C.V.
Marco Antonio pasó esa noche en el ministerio público que está en las instalaciones de la alcaldía de Cuauhtémoc. No le dieron información sobre el detenido. Un auxiliar le dijo más tarde que algún representante de la empresa de autobuses había estado ahí, “pero se retiró de inmediato”.
Otro auxiliar se negó a darle copias de la carpeta, alegando que “el multifuncional estaba descompuesto”. El ministerio público, Guillermo Alamilla, extendió un oficio para que el Instituto de Ciencias Forenses practicara la necropsia al “cuerpo sin vida de un individuo del sexo masculino”. En el documento, además, se había alterado el número de carpeta (es la CI-FCH/CUH-2/UI-3C/D/11919.2019), con lo que parecía que, en lugar de unas horas antes, ésta se había iniciado en 2016. Otro oficio, firmado por el ministerio público Gustavo Hernández, solicitó que una vez practicada “la necropsia de ley del cuerpo de sexo masculino”, entregaran el cadáver de Patricia a sus familiares.
Marco Antonio obtuvo otros dos documentos. En el primero, la perito Beatriz Hernández expresó que no podía determinar el grupo sanguíneo ni el factor Rh de la occisa, “debido a que por el momento no se cuenta con los reactivos de antisueros, indispensables para llevar a cabo el estudio”. En el segundo, los expertos en tránsito terrestre indicaban que no podían hacer consideraciones sobre el accidente, “toda vez” que no se había entrevistado al conductor, y en los videos recabados por la autoridad “no se aprecia la forma como se desarrolla el presente hecho”.
Marco Antonio comenzó a pensar que en el MP estaban enredando todo para que, cumplido el plazo de 48 horas, el chofer, Yair Valverde Chávez, fuera puesto en libertad. Sus sospechas se acentuaron más tarde, cuando ya se había llevado a cabo el sepelio y él seguía sin información alguna sobre el responsable: le dijeron solo que el imputado se había reservado su derecho a declarar.
El martes 24 de septiembre, Marco Antonio regresó al MP a pedir avances. Le dijeron que la carpeta ya no estaba ahí sino en la coordinación territorial CUH3, en Peralvillo.
En Peralvillo le informaron que la carpeta estaba en la oficialía de partes, por lo que “aún no la recibimos”. Ahí mismo se enteró al día siguiente de que la carpeta estaba etiquetada ya como “sin detenido”.
Decidió no bajar la cara. En su página de Facebook exigió que se revocara la concesión de la ruta. Un representante le respondió que CEUSA no era responsable del accidente: “Las placas de la empresa van de 1290001 a 1290080… la unidad que participó en los hechos es la 0012514”.
Según el representante, “el autobús forma parte de un grupo disidente de 45 unidades que trabajan fuera de la legalidad con placas sobrepuestas, cromática que no les corresponde, vidrios polarizados, cacharpos y tarifa no autorizada”.
El autobús placas 0012514 regresó a la calle dos días después de la muerte de Patricia. Marco Antonio recibió una fotografía en la que se ve a la unidad circular de nuevo. Bajo la foto había un comentario: “Trabaja en la impunidad, bajo el amparo de autoridades del gobierno capitalino”.
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