La Asociación de Bancos de México mostró su inconformidad por algunas de las propuestas fiscales planteadas por el gobierno en el Paquete Económico de 2020 porque podrían afectar a los de menor ingreso y además inhibir la inversión en el país.
La Asociación de Bancos de México (ABM) mostró su inconformidad por algunas de las propuestas fiscales planteadas por el gobierno en el Paquete Económico de 2020, debido a que de aprobarse tendrían un impacto negativo en sus clientes, principalmente en los de menor ingreso y además podrían inhibir la inversión en el país.
En específico, externaron su rechazo a las iniciativas sobre impuesto al ahorro, el tope a deducibilidad de intereses y en la Ley de Extinción de Dominio.
Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, explicó que luego de revisar en el gremio las propuestas fiscales para 2020, existe preocupación de que se aprueben como fueron enviadas, por sus impactos negativos.
En el caso del incremento de la tasa de retención al ahorro de 1.04 a 1.45 por ciento significa un aumento de 39 por ciento a la tasa de retención anual, pero los que ganan menos de 400 mil pesos terminarían pagando una tasa de 48 por ciento, señaló.
De aprobarse esto impactará “mucho más severamente a las personas de menores ingresos, ya que las personas que ganan menos de 400 mil anuales no están obligados a presentar declaración anual, por lo que no pueden deducir el impuesto”, precisó.
Al no deducir las personas con ingresos menores a los 400 mil pesos, terminan pagando una tasa del 48 por ciento sobre el rendimiento real de su dinero, lo que es desproporcionadamente alto; “es mucho mayor que el impuesto más alto que pagan las personas que más ingreso tienen, que es del 35 por ciento”, indicó.
Detalló en conferencia de prensa que ya dialogan con legisladores sobre dichos cambios.
También en el Paquete Económico se propone limitar a 30 por ciento la deducción de intereses netos para créditos de personas morales, y quienes estén por encima del tope podrán deducir durante los tres ejercicios siguientes hasta agotarlos, pero una vez transcurridos los tres años el monto remanente no se podrá deducir de manera definitiva.
“El resto, el 70 por ciento que queda lo pueden deducir si sus finanzas lo permiten, en los siguientes tres años, pero si no se alcanza a deducir, se pierde ese interés que se pagó como deducción fiscal. Por consiguiente, están penalizando a las empresas y, por otro lado, le están cobrando a los acreedores el Impuesto Sobre la Renta (ISR) porque reportan esos intereses en su estado de resultados”, afirmó.
Lo anterior, dijo Niño de Rivera, impactaría la inversión de la iniciativa privada en México, además podría tener efectos en las empresas que recurren a deuda para financiar proyectos a largo plazo.
"Va a ocasionar que los inversionistas piensen dos veces si hacen inversión o no con un costo mayor para ellos, y el país está en una posición de estimular la inversión y no de detenerla o frenarla".
En el caso de la iniciativa que equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada, y que incluye la extinción de dominio, afirmó que inhibe la inversión y acaban con las garantías individuales de derecho a la libertad, propiedad, audiencia, debido proceso, así como la presunción de inocencia.
“El contribuyente queda en indefensión absoluta y manda un mensaje negativo a inversionistas nacionales y extranjeros".
Indicó que lo que en realidad se está proponiendo “no es solo un tema fiscal, sino un tema penal”.
Lo anterior, porque están acabando con las garantías individuales, con el derecho a la libertad, de propiedad, de audiencia, el debido proceso y la presunción de inocencia, “y esto lo sustituyen con prisión preventiva oficiosa, solamente con indicios y no con hechos reales”.
Además se tiene previsto que apliquen “la incautación de bienes de manera arbitraria, congelamiento de cuentas bancarias con base en presunciones, sin hechos claros y contundentes, y la pérdida de control de las empresas sin hechos probados”, advirtió.
Esto implica, dijo, que las personas que caigan en este supuesto, por la opinión de un inspector del SAT acabarían privados de la libertad, sin recursos y sin bienes, sin sus empresas, en una situación de indefensión total.
Niño de Rivera afirmó que con esta propuesta se manda una señal muy negativa a los inversionistas, que son clave para el crecimiento de la economía.
“Es un mensaje inadecuado en las circunstancias actuales, en las que el país necesita cambiar el ritmo de crecimiento de su economía”, indicó.