AMLO y Sheinbaum, ante el 2 de octubre
La marcha del 2 de octubre, por el 51 aniversario de la masacre de Tlatelolco, representa un desafío para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, por las recientes manifestaciones en las que grupos de jóvenes encapuchados han causado toda clase de destrozos, sin que la autoridad policiaca intervenga para salvaguardar los comercios de la zona de Reforma y Avenida Juárez, principalmente. Hay, nos recuerdan, un fuerte reclamo del comercio organizado para que los gobiernos federal y local hagan prevalecer un clima de tranquilidad y no permitir que los grupos de anarquistas causen más daño a sus establecimientos. Por el lado de las autoridades, nos comentan, existe el dilema de actuar sin violentar los derechos humanos de los manifestantes. Eso encuadra de manera correcta en la actuación de funcionarios provenientes de la izquierda, ¿pero dónde quedan los derechos del resto de la ciudadanía? Ya se verá esta tarde si el operativo de seguridad fue el adecuado.
¿Son o no son anarquistas?
Pero además del reto que estos grupos representan, para empezar también hay una confusión en el gobierno federal sobre la manera de identificarlos. Mientras para el presidente Andrés Manuel López Obrador no son anarquistas, sino conservadores, para la Secretaría de Gobernación no son conservadores sino anarquistas. El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, identificó a estos grupos que han generado desmanes y destrucción en las recientes movilizaciones de la capital como movimientos que buscan desestabilizar las manifestaciones y que están identificados como anarquistas. Entonces ¿son o no son anarquistas? Aunque no sería la primera vez que el Presidente y el subsecretario tienen diferentes visiones sobre un mismo tema.
El contraataque de la Iglesia
Tras la llamada “marea verde” en la que mujeres han salido a las calles para exigir el aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que preside el arzobispo Rogelio Cabrera López, prepara una contraofensiva en “defensa de la vida”. Nos comentan que por un flanco, la jerarquía católica, por medio de redes sociales, dijo a los legisladores que hacer leyes que promuevan la muerte de los “no nacidos” causa un “grave deterioro moral”. Y en otro flanco, organizaciones provida, encabezadas por el Frente Nacional por la Familia, alistan su ofensiva contra las intenciones de Morena de legalizar el aborto en todo el país. Nos cuentan que prevén marchas al estilo de las convocadas en 2016 cuando protestaron contra la iniciativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto para avalar el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. ¡Que Dios nos agarre confesados!
Miscelánea fiscal, la hora de la verdad
La hora de la verdad llegó. Hoy las comisiones de Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Diputados, que presiden el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, y la panista Patricia Terrazas, arrancan la discusión en el llamado Parlamento Abierto de la controvertida Miscelánea Fiscal para 2020, que se espera sea votada por el pleno el 15 de octubre. Nos dicen que en varios sectores empresariales existe zozobra por las agresivas medidas que se plantean y temen que se pudiesen criminalizar a los contribuyentes. Nos explican que en la clase empresarial hay plena conciencia de que el gobierno debe recaudar más, pero advierten que colegios de contadores, fiscalistas, industrias del outsourcing, vendedoras por catálogo, negocios de la economía digital y otros sectores productivos temen que la estrategia fiscal pueda ir demasiado lejos. Temen que si no se cuida el proceso legislativo y se ignoran las voces de la iniciativa privada, el objetivo legítimo de frenar los abusos de empresas fantasmas y combatir el uso de facturas falsas, pueda generar efectos indeseables como desalentar la generación de empleos. Nos dicen que es importante que los legisladores escuchen las propuestas de expertos y prestadores de servicios para lograr un equilibrio entre el fin de los abusos fiscales, el respeto a los derechos de los trabajadores y la flexibilidad que necesitan las empresas para ajustar su fuerza laboral en el cambiante clima de negocios. Un balance complicado, pero necesario.