Hay de chantajes a chantajes
Ante la decisión de un grupo de universidades públicas de realizar un paro de labores de 24 horas para obtener un incremento en la partida presupuestal, el presidente López Obrador respondió rotundo: “Yo no acepto chantajes” y cortó la comunicación.
En contraste, a los normalistas de Tenería, Edomex, se les trató de manera distinta.
A pesar de que secuestraron a más de 90 personas y otros tantos autobuses para obtener mejoras laborales, el gobierno los recibió en la Segob y les dijo que sí a todo. Muy raro.
Sobre esto, el presidente López Obrador respondió dudoso: ya veremos mañana si los normalistas cometieron una infracción o no.
La moraleja es que para la 4T no todos los chantajes son iguales. Para unos casos es rotundo y para otros dudoso.
Acción retardada
Los reflejos del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, son, por decirlo de alguna manera, de acción retardada.
Acaso el clima imperante en el estudio del programa de “John y Sabina” le refrescó la memoria, porque recordó de golpe que Felipe Calderón, cuando era presidente, lo amenazó y presionó.
El sexenio de Calderón fue del 2006 al 2012, Zaldívar fue categórico aunque impreciso.
No dijo cuándo ni en qué casos recibió las amenazas de Calderón y sobre todo, no dijo por qué, algo tan grave, no fue denunciado en su momento. Lo dejó pasar.
Decirlo ahora, años después, a toro pasado, genera todo tipo de suspicacias.
Documento hechizo
El Instituto Electoral del Estado de Puebla respondió a una solicitud de información.
A través de su Unidad de Trasparencia, en la que consta que el documento que el actual presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro, presentó como constancia de residencia es hechizo.
El legislador estaba obligado por ley a acreditar haber vivido en Puebla por lo menos a cinco años de la elección.
Ante la falta de una constancia, dicen allá que recurrió al Ayuntamiento de San Pedro Cholula para tramitar una constancia de residencia que nunca fue real.
A quienes han puesto en duda la legalidad del documento el diputado Biestro los intimida con la amenaza de proceder legalmente.
¿Hasta dónde llegará?
Comunicadores sorprendidos
La versión es que el periodista José Luis Uribe Ortega, que hoy preside la emblemática agrupación Club Primera Plana, tomó la decisión de comprar el ingreso de los comunicadores a mil pesos.
Uribe viola así el estatuto que rige la vida interna del Club buscando beneficios personales para una reelección a todas luces ilegal.
Quienes estuvieron a punto del soponcio fueron los propios socios de ese club que se enteraron de las decisiones vía WhatsApp.
El Consejo de la agrupación no fue avisado.