Oaxaca, junto con el estado de Morelos se mantienen en el último lugar, con una impunidad de 99.4% en los delitos, seguidos de Guerrero (98.2%), Chiapas (97.1%) y Baja California Sur (96.9%). Yucatán se mantiene como la entidad con menor impunidad.
La Fiscalía oaxaqueña ocupó el lugar siete de las peores calificadas por debajo de Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Tamaulipas y Puebla por sus resultados en tiempo de denuncia, efectividad, cumplimiento de las órdenes de aprehensión
Oaxaca de Juárez.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca se ubicó entre las 10 peores calificadas del país, por sus resultados en tiempo para denunciar un delito, efectividad en procuración de justicia, porcentaje de población que confía en ella, cumplimiento en las órdenes de aprehensión, sentencias de tres años o menos, así como por impunidad en homicidios dolosos.
De acuerdo con el “Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2019”, elaborado por la asociación civil Impunidad Cero, la Fiscalía oaxaqueña ocupó el lugar siete de las peores calificadas por debajo de Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Tamaulipas y Puebla.
Este indicador coloca a Chihuahua, Yucatán, Querétaro, Zacatecas y Coahuila como las mejores calificadas en su desempeño.
En la Fiscalía General de Oaxaca toma cuatro horas (236.17 minutos) realizar o interponer una denuncia; el promedio nacional es de 141.72 minutos. En Durango toma 80 minutos, lo cual la coloca en la entidad del país donde es más rápido denunciar.
Además, el estudio revela que Puebla, Oaxaca y Tlaxcala tienen una efectividad de investigación menor al 20%, por lo que su validez se ve diluida “ya que no esclarecen mucho, pero al menos hay mayor probabilidad de captura en los casos en los que se esclarecen. Hidalgo y Sinaloa, por su parte, ocupan posiciones medias en términos de efectividad en investigación”.
Sin embargo, en términos generales, la organización Impunidad Cero advierte que no se observa una mejora en la procuración de justicia en México. Los indicadores de estructura y recursos con los que cuentan las procuradurías y fiscalías, explica, no presentan cambios sustanciales respecto de la edición anterior de esta evaluación.
Según el informe, la carga de trabajo promedio para los ministerios públicos en el país descendió ligeramente, en gran parte gracias a la disminución de la carga promedio en Sonora.
Pero en el tiempo medio que le toma a una víctima denunciar un delito ante la fiscalía se observó un aumento, por lo que es necesario que se revisen los modelos de atención inmediata en las procuradurías y fiscalías estatales.
Mientras que la proporción de personas que confían “mucho” en el ministerio público tuvo una ligera disminución entre 2018 y 2019; en materia de efectividad se observó un retroceso, ya que pasó de 21.4% a 19.4%, considerando únicamente las investigaciones abiertas bajo el sistema penal acusatorio.
Además, señala que hay una gran disparidad entre las entidades del país, por lo que la identificación, documentación e implementación de buenas prácticas recobra un papel fundamental.
“Por ejemplo, el modelo de gestión en seguridad y justicia de Querétaro le ha permitido que, a pesar de tener una tasa de ministerios públicos ligeramente inferior a la media nacional y una alta carga de trabajo por ministerio público, tenga buena atención a usuarios que denuncian, y presente uno de los niveles más altos de efectividad en la investigación”, indica.