Militares y policías, inermes
Mientras maneja su Uber hacia el aeropuerto capitalino, Antonio relata que hasta hace poco era miembro de la Armada de México. Pidió su baja, dice, cuando supo que su unidad sería enviada a Tamaulipas. Y no fue por miedo a un enfrentamiento, asegura. “A los marinos nos entrenan bien y sabemos que en cualquier momento podemos estar en una situación así y qué hacer en esos casos…”
—¿Entonces por qué?
—Nos ponían demasiadas restricciones para defendernos en caso de ser atacados. Por ejemplo, nos prohibieron andar armados estando francos. Ya eran muchos compañeros que regresaban en bolsas o a los que nadie volvía a ver. Así que medí el peligro, pensé en mi familia y mejor me di de baja. Y hoy estoy aquí, al volante.
Antonio –quien prefiere no proporcionar su apellido– dice que conoce a muchos marinos en la misma situación. “O ya se dieron de baja o están pensándolo. Y no es por falta de cariño a la institución, créame, sino por ese tipo de órdenes, que sólo ponen en peligro al personal”.
Es evidente que la estrategia del gobierno federal para hacer frente a la seguridad ha limitado la posibilidad de soldados, marinos y miembros de la Guardia Nacional para defenderse de ataques. Y la imagen que se ha creado, de militares a los que se prohíbe defenderse, está poniendo en peligro a los encargados de la seguridad en todo el país.
Han sido comunes, en semanas recientes, las escenas de militares que se han quedado casi estáticos ante las agresiones de civiles que buscan correrlos de sus comunidades o que han optado por la retirada a pesar de haber atestiguado hechos delictivos. Se puede presumir que, en muchos casos, los agresores están coludidos con delincuentes.
Las órdenes que llegan de arriba obligan a los militares a aceptar humillaciones, como insultos y empujones, e incluso se dañen los vehículos en los que viajan. Quienes elaboran esas instrucciones parecen preferir que se afecte el prestigio de las Fuerzas Armadas, pero que a ningún militar se le vaya un tiro y se genere un escándalo que haga ver al gobierno como represor. En meses recientes hemos visto cómo aumenta el desorden y la comisión de delitos callejeros. El gobierno federal parece despreocupado por ello porque su hipótesis es que las violaciones a la ley son producto exclusivo de la desigualdad social y apuesta por contenerlas con base en el apoyo que le profesan los sectores populares y los subsidios que pueda darles para serenarlos.
No estoy de acuerdo con ese diagnóstico, pues el crimen tiene muchas otras fuentes y explicaciones. Pero, incluso de ser cierto, ¿qué pasará cuando ese apoyo se termine o si el dinero público no alcanza para todos los programas sociales?
Por si fuera poco, los elementos de seguridad pública no sólo tienen que preocuparse por los cálculos políticos de sus jefes, sino también por la legislación en materia de uso de la fuerza.
Ésta resulta muy difícil de entender y poner en práctica, según me ha dicho Daniel Gómez-Tagle, especialista en la materia, a quien he entrevistado muchas veces para Imagen Radio.
Soldados, marinos, guardias nacionales y policías no sólo tienen que preocuparse por la estabilidad de su empleo, en caso de que su respuesta a una agresión de criminales provoque un escándalo en redes sociales, sino que además podrían enfrentar consecuencias legales si esa respuesta es “desproporcionada” a juicio de quien aplique la ley.
En suma, la actual estrategia gubernamental ha maniatado a las fuerzas del orden, las cuales no parecen contar con el apoyo de la autoridad, para la que la masacre de policías como la de esta semana en Michoacán no es algo fuera de lo normal, pues “sucede todos los días”.