Se impone ‘combatir’ a los criminales
La deplorable coincidencia de la masacre de policías en Michoacán con el poco alentador informe de antier sobre la violencia en el país, catapultada por la matazón de civiles ayer en Guerrero, impone la urgente necesidad de que el presidente López Obrador y los titulares de su gabinete de Seguridad se replanteen la estrategia en que parecen estar empecinados para intentar disminuir los alarmantes niveles de criminalidad.
El problema no es de fondo (no corren el riesgo de admitir haberse “equivocado”), ya que bien pueden mantener como premisa clave, prácticamente indiscutible, que lo ideal contra la delincuencia es atacar sus causas.
Lo que no pueden negar es que, para efectos prácticos, dada la evidente incapacidad e insuficiencia de las policías estatales y municipales, la actuación de las instituciones federales de seguridad ni siquiera es disuasiva sino virtualmente contemplativa.
“Ni masacres ni razias” ha dicho y repetido el Presidente. Sin duda las matazones son indeseables aunque por lo visto inevitables, y las segundas, simplemente, reprobables e inconstitucionales.
Nadie le pide a López Obrador instruir a las fuerzas que comanda que vayan a cazar delincuentes o, mucho menos, a “reprimir al pueblo”.
Lo que no solo está entre sus atribuciones sino obligaciones, es garantizar la aplicación de las leyes, entre éstas la persecución de criminales.
Eso quiere decir que los policías y militares bajo el mando presidencial deben realizar todas las acciones que las leyes les permitan (obviamente con respeto a los derechos humanos) para dar con los asesinos de los policías en Michoacán y los atacantes del convoy militar en Guerrero, lo que implica el uso de los servicios de Inteligencia y el destacamento de unidades adiestradas y equipadas. Por desagradable que parezca, cada una de estas acciones constituye una “operación de guerra” perfectamente focalizada que solo debe asustar a los criminales.
Pero no es así porque, con la utópica proclama de “atacar las causas”, la estrategia medular contra la violencia no contempla perseguir ni combatir a las organizaciones criminales. Para dar con los asesinos de la masacre en Aguilillas fueron enviados únicamente 80 soldados y un helicóptero que difícilmente neutralizarán la masiva y arraigada delincuencia en esa zona.
Una de las fuerzas llamadas a resolver casos como los de ambas matanzas es la naciente Guardia Nacional, a la que por desgracia se le privó de integrarle, como sólido cuerpo, la injustamente demeritada Policía Federal, perdiéndose la oportunidad de que fuese la prestigiada corporación civil que armonizara el trabajo de militares y nuevos reclutas que hoy la malconforman.
La criminalidad no desaparecerá mientras el gobierno se aferre al mantenimiento de una política de seguridad pasiva, haciéndoles “fuchi”, amenazando con acusarlos con sus mamás a sanguinarios delincuentes, como tampoco echándoles la culpa a los “corruptos neoliberales” que le precedieron.