Por ley, la diputada defenestrada debe acatar el proceso de entrega recepción
-Alejandra Flores busca edificar puentes de diálogo con sus homólogos inconformes
-A nivel federal, ya se ratificaron los respectivos cargos en los órganos internos de gobierno
De ser necesario, el denominado G-13 recurrirá a acciones legales para obligar a Tania Valentina Rodríguez Ruiz a la entrega-recepción de la Junta Política y de Gobierno, a lo cual está obligada por ley.
Alejandra Flores Espinoza, coordinadora en funciones de presidente de ese órgano colegiado del Congreso, expuso que la primera tarea en su gestión será establecer puentes de diálogo con sus homólogos inconformes. Sobre todo, persuadir a su homóloga de que su ciclo ha fenecido.
En conferencia de prensa, tres congresistas argumentaron que, desde la federación, les ratificaron los respectivos cargos en los órganos de gobierno internos. En lo que corresponde a la Mesa Directiva, conforme a la Ley Orgánica, una vez cumplido el ciclo, el 31 de agosto, y si no se designó esta figura al cinco de septiembre, el diputado titular seguirá en funciones. Es decir, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
Al ser cuestionados sobre los trabajos que aún desarrolla Rodríguez Ruiz, coincidieron en afirmar que éstos son espurios; es decir, carecen de "toda validez". No obstante, ella sigue, incluso, firmando documentos oficiales, ostentándose en dicho sitio.
Agregaron que, en lo sucesivo, Flores Espinoza tiene que ser ratificada en el Pleno, que es la máxima autoridad del Poder Legislativo. Pero, recuerdan que se necesitan 14 votos, por lo que conminaron a sus pares a que se presenten a la próxima sesión. En torno a esto, cabe decir que aún no hay fecha. Sólo se sabe que este viernes 18 habrá una asamblea solemne, para entregar la presea "Xochiquetzalli".
Dijeron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación respeta temas internos, que son de la incumbencia de un organismo autónomo. He ahí la causa de la improcedencia del amparo promovido por Tania Valentina.
Flores Espinoza reiteró que la Junta Política ya está operando. Su firma es legítima. Esto, desde 13 de septiembre, cuando se suscitó el acuerdo de su nombramiento, en un consenso interno. Así, confirmó la legalidad del acuerdo por el que la mayoría de los coordinadores decidieron tal rotación.
Más allá de las consecuencias legales de esta resolución, la confirmación de la validez de las decisiones de la Junta, adujo: “… nos permiten una vez más realizar el llamado a todos los diputados de todas las fuerzas políticas que integramos el Congreso, para que asumamos la responsabilidad de encontrar los entendimientos necesarios para impulsar una agenda de trabajo que nos permita avanzar en las decisiones pendientes y que el trabajo legislativo no sea interrumpido en beneficio de los morelenses”. En este sentido, reconoció un letargo en el Congreso, a consecuencia de estas disensiones.