¿AMLO juró sobre la Constitucion o la Biblia?
El presidente Andrés Manuel López Obrador llevó ayer al terreno moral y religioso el debate nacional sobre la actuación de su gobierno y su gabinete de seguridad en Culiacán, Sinaloa, el jueves pasado.
Al defender su decisión de liberar a un presunto narcotraficante detenido y haber rendido al Ejército y a su Guardia Nacional ante el poder armado de grupos criminales, como una “decisión muy difícil, pero muy humana”, el titular del Ejecutivo sostuvo que “la paz, la tranquilidad, no la discordia, no el odio, no la violencia, la hermandad, el amor al prójimo, esa es la filosofía, esa es la doctrina de este gobierno”.
Incluso, dijo que no le importa que “los conservadores, los autoritarios quieran que se gobierne de otra manera, ya ellos lo hicieron y no dio resultados, enlutaron a México, convirtieron a México en un cementerio. Esa estrategia de apagar el fuego con el fuego, de combatir la violencia con violencia nunca más”.
Extrañamente, en toda la argumentación de López Obrador para justificar su polémica decisión, no aparece nunca la aplicación de la ley, el cumplimiento de la Constitución y de todas las leyes que de ella emanan, tal como él juró al rendir protesta como presidente de la República. Aparecen sí conceptos pacifistas, morales y hasta religiosos como la “no violencia”, la “hermandad” y “el amor al prójimo”. Y la pregunta obligada que surge es: ¿al presidente le importan más sus creencias y convicciones personales a la hora de gobernar que lo que dicen las leyes y la Constitución de la República?
Por qué cuando dice que la decisión fue “difícil” y que tuvieron que optar por “las vidas humanas”, lo que no dice el presidente López Obrador es que esa situación no se generó de manera espontánea, y que el peligro para esas vidas humanas lo generaron sus mismos secretarios del gabinete de seguridad, al haber ordenado y enviado un operativo mal diseñado, que no tomó en cuenta ni el nivel del narcotraficante que iban a detener, ni el lugar en donde querían detenerlo y menos la capacidad de respuesta de un grupo criminal como el Cártel de Sinaloa, que además estaba en su tierra y con todo el control territorial. Y ante el desastre y el caos que ellos mismos generaron por decisiones negligentes e incapaces, en vez de buscar una salida legal y constitucional, a la que estaban obligados, optaron por negociar la ley con el crimen organizado, aduciendo principios “humanistas y pacíficos”.
Si esa es la “doctrina de su gobierno” ¿para qué entonces mandaron a 25 soldados a Sinaloa a capturar, sin el apoyo de fuerza suficiente, a Ovidio Guzmán? Si no tenían la capacidad ni la decisión de ejecutar una acción tan arriesgada, no debieron entonces actuar de la forma en que lo hicieron. Y ahora para tratar de enmendar el fuerte daño que se hicieron ellos mismos y que le causaron al Estado y a la sociedad, al rendirse ante criminales armados y mandar el mensaje que los que mandan son los delincuentes, justifican esa grave decisión con un discurso de “paz, hermandad y amor al prójimo”.
Decir que decidió no enfrentar a un grupo de criminales armados, “para salvar vidas humanas” es una forma dramatizada de encubrir una actuación inepta de su gabinete de seguridad. Porque al verse rebasados en número y en armamento por el Cártel de Sinaloa, el gobierno tenía la posibilidad de mandar refuerzos y apagar lo que ya era una “rebelión” del crimen organizado. Al no hacerlo se salvaron sí las vidas de los soldados, que ya estaban copados cuando no secuestrados, pero también se salvaron la vida de los criminales, los que se sublevaron contra el gobierno y los más de 50 asesinos, secuestradores y violadores que fueron liberados de la cárcel de Aguaruto para apoyar al Cártel como sicarios. La población civil, para esas horas, ya estaba toda resguardada. Así que el presidente debería ser más claro en su discurso: no quisimos sacrificar a más soldados y preferimos rendirnos a ser humillados con una derrota.
La posición del presidente en estos momentos difíciles y de crisis para su gobierno, define claramente que lo que más le importa a este gobierno no es el cumplimiento de la ley, sino la actuación según las convicciones y creencias del titular del Poder Ejecutivo. Y eso remite a una pregunta que se plantea el politólogo y filósofo italiano, Norberto Bobbio, en su libro El Futuro de la Democracia: ¿Gobierno de los hombres o gobierno de las leyes?, una interrogante que siempre se han planteado los estudiosos de la filosofía política para dilucidar si un buen gobierno ¿es aquel en el que los gobernantes son buenos porque respetan las leyes, o bien aquel en el que son buenas las leyes porque los gobernantes son sabios?
Citando textos clásicos y reflexiones de estudiosos del Derecho y del Estado, Bobbio explica, de forma sintetizada, que el gobierno de leyes es aquel donde el gobernante decide con las leyes y evita incurrir en arbitrariedades o en aplicar su juicio sobre lo justo y lo injusto, al sujetarse a normas y a las leyes generales que privan para todos sin distingo de intereses y no ejercer el poder parcialmente y en defensa de intereses privados; en el caso del gobierno de los hombres no importan tanto las leyes como la sabiduría del gobernante, el hombre “regio” y “sabio” que busca dar a cada quien lo suyo y que no necesita sujetarse al imperio de las leyes porque parte de la idea de que es un “buen gobernante”. El mismo autor concluye más delante de su texto que “la respuesta ampliamente predominante a lo largo de los siglos ha estado en favor de la superioridad del gobierno de leyes, generalmente ha sido negativo el juicio sobre aquellos a los que la suerte o la virtud, o una combinación de ambas (por emplear las conocidas categorías de Maquiavelo) han puesto en condiciones de regir los destinos de un Estado”.
Tal vez ese sea el verdadero “punto de inflexión” que nos deja la crisis de Culiacán, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya definió claramente que lo que a él más le importa son sus convicciones y sabiduría personal, más de lo que digan las leyes. Así que en lo que reste de su gobierno habrá que atenerse a que, en cualquier situación que amerite una decisión de aplicar la ley en este país, por encima de lo que diga la Constitución y las leyes, estarán siempre los conceptos personales y morales del jefe del Ejecutivo, “aunque no les guste a los conservadores”.
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Salvador García Soto