De no atender la resolución judicial, podrían incurrir en desacato por incumplimiento
Han atendido parcialmente la indicación de la Corte; deben acatarla completamente esta semana
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a asignar el presupuesto al Poder Judicial para el pago de pensiones y jubilaciones de 116 trabajadores.
En la resolución, el Máximo Órgano de Justicia del país emplazó a los poderes Legislativo y Ejecutivo a cumplir con el pago a trabajadores jubilados del Tribunal Superior, de no atender la resolución judicial podrían incurrir en desacato judicial por incumplimiento si no asignan 26 millones de pesos para el pago de pensiones.
Como lo informó este lunes El Regional, el plazo que dio la Corte a los diputados el pasado 28 de octubre fue de tres días (a partir de su notificación), después de haber incumplido una primera orden para la entrega de la partida presupuestal que requiere el Poder Judicial.
Dicho plazo se vencerá este miércoles, por lo que el Pleno del Congreso deberá sesionar para aprobar la resignación de una partida por 26 millones de pesos del presupuesto autorizado para este año, o bien el Ejecutivo tendría que recortar presupuesto a las distintas Secretarías para cumplir con lo que mandata la Corte.
El Ejecutivo y Legislativos deberán reasignar recursos al Poder Judicial para poder pagar las jubilaciones y pensiones a favor de 116 trabajadores que tuvieron que recurrir a la justicia federal, mediante igual número de controversias constitucionales, para acceder a este derecho.
Sin embargo, de no cumplir, los titulares de los Poderes referidos podrían ser sujetos a sanciones como la destitución; es decir, tanto el mandatario Cuauthémoc Blanco Bravo, como el presidente del Congreso, Alfonso Sotelo Martínez están en riesgo de ser destituidos de no acatar lo mandatado por el máximo órgano de justicia del país.
Desde el 14 de octubre, el titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado, Alejandro Villarreal Gasca se reunió con los diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado, para advertir sanciones administrativas y hasta la destitución del gobernador del estado y los representantes de Legislativo si no se reasignaban los recursos para cumplir con lo que mandó la Corte, pero el tema no avanzó, a pesar de la necesidad de reasignar recursos financieros del presupuesto de este año para cumplir con una orden de la SCJN.