Lo que pone en riesgo la integridad física del personal administrativo, precisó Israel Hernández
En suma, las autoridades no actuaron con antelación, previendo un escenario bélico, indicó
El sistema penitenciario opera con “omisiones y negligencias”, lo que pone en riesgo la integridad física del personal administrativo; en específico, en el penal de Atlacholoaya (donde, hace una semana, un conflicto interno desembocó en siete víctimas mortales). En suma, las autoridades no actuaron con antelación, previendo un escenario bélico.
Al respecto, el ombudsman morelense, Israel Hernández Cruz, enlistó dos elementos deficientes percibidos: 1. Cero prevención. 2. Desde la óptica de los familiares y del quehacer de los medios de información (en la cobertura), “la falta de información, que desde el día uno se ha dado a los familiares, a los medios”. Se dejaron de publicitar “los datos duros”.
Y, desde el ángulo de los custodios, que “tienen una relación de trabajo con el gobierno”, el problema denotó las insuficiencias laborales que imperan. Los empleados aprovecharon esta coyuntura, para manifestarse: “hicieron una voz común… exigiendo justas reclamaciones… lo único que les queda es la oposición…”.
Recordó que desde la Comisión de Derechos Humanos se pugnó por un operativo, a fin de sustraer los instrumentos ilegales (armas), que son utilizados para cometer “homicidios”.
Las condiciones en las que se trabaja ahí evidencian un “problema mayúsculo (y) estructural”; no se cumple con el objetivo de lograr “la reinserción de las personas que reciben como pena la comisión de un hecho”, que se traduce en la privación temporal de su libertad.
Las “omisiones son todas aquellas obligaciones constitucionales que se dejaron de hacer, para identificar estos grupos”, siendo que es una “obligación con jurisprudencia internacional”. “Es un deber del estado”. Acto seguido, estas deficiencias acarrearon la “pérdida de vidas”, lo que afecta los “derechos conexos”, como la salud.
Confirmó la apertura de un expediente, de “manera oficiosa”, sobre los hechos perpetrados el miércoles pasado, al interior del centro penitenciario. Existen “cuestiones que se no se han cumplido, en aras de tener un sistema de justicia integral”.
Recalcó que la custodia de los reclusos es responsabilidad de las autoridades estatales: “su integridad y la vida de ellos mismos, por lo que el identificar grupos con intereses contrarios (antagónicos)”, éstos se tiene que evitar. Asimismo, enfatizó que la vida y la salud de los antes aludidos competen al estado. “Merecen un trato digno”.
La Comisión se encuentra estructurando un expediente, a efecto de formular una recomendación, que esté dirigida a dilucidar “estas irregularidades”. El documento será dirigido a las instituciones involucradas.