Trabajadoras de la Guardería que se incendió en Hermosillo, Sonora, cobrando la vida de 49 menores hace una década, acusan que la CEAV les ha negado el reconocimiento de víctimas a pesar del estrés postraumático que sufren, lo que les ha impedido acceder al tratamiento médico que necesitan afectando su vida familiar
Hace una década, un incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, enlutó a México. El 5 de junio de 2009 fallecieron 49 niños, cuyos padres han luchado por obtener justicia hasta el día de hoy.
Sin embargo, las historias de algunas asistentes educativas, “las maestras” como son conocidas, no se escucharon, quedaron en el olvido. La sociedad les dio la espalda.
“No conocen nuestra versión, el otro lado de la moneda”, expresan al compartir sus testimonios de lo que ha sido su peregrinar para que se les reconozca también como víctimas de la Guardería ABC.
Para calmarlas, ese día del accidente, los doctores les dieron Clonazepam y Sertralina, medicamentos para atender ataques de pánico y estrés postraumático. Actualmente algunas todavía consumen fármacos para superar el trauma.
Las maestras solicitaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) las reconociera como parte de los agraviados, pero su petición fue rechazada
Además, no cuentan con una pensión digna y, al no soportar la carga emocional, sus vidas familiares se han visto gravemente afectadas.
Las educadoras desconocen si la Fiscalía General de la República (FGR), al reabrir la investigación del caso, les imputará algún delito por acción u omisión en el incendio de la guardia subrogada por el IMSS, pues como ellas dicen: “no somos culpables”.
Actualmente no han sido notificadas en caso de que se requiera ampliar su declaración.
Es por ello que llevaron su reclamo a Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la esperanza de encontrar una solución a los problemas con los que cargan desde hace más de una década.
Piden ser reconocidas como víctimas
Alma Dinorah Lucero Banda, Perla Alejandra Moreno Olguín, Mónica Alejandra Tanori Garibay, Ana Dignorah Valenzuela Nieblas y Guadalupe Bobadilla Pardo, cinco asistentes educativas, y Sylvia Edith Torres Ruiz y María Eugenia Galvez, dos trabajadoras de las 42 empleadas que laboraban en la guardería, decidieron mandar una carta al jefe del Ejecutivo.
Las exigencias de las educadoras son una pensión digna, acceso al CAICE, que se les reconozca como víctimas y que se les repare el daño de manera integral
Tres pidieron apoyo a su familia y a conocidos para poder viajar a la ciudad de México. Su objetivo, entregarle la misiva al presidente López Obrador con tres demandas.
Una pensión digna, ya que cuatro de ellas no tienen ese beneficio y el resto recibe entre 700 y mil 300 pesos mensuales.
Que todas tengan acceso al Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) del IMSS, ya que solo dos tienen esa prestación.
Que se les reconozca como víctimas y que se repare el daño de manera integral porque fueron diagnosticadas con estrés postraumático.
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“No somos culpables”, trabajadoras de Guardería ABC
A las maestras no las liquidaron conforme a la ley. “No tengo dinero y no tengo cómo pagarles”, recuerdan que les gritó Sandra Luz Téllez, una de las socias de la guardería.
“Nosotros qué íbamos a hacer, ni modo de pelear por algo económico, era más grande el dolor”, señala Perla Alejandra Moreno Olguín.
A los dos meses, presionaron a Mónica Alejandra Tanori Garibay para firmar el finiquito.
A 10 años de distancia puedo decir que fue una injusticia lo que vivimos ahí, lo que nos hicieron a nosotras, porque violaron nuestros derechos humanos
- Mónica Alejandra Tanori Garibay
Ex asistente educativa de la Guardería ABC
Las maestras rindieron su declaración ante la entonces PGR; participaron en la reconstrucción de hechos y dieron su testimonio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que realizó una investigación.
“Todo el mundo se acercó solo para usarnos. Se acercaron los ministros para usarnos, para sacarnos información. Se acercó mucha gente nada más para usarnos y criticarnos y después nos echaron la culpa en lugar de echarle la culpa a quienes causaron el incendio”, lamenta Lucero Banda.
Luego llegaron las dificultades para volver a conseguir empleo. Perla Alejandra Moreno intentó colocarse en otras dos guarderías, pero no logró trabajar nuevamente como asistente educativa. Los dos días que fue a trabajar no podía dejar de llorar. Hoy es ama de casa. No tiene un ingreso económico ni pensión.
Por su parte, Alma Dinorah Lucero Banda se desempeña como recepcionista en una oficina; su pensión es de mil 300 pesos.
“A todos los trabajos donde íbamos nos tachaban como maestras ABC, como si no sirviéramos para trabajar”.
Mónica Alejandra Tanori Garibay estudió leyes para defenderse, para pelear por sus derechos y levantar la voz. Logró que le otorgaran una pensión de 700 pesos mensuales.
“Queremos que se nos reconozca como víctimas porque nosotros no somos culpables, también somos víctimas, también vivimos lo mismo”, clama Perla Alejandra Moreno Olguín.
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Depender de los medicamentos
Alma Dinorah Lucero Banda cuidaba a 40 niños en el área de Lactantes C. Tenía ocho años trabajando ahí.
El día del incendio salió a una cita médica. Cuando regresó a la guardería la mandaron al Hospital Privado “Centro Internacional de Medicina” (CIMA) para reconocer a los lesionados. Iba muy alterada.
Maestras que laboraban en la Guardería ABC y vivieron el incendio recibieron Clonazepam para ayudarlas a tranquilizarse, 10 años más tarde, muchas de ellas siguen tomando este tipo de medicamentos en su intento por superar el estrés postraumático
Le dieron una “pastilla” para calmarla y que pudiera completar una tarea: identificar a los niños fallecidos. Le puso nombre y apellido a 21 de 22.
Lo que vivió esas horas aún la atormenta. Recuerda los zapatitos formados en fila. La atendieron psicólogos y psiquiatras porque tenía días sin dormir, finalmente le recetaron Clonazepam.
Por sufrir de estrés postraumático, Alma no atendió debidamente a su hija que ahora tiene 13 años. “La olvidé”, dice llorando.
Además su matrimonio terminó. “Mi esposo no me aguantó y me divorcié” porque sufría recurrentes crisis de ansiedad. Actualmente le recetaron Paroxetina, un antidepresivo.
A Perla Alejandra Moreno, de 33 años y quien estaba asignada a la sala Maternal A, también la enviaron al CIMA. Ella regresó a la guardería después de su turno para ayudar.
En ese momento le dieron Clonazepam para tranquilizarla y que pudiera reconocer a niños con lesiones severas. La marcó verlos hospitalizados.
Durante seis meses la joven durmió en el cuarto de sus padres con la luz prendida. Recordaba todo lo que vio en el hospital. Se la pasaba observando las fotografías de sus alumnos.
Entonces le prescribieron Sertralina y un doctor le dijo que por tanto medicamento se le pudo dañar la memoria ya que ahora no recuerda algunas situaciones
La joven se casó pero poco después cuenta que se separó un tiempo de su esposo por su estado de salud mental.
Confiesa que con su familia era muy agresiva. Aunque retomó su relación, dice que hay días en que no se quiere levantar de la cama.
Mónica Alejandra Tanori Garibay identificó a niños fallecidos en el hospital y en la morgue. Ahora desvía la mirada y evita dar detalles de lo que vivió en esas horas porque la mayoría de los niños de su sala, la maternal B2, fallecieron
Duró dos años sin dormir sola, debía tener la luz prendida. Suspendió la toma Citalopram (antidepresivo) y de Alprazolam (para trastornos de ansiedad) para lograr embarazarse en el 2010.
Tanori Garibay llora porque no pudo acompañar a su hijo a las actividades de preescolar porque se sentía muy afectada emocionalmente.Hoy está separada de su esposo y toma Alprazolam.
Para la psiquiatra Carmen Alvarez Icaza González no todas las personas que están expuestas a un evento trágico o violento desarrollan el estrés postraumático; pero en caso de que se presente y si se sienten amenazados pueden revivirlo como con pesadillas, recuerdos frecuentes, sensación de que el evento se puede volver a repetir, tener insomnio o sentirse ansioso.
“Muchas veces hay personas que después de un año de tratamiento farmacológico y de una terapia pueden remitir los síntomas, pero hay personas que pueden tener un efecto muy severo y realmente requieren un tratamiento farmacológico y terapéutico más prolongado”.
Esperanza de justicia
Las maestras demandan que se cumpla la recomendación 49/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en donde se pide, entre otros aspectos, que el IMSS brinde atención integral a los menores lesionados y a sus familiares, pero también a los trabajadores.
Tomen las medidas conducentes a efecto de que los trabajadores de la Guardería ABC, S. C., que resultaron afectados con motivo de los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 se les brinde la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación de por vida
- Recomendación 49/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Lucero Banda ha tenido el servicio del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) de forma intermitente. En algunas ocasiones ha tenido que pagar sus medicamentos y atención psicológica.
A Perla Alejandra Moreno Olguín y a Mónica Alejandra Tanori Garibay les quitaron el apoyo desde 2015.
Después de entregar su petición, la Comisión les indicó que el personal que laboraba en la estancia tiene la calidad de garante respecto de los niños y niñas, es decir, “es responsable de brindar auxilio y protección ante situaciones de inminente peligro”, como lo fue el incendio.
“De conformidad con lo previsto en el artículo 4, párrafo cuatro de la Ley General de Víctimas, la acreditación del daño es un requisito indispensable para el reconocimiento de la calidad de víctima, en el presente caso no se cumple con dicho requisito legal”, se lee en la resolución de la CEAV donde resolvió que era improcedente la petición.
Las asistentes educativas anunciaron que interpondrán un amparo y denunciaron que la CEAV fue insensible porque no se les notificó de la resolución, además de que les entregaron el mismo documento al que solo le cambiaron el nombre de cada una.
Reabrirá FGR investigación de Guardería ABC
El 2 de septiembre, tras sostener una reunión a puerta cerrada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, padres de la guardería ABC informaron que la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió la investigación.
En Hermosillo, Sonora, Zoé Robledo, director general del IMSS, señaló que el 22 de agosto se ratificó la denuncia ante la Fiscalía General de la República, en la que solicitan que se consideren los elementos del proyecto del ministro Arturo Zaldívar y la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Piden que se investigue a 14 a personas de todos los niveles de gobierno, además del exgobernador priista Eduardo Bours, quien se deslindó de los hechos y dejó el problema en manos federales y particulares como las de los dueños de la Guardería ABC.
En un intento porque se les reconozca su calidad de víctimas, trabajadoras de la Guardería ABC han acudido hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recibió una carta con sus peticiones pero no ha dado respuesta
El viernes 1 de noviembre, las maestras se apostaron afuera de Palacio Nacional y esperaron hasta que salió el presidente para inaugurar en el Zócalo capitalino la ofrenda monumental del Día de Muertos “Altar de Altares”. Tras varios intentos lograron llamar su atención.
“Somos maestras ABC, somos maestras ABC”, le gritaron. López Obrador se acercó y las saludó. Siguen a la espera de una respuesta.