Un letal diagnóstico errado
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, “se abre la posibilidad de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deje de ser una pantalla, un organismo alcahuete del régimen y se profundice en las investigaciones y se acabe con la impunidad, y se dé una respuesta a los familiares de las víctimas. Entonces, sí estoy contento con esta decisión”.
En cuanto que desde su nacimiento, hace 27 años, esa institución ha hecho un sinnúmero de señalamientos y recomendaciones a los distintos gobiernos (de Carlos Salinas de Gortari a la fecha), lo último que podría endilgársele es que ha sido un organismo encubridor. Tampoco es justo atribuirle responsabilidades que no tiene, ya que su tarea es denunciar públicamente a las instancias de gobierno que cometen violaciones a la dignidad de las personas.
La CNDH no tiene facultades para combatir la impunidad o dar “respuesta a los familiares de las víctimas”, ya que esto es obligación de las dependencias del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General de la República.
En su conferencia del viernes, el Presidente recargó la suerte: “Es normal que los conservadores no quieran que esto suceda. Ellos quisieran tener ahí a gente disciplinada, a modo, como ha sucedido en todo el periodo neoliberal. Puro especialista, experto, doctores graduados en universidades famosas de México y del extranjero, que se distinguían por cobrar bastante por su especialidad y profesionalismo, pues tenían que recibir muy buenos sueldos; pero al mismo tiempo siempre guardaban un silencio cómplice, encubrían, nada se sabía, a nadie se castigaba...”.
Frente a tales afirmaciones pueden consultarse las recomendaciones hechas desde su creación. Hasta 2016 llevaba 2 mil 536, dirigidas a diversas autoridades de los distintos poderes y órdenes de gobierno, y 3 mil 101 recordatorios y actualizaciones. Del total no le fue aceptado algo más de 10 por ciento pero casi el 90 restante fue admitido sin chistar.
A partir de 2011, los responsables de las instancias que se niegan a aceptar las recomendaciones de la CNDH quedaron obligados a “fundar, motivar y hacer pública su negativa”, imposición legal que, por citar un caso reciente, no han cumplido la Secretaría de Bienestar ni Desarrollo Integral de la Familia para exponer, con apego al constitucional “derecho superior de la infancia”, las razones de haber suspendido el apoyo presupuestal al Programa de Estancias Infantiles.
Rosario Piedra Ibarra, seleccionada en una discutible votación senatorial, tiene la misma idea equivocada sobre las funciones que pretende encabezar: a Pepe Cárdenas le dijo que ella verá “que no haya simulación” y “se responda a las víctimas” (puede apoyarlas, pero no necesariamente satisfacerlas, por ser éste el papel del gobierno), y de la gestión de Luis Raúl González Pérez opinó que “fue muy gris” y se dedicó a “favorecer al gobierno en turno...”.
O sea: no tiene la menor idea de la CNDH y menos de su incómodo último titular independiente.