Adjudican a Sarenggo dos contratos, por 146 y 202 millones de pesos, para que distribuya el dinero en efectivo de los programas sociales.
Sarenggo es la empresa de outsourcing que ha resultado beneficiada por los contratos que el Banco del Bienestar ha generado para realizar la entrega de dinero en efectivo a lo largo de territorio nacional. Primero, tal y como reportó Crónica en su momento, se le adjudicó directamente, sin licitación, un contrato por un monto máximo de 146.6 millones de pesos, para proporcionar personal de enero a abril. El contrato para cerrar el año es de 202 millones 804 mil 865 pesos como techo máximo.
Este último contrato fue licitado en un proceso que se realizó entre el 10 y el 29 de mayo pasado, fecha en la que Sarenggo fue notificada que se quedaba con los servicios durante todo el año.
Los dos contratos fueron efectuados bajo las siglas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), el organismo financiero del Estado cuya estructura fue ocupada para crear el Banco del Bienestar, con el que la 4T quiere administrar los apoyos directos que son nodales en el planteamiento del gobierno lopezobradorista.
La contratación del outsourcing tiene ese costo debido a que incluye al personal que maneja, empaca y entrega recursos en efectivo, rotulado en la contratación como “foráneo”, es decir, que operará en terreno para la entrega de recursos.
Este lunes, un texto de nuestro reportero Daniel Blancas da cuenta de que poco más de 168 mil millones de pesos para apoyos sociales están circulando en efectivo, generando la necesidad de que incluso fuerzas armadas custodien los traslados y entregas.
Fuentes del Banco del Bienestar comentaron que este tipo de operaciones en efectivo será sustituido poco a poco para realizarlas por métodos electrónicos bancarios cuando esto ya esté disponible en zonas rurales y aisladas el país.
Sarenggo, una empresa poco conocida en el ámbito de los outsourcing mexicanos, deberá proporcionar 2 mil 720 empleados foráneos, que son los que trabajan directamente el manejo de los dineros. Será ese ejército de pagadores los que cierren el primer año de operación de los programas de apoyo directo amlista.
Este personal puede lograr sueldos de 3 mil 300 en la mayor parte del país y poco más de 5 mil en la franja fronteriza norte.
Adicionalmente proporcionará 459 elementos como personal ubicado en las oficinas del Banco del Bienestar.
Entre los de oficinas del Banco están “coordinadores de proyecto” con sueldo de entre 48 mil y 55 mil pesos, de acuerdo a la documentación de la contratación. Sueldos bastante buenos, considerando las reducciones a salarios que vivió el gobierno federal. En este caso, se paga ese monto triangulando vía el outsourcing, es decir, oficialmente ese sueldo no existe en el gobierno federal.
Otras plazas de oficina van de los 26 mil a los 36 mil pesos.
En abril pasado, Crónica informó que el primer contrato adjudicado sin licitación fue un gran despegue para la empresa Sarenggo que en los dos años previos obtuvo tres contratos federales, también como outsourcing, pero que se limitaban a personal de limpieza de instalaciones para la delegación Querétaro del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y para el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (OPIT). Su pago bruto más grande en esos años fue por algo más de un millón de pesos y 11 meses de prestación del servicio.
En su momento, Bansefi (hoy Banco del bienestar) aclaró que del monto máximo del primer contrato estipulado en 146 millones de pesos, sólo se utilizó un aproximado de 85 millones, debido a que se paga sólo el costo del personal que se utiliza.
SIN LICITACIÓN, EL 45% DE CONTRATOS DEL GOBIERNO FEDERAL. El porcentaje de recursos económicos que la Administración Pública Federal ha movido sin licitaciones es de 45 por ciento, equivalente a 99 mil 851 millones de pesos que no fueron sujetos al concurso abierto de empresas, sino asignados a empresas elegidas por algún funcionario.
Lo licitado es 55 por ciento del total asignado hasta ahora, en tanto hay contratos que están no clasificados al tratarse de procesos en los que intervienen créditos u otro tipo de elementos que condicionan la entrega del contrato.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función pública, ha promovido que se privilegie la Licitación Pública y si bien el 55 por ciento de recursos en contratos asignados por esta vía es mejor que el de administraciones anteriores, está aún lejos del 75%-25% que muchas veces se ha señalado como deseable.
La titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ha promovido el uso de la licitación al grado de que la incluyó como un eje en la Ley de Austeridad de la que fue su principal redactora.
En el artículo 8 se lee: “En la adquisición de bienes muebles e inmuebles, su arrendamiento o contratación, se buscará la máxima economía, eficiencia y funcionalidad (…) se adjudicará por regla general y de manera prioritaria, a través de licitaciones públicas”.
Indica igualmente que las excepciones a la regla deberán estar plenamente justificadas ante el órgano encargado de control interno de la dependencia.
Cabe destacar que, en parte, el porcentaje de licitaciones no es más alto debido a que un buen número de contratos de montos medios y bajos fue asignado directamente, además de que se recurrió a invitación de tres o más empresas, un procedimiento que también implica competencia, pero que, sin embargo, es una excepción a la regla.