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HISTORIAS DE REPORTERO

Un grupo élite del Ejército está enojado
Operar casi en secreto era clave para su éxito. Pero el Presidente les quitó el camuflaje y ahora están muy enojados

Casi nadie sabía de la existencia de este grupo. Sus actividades se mantenían bajo sigilo, en buena medida para no exponer a sus integrantes ni a sus familias. Operar casi en secreto era clave para su éxito. Pero el Presidente les quitó el camuflaje y ahora están muy enojados.

El Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico, GAIN, es un cuerpo de inteligencia dentro del Ejército Mexicano creado en 1995 y que por su naturaleza se había mantenido lejos de los reflectores. Hasta que el gobierno actual decidió exhibir su existencia, como parte de su control de daños político tras el operativo fallido para detener al hijo de El Chapo Guzmán, Ovidio, en Culiacán, Sinaloa, realizado el 17 de octubre pasado.

En un hecho inédito, durante la transmisión en vivo de la conferencia mañanera del 31 de octubre, el presidente López Obrador ordenó al secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, que revelara al responsable del operativo. El nombre que se dio a conocer ese día fue el del teniente coronel de caballería Juan José Verde Montes, quien es el jefe nacional del GAIN y como tal, supervisó desde la Ciudad de México las acciones el día en que se intentó apresar a Ovidio Guzmán. Más grave aún, se revelaron datos internos del GAIN, su número de elementos y a qué capos del narco atrapó.

Ese grupo se especializa en diseñar y ejecutar operativos para la detención de jefes de los cárteles y cuenta con protocolos estrictos que deben seguirse en cada operación que emprende. En ellos se prevén situaciones como la que enfrentaron los militares cuando tenían ya en su poder al narcotraficante: existen planes de qué hacer al verse rodeados, como esa vez, en la que las fuerzas del cártel de Sinaloa los superaban en número. Fuentes de Inteligencia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional me confirman que ese día los protocolos se rompieron.

La clave, me aseguran, fue que la cabeza del GAIN, en vez de aplicar los protocolos en automático, pidió instrucciones al que en el papel es el máximo responsable de la estrategia de seguridad, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

Según este relato, en voz del secretario Durazo recibió la orden suspender las acciones y finalmente dejar en libertad a Ovidio Guzmán.

A un mes de distancia, hay todavía en la relación de hechos dada a conocer por el Ejército un lapso de tres horas en las que no se ha informado bien a bien lo que ocurrió: desde el momento en que el hijo de El Chapo estaba sometido por los militares hasta la hora en que lo dejaron libre.

Tras la crisis política que se le vino encima al gobierno federal, el presidente López Obrador decidió que el general Sandoval abriera la información durante la mañanera del 31 de octubre. Para sorpresa de muchos en el Ejército, ese día se reveló el número de elementos del GAIN, 190 de inteligencia y 350 de intervención, y se detalló que en el sitio de la detención de Ovidio Guzmán participaron 38 integrantes de ese cuerpo.

Se informó también que desde su creación, el GAIN ha detenido a 663 integrantes de la delincuencia organizada, 18 de ellos relevantes, y que desde el inicio de esta administración ha capturado a 46 delincuentes, 8 de ellos relevantes, de los que se identificó a tres: Eleno Madrigal Birrueta, Adrián Alonso Guerrero Covarrubias y Santiago Mazari Hernández (El Carrete, líder de Los Rojos).

En Inteligencia Militar hay malestar. No sólo fue expuesta la cabeza del GAIN sino que se dieron detalles de su operatividad y número de elementos, lo cual viola las reglas de sigilo bajo las que deben mantenerse a esos órganos por seguridad nacional. El sentir es que para salvar a los políticos se sacrificó al GAIN, y existe el temor de que sus elementos participantes en el operativo terminen procesados. Según las fuentes, la ruptura de los protocolos en una operación tan sensible implicaría la imputación de delitos que los podrían llevar a enfrentar penas hasta de 60 años de cárcel.

Ámbito: 
Nacional