Debido al clima de violencia, la Judicatura ha brindado vehículos blindados, escoltas y chalecos protectores a 79 impartidores de justicia
CIUDAD DE MÉXICO.
Jueces y magistrados de Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México perciben una amenaza a su integridad debido a su labor de impartir justicia en un clima de violencia generalizado, por lo que han solicitado protección especial al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
De los mil 403 jueces y magistrados que hay en todo el país, 79 cuentan con seguridad especial, lo que implica vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano.
Dichas medidas se suman a los servicios de escolta y automóviles blindados que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los consejeros que forman parte del CJF.
“El tema de plata o plomo en que se puedan sentir amenazados los jueces y los magistrados lo tenemos muy presente. Y hemos estado trabajando en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal para generar la mayor protección posible a los jueces y magistrados”, explicó Arturo Zaldívar, presidente de la Judicatura Federal.
En 2017 y 2018, el CJF gastó 188 millones de pesos en personal de seguridad y servicios de vigilancia con cámaras de circuito cerrado en todas sus instalaciones.
Tienen protección especial 79 jueces y magistrados
Despliegan protocolo de seguridad para los funcionarios en colaboración con autoridades federales para garantizar su integridad física.
Ante el peligro que perciben debido a su labor de impartir justicia tras el clima de violencia que permea en nuestro país, 5% de los jueces han recibido seguridad especial, principalmente en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y la propia Ciudad de México.
De los mil 403 jueces y magistrados que hay en todo el territorio nacional, 79 de ellos solicitaron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) formar parte de los protocolos de seguridad, por lo que cuentan con vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano con ellos.
Esto, además del servicio de escolta y automóviles blindados que se otorga a los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los consejeros que forman parte del CJF.
Desde que inició la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en el CJF, se comenzó a elaborar un nuevo protocolo de seguridad para los juzgadores en colaboración con autoridades federales para garantizar la integridad física de jueces y magistrados.
“El tema de plata o plomo en que se puedan sentir amenazados los jueces y los magistrados lo tenemos muy presente. Y hemos estado trabajando en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal para generar la mayor protección posible a los jueces y magistrados”, externó Zaldívar.
Incluso, el presidente del máximo tribunal del país explicó que hay regiones “donde hay más problemas, pues son donde el crimen organizado es más grave, pero a veces se lleva uno sorpresas y hay algunos otros circuitos donde hay de repente situaciones de emergencia que hay que atender”.
Excélsior solicitó mediante el derecho de acceso a la información conocer los detalles de los protocolos usados para la protección de los impartidores de justicia, sin embargo, la petición fue negada por razones de seguridad para los propios beneficiados.
Apenas a finales de 2018, el CJF envió un total de 70 camionetas blindadas, modelo 2017, para jueces y magistrados, que así lo solicitaron, tras considerar que corren algún tipo de riesgo al desempeñar su labor.
De acuerdo a fuentes del PJF, durante 2016, año en que fue asesinado un juez federal mientras se ejercitaba, fueron rechazadas seis solicitudes de medidas de seguridad a juzgadores de distrito y fueron finalizados 40 programas de vehículos blindados al tiempo que “algunos servicios de escolta dejaron de prestarse”.
En tanto, el Poder Judicial de la Federación en 2017 y 2018 destinó más de 200 millones de pesos en mecanismos de seguridad y servicios de vigilancia en cada uno de los centros de impartición de justicia de todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar la integridad de los trabajadores, así como de quienes visitan los juzgados y tribunales del país.
Operativo
Para garantizar la protección de los juzgadores, ya sea jueces de distrito o magistrados de circuito, consejeros y ministros, cuentan con el apoyo estratégico y operativo de varias autoridades federales e incluso de las policías de la Ciudad de México y de las entidades de la República.
Sumado a esto, todas las instalaciones pertenecientes al CJF cuentan con personal de seguridad contratado exclusivamente para este aspecto y sistemas de vigilancia con cámaras de circuito cerrado.
Para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia, tanto privada como la prestada por los gobiernos estatales, en 2017 y 2018 se utilizaron alrededor de 188 millones de pesos, según datos del propio Consejo.