La Secretaría de la Función Pública considera que el alto funcionario no estaba obligado a declarar la existencia de 25 propiedades y 12 empresas vinculadas a su pareja e hijos
La sombra de la corrupción se había extendido durante los últimos meses sobre Manuel Bartlett, salpicando una mancha en la principal bandera del Gobierno de López Obrador. Durante el verano, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la segunda empresa pública más grande de México, había sido acusado en una serie de investigaciones periodísticas de haber ocultado una millonaria fortuna en su declaración patrimonial. 25 propiedades por valor de más de 800 millones de pesos (unos 42 millones de dólares) y 12 empresas, alguna incluso dedicada al sector de la energía, registradas a nombre de su pareja e hijos. La secretaría de la Función Pública (SFP), el ministerio que fiscaliza las irregularidades administrativas, abrió una investigación propia y este jueves anunció los resultados: Bartlett no es culpable de nada.
Ni conflicto de interés, ni enriquecimiento oculto, ni tráfico de influencias. La SFP ha descartado todas las acusaciones, vertidas en 33 denuncias. “No se encuentran elementos para imputar faltas administrativas graves. Bartlett no estaba obligado a declarar los bienes investigados porque en entre los investigados en la red de vínculos familiares y de negocios investigadas, no hay relación de matrimonio, concubinato o dependencia económica”, apuntó en una rueda de prensa la secretaria Irma Eréndira Sandoval.
Julia Abdala Lemus es la pareja de Bartlett (83 años) durante más de 20 y aparece como titular de la mayoría de los bienes investigados. Sin embargo, no cumple los requisitos necesarios de la norma mexicana: matrimonio, convivencia durante al menos dos años, tener hijos juntos o ser dependiente económicamente de su pareja. “Por lo tanto, el investigado no está obligado a declarar sus bienes”, defendió Sandoval, que a continuación y para cerrar su comparecencia anunció un cambio en la normativa: “el año que viene todos los servidores públicos esteremos obligados a declarar todos los inmuebles de las personas con las que tengamos un vínculo sentimental”.
Consciente de la polémica que había generado las acusaciones contra uno de los pesos pesados del Gobierno, la secretaria enfatizó que la “nueva SFP no protege ni blinda a persona alguna”. Entre los golpes más sonados se cuentan las inhabilitaciones de Rosario Robles, exministra de Peña Nieto, o Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Ambos cuadros del PRI. Esta era la primera ocasión en que la lupa anticorrupción se posaba sobre un alto funcionario de Gobierno de Morena, que llegó al poder prometiendo tolerancia cero contra la corrupción.
El caso más espinoso es el de una de las compañías a nombre de Julia Abdala. JAL Consultoría presta servicios directamente relacionados con el cargo de su pareja: servicios de fibra oscura y ahorro de energía. Además, la empresa fue constituida en 2008, cuando Bartlett era senador y secretario de la Comisión de Energía de la Cámara Alta. La investigación de la SFP constato que la empresa está registrada como uno de los proveedores de la Secretaría de Energía. “Pero no existen contratos y la mera inscripción no representa obligación presente o futura. No hay indicios por tanto de conflicto de interés”, anunció Irma Eréndira Sandoval.
En otra de las empresas a nombre de Abdala, la investigación ha detectado la presencia de otro polémico personaje. El abogado José Juan Janeiro Rodríguez aparece con un cargo importante dentro de Digilogics, dedicada a prestar servicios de consultoría digital tanto a dependencias públicas como a empresas del sector privado. Janeiro es uno de los testaferros y nombres centrales en la trama mafiosa que llevó a prisión al exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte. La investigación anticorrupción del Gobierno mexicano no se ha pronunciado sobre este extremo.
Tampoco mereció mención alguna, el hecho de que una de las compañías a nombre de su hijo León Manuel, Cyber Robotics, dedicada a la distribución de equipo médico, recibió un contrato directo de dos millones de pesos de una de las adjudicaciones públicas directas ya en tiempos del Gobierno de López Obrador, en concreto, a favor de la secretaría de la Marina. Las conclusiones presentadas este jueves se limitaron a defender que los hijos de Bartlett “son mayores de edad y no son dependientes de su padre”.
Bartlett ha sido uno de los nombramientos más polémicos de López Obrador. Las cinco décadas de su currículo priista incluyen una secretaria de Gobernación durante el mandato de Miguel de la Madrid y de Educación con Carlos Salinas de Gortari. Su mayor polémica vino de su relación con Salinas. La noche electoral del 6 de julio de 1988, siendo aún secretario de Gobernación, fue él quien anunció que, por un problema técnico, no iba a ser posible hacer públicos los resultados. El suceso, que acabó dando la victoria a Salinas sobre el candidato perredista Cuauhtémoc Cárdenas, abrió todo tipo de especulaciones y denuncias por fraude y supone uno de los últimos agujeros negros del priismo. Pese a las polémicas que lo rodean, cuenta desde el principio con el apoyo del López Obrador, que ha encontrado en el veterano ex priista las virtudes de lealtad, experiencia, nostalgia e ideología que tanto valora.