Ni juicio pudiera haber
Las expectativas generadas por la detención de Genaro García Luna son tan altas que rebasan el alboroto causado por la extradición y el juicio de quien se dice lo sobornaba: Joaquín El Chapo Guzmán.
Que si “soltará la sopa” del presunto involucramiento de Felipe Calderón y/o Enrique Peña Nieto en el narcotráfico; de otros machuchones; que revelará complicidades ilegales con las agencias estadunidenses con que se coordinó (y lo colmaron de reconocimientos) y otras variantes de la misma melodía.
El sofisma es obvio: si se le acusó y capturó, es culpable.
Son también muchas las especulaciones desbordantes en juicios anticipados: el presidente López Obrador equipara el caso con el misterioso de Odebrecht (siguen ignorándose la actuación precisa y consecuente responsabilidad de Emilio Lozoya en el supuesto soborno) y hace decir a su secretario de Seguridad que en el actual gobierno los García Luna no tienen cabida.
Pero, como se ha visto en estos días con lo poco que se ha entendido en México la “negociación” entre la defensa y la fiscalía, lo cierto es que todo está por verse y en un clima mucho menos histérico. Inclusive hay un signo de que las cosas pueden ir menos pior para el detenido al permitírsele presentarse a su segunda audiencia con ropa de calle.
Hoy por hoy ni siquiera es seguro que el apetecible y morboso juicio se realice.
Pocos periodistas como Carlos Puig (no sé de otro en México) saben tanto de las prácticas legales en ese país y ayer, en su Duda razonable, publicó que “la mayor parte de las acusaciones en Estados Unidos terminan en un acuerdo similar; nueve de cada diez en cortes federales” como la que lleva el caso de García Luna.
Ese tipo de “machotes” o formatos son comunes en los procesos criminales: un trámite necesario para justificar retrasos o dilaciones en la aplicación de los tiempos legales previstos para llevar un caso a juicio. Lo iniciado es un proceso de negociación para evitar llegar a un juicio, lo que no necesariamente significa que García Luna esté dispuesto a apechugar acusaciones ni siquiera menores y vaya a declararse culpable.
Más: por improbable que se antoje, la fiscalía puede terminar con la batea de babas de retirar los cargos por no tener evidencia suficiente con el dicho de sus testigos protegidos, o porque tenga información más importante para levantar otros cargos.
Para iniciar pláticas con el Departamento de Justicia, que le demanda su “amplia y plena colaboración”, el ex secretario debe pasar por esta fase de negociación, pero no cambia en nada, por lo pronto al menos, su declaración anterior de “no culpable”.
Como bien ilustra Puig, la negociación “tiene que ver con la calidad de la evidencia” contra el acusado “y la fuerza y calidad de las pruebas que podría presentar la defensa”, de donde se desprende “la probabilidad de que en un juicio la fiscalía podría perder los casos, cosa que toda fiscalía odia...”.