El Gobierno de López Obrador admite que aún no hay resultados que esclarezcan el destino de los 43 estudiantes desaparecidos
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue sin esclarecerse a 13 meses de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y más de cinco años de su desaparición. México ha accedido a una petición de la Organización de Estados Americanos vía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) regresen a las pesquisas, después de romper con las autoridades mexicanas en 2016. "Yo quisiera tener ya resultados; es una espina que tenemos clavada", ha comentado este jueves López Obrador en su conferencia matutina, unas horas antes de reunirse con los padres de las víctimas. "Esperamos que el GIEI pueda fortalecer la investigación", ha dicho Vidulfo Rosales, portavoz de los familiares tras el encuentro en el Palacio Nacional, la sede del Ejecutivo mexicano.
Los expertos que retomarán las investigaciones son los abogados Ángela Buitrago, Claudia Paz y Francisco Cox, así como el médico Carlos Beristain, de acuerdo con el Centro Prodh, que ha acompañado el caso. Rosales ha descartado que el regreso de los expertos implique que se tengan que reiniciar las investigaciones por completo y ha refrendado el voto de confianza de los familiares en los esfuerzos del Gobierno para saber qué sucedió con los alumnos de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero, al sur del país. Los estudiantes desaparecieron en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014 después de ser detenidos por policías.
Tras la reunión, en la que también participaron la secretaria de Gobernación (el equivalente al Ministerio del Interior), Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se dio a conocer que se hallaron nuevos restos que serán analizados para determinar si corresponden a los desaparecidos. No se ha aclarado de qué tipo de restos se trata ni el lugar exacto donde fueron encontrados, más allá de que los sitios de investigación son cercanos a Iguala, pero el portavoz de los familiares ha dicho que la evidencia será analizada en México y Austria, y que podría haber resultados entre marzo y abril próximos.
Las alarmas del caso se encendieron el año pasado después de que una serie de violaciones a derechos humanos e irregularidades en el proceso legal derivaran en la liberación de más de la mitad de los 142 acusados. Encinas, comisionado por López Obrador para resolver el caso, junto a la Fiscalía General de la República, cargó contra el juez que autorizó las liberaciones y calificó los fallos como una "infamia". Las investigaciones, dijeron las autoridades, debían partir desde cero.
Las autoridades han culpado a sus antecesores del naufragio legal del caso, que han sido señalados por arrancar confesiones con torturas y de fabricar elementos para defender la hipótesis de la llamada "verdad histórica": la línea de investigación que respaldó la Administración de Peña Nieto. Esa versión aseguraba que los normalistas habían sido quemados hasta ser reducidos a cenizas en el basurero de Cocula, una comunidad cercana a Iguala. El Gobierno de López Obrador, sin embargo, tuvo la posibilidad de presentar nuevas pruebas que impidieran la liberación en cadena de los sospechosos, pero ese proceso no se completó con éxito.
El Gobierno y los familiares acordaron en septiembre del año pasado reunirse cada dos meses para compartir avances en las investigaciones, que López Obrador ha asumido como una tarea de Estado. "No es un asunto de falta de recursos ni de voluntad", ha insistido el mandatario. Las autoridades mexicanas ofrecieron el año pasado recompensas de 1,5 millones de pesos (75.000 dólares) a quien aporte nuevos datos a la investigación y de 10 millones de pesos (500.000 dólares) por información que lleve a la captura de Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales sospechosos.
Antes de abandonar México hace casi cuatro años, el GIEI entregó un informe con 20 recomendaciones y en el que impugnan la versión oficial del caso, tras un año y medio de trabajo. Los peritos acusaron al Gobierno de Peña Nieto de dilatar, obstruir y evitar una investigación a fondo del caso. "Entre estas cuestiones están la falta de diligencia, negligencia o destrucción de evidencia en diferentes momentos de la investigación", rezaba el informe final del grupo de expertos, que un año después acusaron que fueron espiados. Los familiares confían en que el regreso de los expertos pueda arrojar nueva luz sobre el caso, una herida abierta en la lucha por los desaparecidos en México. Esta semana, tras una revisión, el Gobierno mexicano elevó la cifra de desaparecidos de la guerra contra el narcotráfico a más de 60.000 desapariciones.