¿Presunción de inocencia y debido proceso en México?
El caso García Luna es de la mayor relevancia; solo imaginar que estuvo involucrado con el narcotráfico cuando era secretario de Seguridad Pública en México es para horrorizar a cualquiera.
Sin embargo, lo que hasta hoy se conoce es que en Estados Unidos un capo mexicano declaró haberle entregado maletines con cinco millones de dólares en un restorán. ¿Un funcionario que manejó miles de millones, muchos de ellos en efectivo para operativos, fue tan idiota? ¿Qué pruebas tienen allá? No lo sabemos, habrá que esperar.
También se ha dado a conocer que García Luna está en pláticas con la fiscalía yanqui para evitar un largo proceso en prisión y, tal vez, una condena. Lo raro es que el hoy investigado durante muchos años gozó de toda la confianza y colaboración de la DEA, la CIA y el FBI, que además le prodigaron todo tipo de diplomas y reconocimientos. ¿A todos ellos engañó, estaban coludidos o es inocente de esos cargos?
Lo cierto hasta hoy es que:
1) La justicia norteamericana acostumbra negociar con los imputados a cambio de información y dinero, las culpabilidades le son secundarias. Pronto sabremos si hubo acuerdo y su contenido.
2) La sociedad mexicana —sobre todo su clase política— es adicta a los linchamientos mediáticos, no espera a que concluyan los procedimientos judiciales, ni le importa conocer o ponderar pruebas; aquí las noticias son suficientes para que se dé la difamación vociferante contra el que sea.
3) Muchas autoridades linchan con declaraciones, a veces falsas y siempre irresponsables, que violan el derecho humano y constitucional de presunción de inocencia. De ahí los merecidos reconocimientos que ha recibido el fiscal general Gertz Manero por lo que con singular valor denunció respecto de las filtraciones hechas por funcionarios de gobierno sobre asuntos aún no resueltos, afectando el debido proceso y deshonrando a quienes no han recibido sentencia que los tenga por criminales.
Absolver o condenar al ex secretario en este momento es arbitrario; y el que acuse a Calderón de haber conocido los supuestos vínculos de García Luna con el crimen organizado, si no aporta pruebas, es simplemente perverso y cobarde. Muy diferente será si se acreditan en juicio los crímenes que se imputan a García Luna, entonces sí tendría Calderón responsabilidad política, por culpa in-vigilando. En un cargo público de ese nivel debe ser mayor el escrutinio y la vigilancia de quien lo puso, y éste fue Calderón. Repito: lo honesto es no prejuzgar.
Creo que el principal interés de García Luna por negociar en Estados Unidos es que no lo traigan a México, porque nuestra “justicia” ya lo quemó en leña verde, aquí ninguna prueba de descargo le será suficiente, es un condenado… como otros que aún están en capilla pero ya deshonrados. Nada ha cambiado, sigue la barbarie en la T4ª.