Flagrante violación
Rectores de las universidades públicas más importantes del país no dejaron pasar la”flagrante violación” cometida por el Congreso estatal contra la Universidad Autónoma de Nayarit.
Diputados locales aprobaron una iniciativa del gobernador Antonio Echevarría, que introdujo cambios en el gobierno y la administración universitaria para ajustarlos a los intereses políticos del mandatario estatal.
Entre los 20 rectores que rechazaron explícitamente la violación a la autonomía de la UAN están Enrique Graue, de la UNAM; Ricardo Villanueva, de la UdeG; y Rogelio Guillermo Garza, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Los rectores denuncian que los cambios se hicieron en un proceso antidemocrático, pues se hicieron a espaldas de la comunidad universitaria.
El riesgo es que el ejemplo del gobernador de Nayarit, de arremeter contra la autonomía universitaria, se extienda a otros ámbitos.
Corazonada salvadora
Tal vez tuvieron un presentimiento o acaso vieron venir un periodo de caos, pero lo cierto es que los directores generales del IMSS y del ISSSTE hicieron bien en no subirse al tren del Insabi.
La idea original de la 4T era unir a todas las instituciones que ofrecen servicios de salud a la población en un solo esquema. Si Zoé Robledo y Luis Antonio Ramírez hubieran aceptado, hoy esas instituciones torales serían parte del galimatías.
IMSS e ISSSTE tienen programas y proyectos de acuerdo al número de derechohabientes, lo que les da una oportunidad de control que se perdió en la transformación del Seguro Popular en Instituto de Salud para el Bienestar, que tal vez tenga, como dijo Germán Martínez, corazón lopezobradorista, pero le falta cabeza eso que ni qué.
Transporte amafiado
Los mandos de la Sedena sabían desde el principio que el tema de los camiones que transportan materiales de construcción, tezontle, grava y arena, sería un dolor de cabeza para el proyecto de Santa Lucía.
Se trata de grupos de presión que tienen bajo control un negocio pingüe al que le quieren sacar todo el provecho posible.
Su voracidad quedó al descubierto desde el proyecto de Texcoco y se replica ahora en Santa Lucía.
Por eso la Sedena, metida a constructora, ideó el sistema de que los camiones dejaran el material a la entrada del aeropuerto y no se movieran por dentro de las instalaciones.
Si los hubieran dejado pasar, la acumulación de tráileres hubiera sido adentro del aeropuerto y no en el Zócalo o en la carretera de Pachuca.
¿Cuestión de leyes?
Nada garantiza que nuevas leyes o penas más severas inhiban cometer delitos como la extorsión telefónica. Los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal en el Senado y Mario Delgado en diputados, van por considerarlo delito grave. Partidos opositores como Movimiento Ciudadano y el PRD dicen que lo que se necesita es que el marco legal vigente se cumpla.
No se cumple porque hay corrupción, por ejemplo en las cárceles, donde están prohibidos los celulares. Además hay falta de coordinación entre autoridades, empresas telefónicas y bancos implicados en el delito.
El delito va al alza por deficiencias en la estrategia para combatirlo, no por un endeble andamiaje legal.