El endurecimiento propuesto por el presidente mexicano implica un retroceso que entraña violaciones a la Constitución y a los derechos humanos, advierten los especialistas
La propuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para trasformar el sistema de justicia en México ha sido recibida con duras críticas y preocupación entre los círculos de académicos y las organizaciones de la sociedad civil. En el centro de la discusión están las implicaciones que tendría el paquete de nueve reformas impulsado por el Ejecutivo sobre la presunción de inocencia y la independencia del Poder Judicial. Las propuestas incluso podrían contradecir a la Constitución, según los borradores que circularon horas antes de su llegada al Senado y cuya filtración llevó a los legisladores a posponer su presentación oficial hasta febrero.
"No impondremos normas que afecten los derechos fundamentales", dijo el miércoles el senador Ricardo Monreal, líder parlamentario de Morena, el partido gobernante, en la presentación de las iniciativas. La mala recepción de las propuestas y la falta de consenso que tienen dentro del Gabinete han ralentizado uno de los grandes pendientes de la Administración López Obrador. El ambicioso intento por reformar el sistema judicial ha tenido un inicio difícil. "Lo mejor es que todavía no se haya presentado", comenta Carlos de la Rosa, especialista en justicia penal y candidato a doctor por la universidad de Yale.
El paquete de reformas ha sido considerado como un intento de endurecimiento de la justicia. "Es de carácter inquisitivo y resulta regresiva", apunta Álvaro Vizcaíno, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Los especialistas consultados advierten de que las propuestas no resolverán "de un plumazo" las crisis de inseguridad e impunidad sino que podrían, incluso, empeorarlas. "Si no se hace bien, puede ser un caos", vaticina el profesor Rubén Uriza, de la Escuela Libre de Derecho.
Uno de los puntos más polémicos es la ampliación de los delitos que ameritan el arraigo de un sospechoso. Esta medida ha sido criticada en México porque permite al ministerio público detener a una persona mientras se reúnen pruebas y se presenta una acusación formal en su contra. El arraigo solo está contemplado en la Constitución como una medida contra la delincuencia organizada. "Si esto pasa, es gravísimo, estamos hablando de detener a ciudadanos sin pruebas", lamenta De la Rosa. Entre otros cambios propuestos está el crear la "presunción de responsabilidad", en la que se puede señalar como responsable a alguien que se niegue a participar de una investigación o peritaje.
De la Rosa critica la propuesta porque retoma una medida utilizada en el pasado que llevó al fracaso. Durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), en el inicio de la guerra contra el narcotráfico, hubo alrededor de 4.000 arraigos. Solo en poco más de 120 casos se actuó penalmente, señaló el exprocurador general Jesús Murillo Karam en 2012, al arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto. "No funciona porque fomenta las detenciones arbitrarias, sin un trabajo previo de investigación", señala el especialista en justicia penal, que considera que una estrategia más efectiva es que se asiente el Sistema Penal Acusatorio puesto en marcha en 2008.
Las iniciativas ideadas por la abogacía de la presidencia y la Fiscalía también aumentan la discrecionalidad de los fiscales. De aprobarse las normas, estos podrían admitir pruebas obtenidas de forma ilegal si es que los jueces consideran que el error puede subsanarse. Se pide también a los abogados defensores que se conduzcan apegados a la "verdad", lo que resulta problemático, apunta Uriza. "¿Cuál verdad, la del ministerio público?", cuestiona.
Otra propuesta duramente recibida es la eliminación en los jueces de control, encargados de reunir y valorar las evidencias en la fase previa a un juicio. Esto significaría que un mismo juez reúne las pruebas y da su fallo. "Daña la imparcialidad porque tienes jueces-fiscales, que son juez y parte", alerta Vizcaíno. El Senado sería el encargado de vigilar y nombrar a jueces y magistrados por periodos de nueve años, lo que supone controles del poder Legislativo al Judicial, y anula al Consejo de la Judicatura, el órgano que fiscaliza a los impartidores de justicia.
Un código penal nacional
Uno de los puntos más mencionados es la creación de un Código Penal único. Actualmente, los 32 Estados del país tienen su propio código, lo que resulta en catálogos diferentes de delitos y castigos. La idea es reunir uno solo de delitos prioritarios y homologar los criterios. El proyecto contempla delitos como el feminicidio, pero evita el aborto, la eutanasia y los delitos sexuales, que se legislarían en el fuero común local. "No estamos hablando de un código único, estamos hablando de otro código más", señala Uriza, que califica el intento como "reformitis". "La promesa más vieja de campaña es ampliar y endurecer las penas de los delitos, por eso el afán de reformar y cambiar todo", agrega el especialista.
"Se cree que basta cambiar las leyes para cambiar la realidad y que con leyes más agresivas va a disminuir la incidencia delictiva, pero es una falacia", critica Rodrigo Soto Morales, profesor de la Universidad Panamericana. El académico afirma que la nueva reforma podría diezmar las instituciones y su autonomía a merced de un populismo legislativo y penal. "Es un disparo de perdigón pues no están midiendo las consecuencias de estas reformas", agrega.