El turno del INE
El gobierno ha sido eficaz en concentrar el poder, diluir la oposición, y diluir o capturar los órganos autónomos del Estado.
El Ejecutivo ha ejercido el Poder Legislativo como propio, tiene tomada parte del Poder Judicial y de la soberanía de los estados.
Ha mostrado su decisión de gobernar saltándose a las instituciones autónomas: ignorándolas o capturándolas.
Ha capturado las comisiones reguladoras de Energía y de Hidrocarburos.
Ha desvanecido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en una toma ilegal de su presidencia, con la penosa designación de un penoso personaje.
Responde lo menos posible a los requerimientos del Instituto Federal de Acceso a la Información, congelando con ello su utilidad para la ciudadanía.
Todo indica que el turno de desmantelamiento o captura es del Instituto Nacional Electoral, con vistas a las elecciones de 2021.
Al menos dos pasos se han dado ya camino a esa cirugía política.
Primero, el INE ha sido llevado a un pleito político de callejón por la exigencia de la Secretaría de Gobernación de que entregue el padrón electoral al gobierno, para que éste cree una cédula de identidad nacional. El INE está impedido legalmente para hacer lo que le piden, pero es lo que le piden.
Segundo, el contralor interno del INE, nombrado por la mayoría de Morena en 2019, ha iniciado una investigación contra la Junta General Ejecutiva del propio instituto, por “posible violación directa a la constitución” y posible “daño patrimonial”.
La querella es porque la Junta sostuvo la vigencia de sueldos superiores a los topes de la nueva ley de remuneraciones, aduciendo que lo merecían legalmente por su grado de especialidad.
La indagatoria sostiene que muchos de los puestos no ameritan legalmente el sobresueldo y se inicia sin esperar a que la Suprema Corte defina sobre el particular, en la controversia constitucional presentada por el INE.
La cirugía está en marcha. La pregunta es de qué tamaño será: si una captura “suave”, como las de las comisiones energéticas y el Poder Judicial, o una toma dura, acompañada de una reforma electoral que cambie reglas sustanciales del juego para el INE y para la democracia mexicana.