La sociedad civil ha interpuesto decenas de amparos para intentar detener los megaproyectos que busca implementar el Gobierno federal, pues acusan que violentan sus derechos humanos y dañan el medio ambiente, sin embargo las autoridades han implementado todas las acciones posibles para contrarrestar estas acciones legales
En México, el Gobierno federal encontró la forma de sortear los amparos interpuestos por la sociedad civil y las comunidades indígenas para frenar los megaproyectos que violan sus derechos humanos.
El colectivo #NoMásDerroches tramitó en total 150 amparos y tenía 6 suspensiones definitivas para frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, pero en octubre de 2019, un tribunal federal revocó la suspensión definitiva que detenía el arranque del proyecto.
Para eludir los amparos, el gobierno clasificó la obra como una instalación estratégica de seguridad nacional
El día 17 del mismo mes, Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo a la construcción del aeropuerto, cuya inauguración está prometida para el 21 de marzo de 2022.
“Lo que hicieron fue un auténtico y total desvío de poder, hicieron una declaratoria general de instalaciones estratégicas de todos los bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional del país, únicamente para ganar un argumento legal. Esta ilegalidad evidentemente fue aprobada por el Juez de Distrito”, explica Gerardo Carrasco del colectivo #NoMásDerroches.
Para evitar que amparos retrasen o impidan obras y megaproyectos, el senador Ricardo Monreal, de Morena, anunció en enero de este 2020 una serie de iniciativas para reformar la Constitución y la Ley de Amparo.
La propuesta de Monreal buscaba que los ciudadanos no pudieran interponer esta figura legal contra los megaproyectos y que dichas obras fueran consideradas de interés colectivo por encima de las afectaciones individuales. Sin embargo, días después decidió no presentar las propuestas que había anunciado.
El problema es que se quiere hacer todo a la prisa y sin respetar la Constitución ni la Ley, entonces realmente estamos viendo una crisis de falta de respeto a nuestro país; lo más grave es que se está normalizando la violación a la Constitución y a las leyesPero no solo a través de acciones legales el Gobierno federal busca seguir adelante con sus obras, también se ha valido de otros medios como la descalificación
- Gerardo Carrasco
Integrante del colectivo #NoMásDerroches
Uno de los ejemplos más claros fue la manera en la que Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), desacreditó la suspensión provisional de la ejecución del Tren Maya que se logró en Campeche, uno de los cinco estados que atravesará la obra.
“Dieron una primera suspensión provisional en contra del Tren Maya la semana pasada y de manera automática fue desacreditada por parte del titular de Fonatur, y así lo veremos con cualquier otro tipo de proyecto que llegue a encontrar un contrapeso ciudadano”, dice Carrasco.
Aunque el Gobierno federal tiene previsto arrancar los primeros trabajos del megaproyecto para el mes de abril de este 2020, el Poder Judicial de la Federación otorgó el pasado 14 de enero la suspensión a comunidades indígenas de Xpujil, en Calakmul, Campeche, que pertenecen al Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).
Este hecho se dio luego de que interpusieron una solicitud de amparo por las violaciones a sus derechos humanos que sufrieron durante la consulta indígena realizada entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del 2019.
Las comunidades originarias acusan que las consultas para los megaproyectos no han sido previas ni informadas
Las comunidades originarias acusan que las consultas para los megaproyectos no han sido previas ni informadas
La solicitud de amparo señala que el proceso de consulta que se realizó en las comunidades fue simulado y fraudulento; y que no cumplió con los estándares internacionales del Convenio 196 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
“No es que nos opongamos al Tren o al proyecto porque sí, sino porque la manera en la que se han realizado las consultas y las licitaciones violenta el Pacto Federal que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tanto los derechos fundamentales de los indígenas y de los pueblos originarios de la zona.
“Primero, las autoridades no tienen información suficiente para decir cabalmente y de manera certera cómo es que va a impactar el territorio, los recursos naturales, el acceso al agua y la vida de la gente ahí”, dice Elisa Cruz Rueda, asesora jurídica del (CRIPX).
Cruz señala que además el proyecto ya estaba decidido por el presidente López Obrador y solo se legitimó con la consulta.
“Desde que llegó AMLO al poder anunció que el tren va porque va. Entonces violenta el principio de previa consulta informada, porque si ya decidió y desde entonces ya se había señalado un presupuesto para ello, ¿para qué consulta? Ese es el requisito de la consulta, tiene que ser previo a que se aprueba un proyecto y ya lo tenían aprobado”, acusa.
Sin embargo, el director de Fonatur negó que el gobierno haya sido notificado de la suspensión temporal y rechazó que se tratara de comunidades enteras las que están en desacuerdo. Jiménez Pons señaló que la inconformidad es de un pequeño grupo en Xpujil, al cual dijo que no le gusta el desarrollo ni el avance. “Todo es mediático, todo es distorsión”, señaló.
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ONU rechaza consulta
La consulta para la realización del Tren Maya tampoco fue avalada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), quien participó como observador del proceso.
El órgano señaló que no se cumplieron los estándares internacionales, ya que solo se hizo referencia a los beneficios y no se informó sobre los impactos negativos.
“La Oficina escuchó participaciones que indicaban que los tiempos de consulta fueron muy cortos, que las traducciones, cuando las había, no eran adecuadas, que muchas personas no pudieron desplazarse por la falta de recursos económicos.
“Y que la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades”, señaló en un comunicado emitido el 19 de diciembre de 2019.
Alertan por amenazas a opositores de megaproyectos
La muerte de Homero Gómez y Raúl Hernández, dos protectores de la mariposa monarca en Michoacán en menos de una semana, pusieron de luto al país y evidenciaron el peligro que viven los defensores del medio ambiente en México.
Homero tenía 50 años de edad y presidía el santuario El Rosario de la Mariposa Monarca. Había denunciado la tala ilegal como uno de los principales daños a la especie y en sus redes sociales subía videos sobre ésta e invitaba a conocerla. Tras dos semanas de estar desaparecido, el pasado 29 de enero fue hallado su cuerpo.
De acuerdo con datos de Amnistía Internacional, en el 2019 fueron asesinados 24 defensores de derechos humanos, la mayoría enfocados en temas ambientales, en territorio mexicano. Según los informes, México es uno de los países más peligrosos para estas personas.
En este contexto se encuentran los pobladores indígenas que interpusieron el amparo para detener el proyecto del Tren Maya.
Tememos mucho por la integridad de los compañeros que se atrevieron a firmar el amparo, sobre todo por esta actitud del Gobierno federal de desacreditar y tratar de minimizar con adjetivos peyorativos a los quejosos
- Elisa Cruz Rueda
Asesora jurídica del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil
“Nos preocupa más porque tenemos evidencia de que están creando un clima de confrontación en la zona y están focalizando justamente a los compañeros del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, de la cual son miembros los compañeros quejosos en la demanda de amparo”, señala Elisa Cruz Rueda, asesora jurídica del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).
La abogada también recuerda las muertes de Horacio y de su compañero en Michoacán y dice que mientras estos decesos no se esclarezcan se consideran como asesinatos por su activismo.
“Pedimos mesura al Gobierno mexicano y que se abstenga de estar arengando a la gente en la zona y que los responsabilizamos de cualquier daño que sufran en su integridad y patrimonio a los compañeros que han firmado el amparo”, agrega sobre lo que sucede en Calakmul.
Ambientalistas y defensores del medio ambiente que se oponen a los megaproyectos que busca implementar la actual administración acusan haber sido víctimas de amenazas, por lo que temen por sus vidas
Entre los casos más conocidos de defensores de la Tierra asesinados en México está el de Samir Flores, un activista indígena del estado de Morelos que fue despojado de su vida el miércoles 20 de febrero de 2019.
Él se oponía a la operación de la Termoeléctrica de Huexca, otro de los megaproyectos de la 4T en la entidad, debido al daño que ésta causaría, pero días antes de la consulta convocada por el actual Gobierno federal, fue baleado afuera de su casa.
A casi un año de su homicidio se ha convertido en un símbolo de la resistencia contra ese megaproyecto. Sin embargo, su muerte continúa impune.
Otro de los casos es el de Isidro Baldenegro, líder indígena en Chihuahua y ganador del premio ambiental Goldman 2005. En ese estado también fue asesinado el defensor ambientalista Julián Carrillo en octubre de 2018.
México es considerado como uno de los países más peligrosos a nivel mundial para los ambientalistas y defensores del medio ambiente
México es considerado como uno de los países más peligrosos a nivel mundial para los ambientalistas y defensores del medio ambiente
Anuncia Semarnat medidas
Luego de la muerte de Homero Gómez, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, dijo que impulsará una iniciativa para generar un cuerpo especializado que permita abrir una línea de defensa, prevención y protección a los ambientalistas.
Datos de Amnistía Internacional revelan que en el 2019 fueron asesinados 24 defensores de derechos humanos, la mayoría enfocados en temas ambientales
Toledo espera que la muerte de Gómez se esclarezca y condena la violencia que viven los activistas que defienden los recursos naturales del país.
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Aprendizaje positivo
Perder los juicios de amparo en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía fue positivo para Gerardo Carrasco, integrante del colectivo #NoMásDerroches, ya que se obtuvo una cobertura mediática nunca antes vista durante el tiempo que duró el proceso.
“Lo vemos como un caso de éxito, logramos entender que aunque pensamos que todo estaba perdido por una decisión tomada con la mano azotada sobre la mesa, sí hay alternativas todavía, como la jurisdiccional; además tuvimos una cobertura mediática como pocas”, señala Carrasco.
Los amparos son los únicos contrapesos legales con los que los ciudadanos pueden defender sus derechos humanos y tratar de poner fin a obras y decisiones que carecen de sustento legal
Este grupo interpuso un total de 150 juicios de amparo que finalmente no fueron aceptados, pero Carrasco explica que no todo está perdido y que esperan que las cosas mejoren y se agilicen con la implementación de la reforma al Poder Judicial.
“Desde mi punto de vista, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, está tratando de ponderar y de defender al Poder Judicial, evidentemente al tener el Ejecutivo una mayoría arrasante en el Congreso de la Unión dejan a la Corte sin mucha opción para tratar de negociar que se le respete su plena autonomía”, dice.
Carrasco señala que los amparos son los únicos contrapesos legales con los que los ciudadanos pueden defender sus derechos humanos y tratar de poner fin a obras, megaproyectos y decisiones que carecen de sustento legal.
“Entonces entre más cerrada veamos esta puerta por cuestiones fácticas y presiones injustificadas por parte del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, cada vez más los ciudadanos nos vamos quedando con menos herramientas para proteger nuestros derechos constitucionales. Al parecer esta será la tendencia”.
El colectivo #NoMásDerroches tramitó en total 150 amparos y tenía 6 suspensiones definitivas para frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
El colectivo #NoMásDerroches tramitó en total 150 amparos y tenía 6 suspensiones definitivas para frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
En el caso del aeropuerto de Santa Lucía, Carrasco señala que hay irregularidades como falta de claridad financiera, de viabilidad técnica, jurídica y aeronáutica. También se carece de una evaluación de impacto ambiental.
Las irregularidades siguen siendo las mismas que las del año pasado, las mismas desde antes que se revocaran las suspensiones, solamente que de facto el Poder Judicial le permitió al presidente construir un aeropuerto sin estudios y sin permisos y las consecuencias las veremos hasta después
- Gerardo Carrasco
Integrante del colectivo #NoMásDerroches
Elisa Cruz Rueda, asesora legal del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), señala que aún faltan audiencias para que haya una suspensión definitiva del proyecto del Tren Maya, pero que de revocarse irán ante instancias internacionales.