Seis agentes están investigados y redoblan las críticas contra el fiscal por desdeñar las investigaciones con perspectiva de género
El asesinato y descuartizamiento de Ingrid Escamilla en Ciudad de México el pasado fin de semana a manos de su pareja ha sido la chispa para un debate que venía cargado de combustible desde que días atrás el fiscal general de la República sugirió la inutilidad del feminicidio como tipo penal, algo que puso en guardia a la comunidad feminista. Por si fuera poco, el presidente Andrés Manuel López Obrador se enfadó en la mañanera de este lunes cuando le preguntaron al respecto, porque esa cuestión interfería con el mensaje que él quería mandar sobre otro asunto. Y para colmo de indignación en las redes sociales, el crimen de esta mujer ha sido tratado en algunos medios de comunicación con toda la sangre que cabe en las imágenes. Pero antes las había filtrado la policía: la Fiscalía General de la ciudad ha abierto una investigación sobre seis de los agentes que desempeñaron su labor en la escena del crimen. Pueden incurrir en delito penal o acabar en sanción administrativa. Mientras, siguen en sus puestos.
Erick Francisco, un ingeniero de 46 años, acabó con la vida de su pareja, de 25, y la desolló salvajemente, arrancó sus órganos y se deshizo de ellos. La policía ha filtrado imágenes y un video de un hombre compungido que cuenta su versión y lloriquea justificando lo ocurrido por “miedo y vergüenza”. Asegura, con el torso ensangrentado, que ella le pegó y le amenazó con un cuchillo antes de que él se lo clavara a ella en el cuello. Cientos de mujeres han emitido mensajes en Twitter subrayando que la honorabilidad de las víctimas de violencia de género se vulnera incluso después de muertas, que el odio contra ellas es infinito y se prima la voz del agresor. Por eso, algunas critican la reacción del presidente al ser preguntado por el feminicidio. “Disculpe que molestemos, pero nos están matando”, se leía en la red social.
En el último lustro, los feminicidios se han incrementado en México un 137%, cuatro veces más que el resto de homicidios, según los datos del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien cree que tratarlos con un tipo penal específico es contraproducente para llevar el proceso judicial a buen término, algo de lo que discrepan muchas de las expertas que tratan la violencia de género contra las mujeres.
La subprocuradora y vocera de asuntos sobre Violencia de Género, Nelly Montealegre, ha ofrecido esta tarde una conferencia en la que ha manifestado que se han tomado todos los indicios para enfocar la investigación de este caso con perspectiva de género. Para considerarlo de ese modo, basta con que la víctima mantuviera una relación sentimental, según la ley federal.
Montealegre ha asegurado también que la Fiscalía ha logrado 82 sentencias condenatorias desde el 21 de noviembre, cuando se decretó la alerta en la ciudad por Violencia contra las Mujeres. Pero son cifras pequeñas para un infierno gigante: en 2019 se contabilizaron 976 muertas, y en lo que va de 2020 ya están alrededor de la docena.
“Apenas se judicializan el 3% de estos casos y sale con sentencia un 1%”, ha recordado la directora general para una Vida libre de Violencia, Fabiola Alanís. Considera que la impunidad “genera un efecto muy dañino”. Además, ha pedido límites para los medios de comunicación en el uso de determinadas imágenes y videos. “Esto no se puede tratar como una nota roja [de sucesos]”. Y ha reclamado una “revisión profunda de la impartición de justicia” y la formación urgente “de la formación que recibe la policía. Filtrar estas imágenes recriminaliza a la víctima y eso duele. Esas acciones hay que castigarlas”.
Las periodistas Unidas de México Unidas (PUM) lanzaron un tuit para pedir a sus colegas que "no usen los cuerpos desnudos, sexualizados o mutilados para lucrarse con sus contenidos".
La jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, condenó el feminicidio y dio el pésame a la familia. “Cuando el odio llega a los límites como el de Ingrid Escamilla es indignante. La SSC [Secretaría de Seguridad Ciudadana] detuvo al presunto responsable y la Fiscal ha declarado que exigirá la máxima condena”, escribió en Twitter. Otros mensajes pedían a la alcaldesa que condenara igualmente a quien filtró las fotos del cadáver.
El caso de Ingrid Escamilla ha revuelto singularmente a una opinión pública acostumbrada a los feminicidios. “Es que se ha dado en un contexto propicio, con las declaraciones del fiscal Gertz luego rectificadas de que quería acabar con el tipo penal de feminicidio y también por la reacción del presidente. La violencia es real, existe, no es una difamación, como han dado a entender, el presidente ha estado muy desafortunado”, ha dicho Patricia Olamendi, que trabaja por los derechos de las mujeres en la ONU y contra la violencia machista en la Organización de Estados Americanos. “El gobierno está a la defensiva, cuando podría asegurar que el 95% de las feministas han votado por él. Solo estamos defendiendo el derecho a la vida. No somos enemigas, buscamos al gobierno, pero no nos recibe. Si hay un aumento de 137% de los feminicidios yo esperaba una batería de medidas públicas para combatirlo, no una conclusión de que nuestras críticas son difamaciones y calumnias”, sigue Olamendi. “Seguimos esperando un programa de prevención de la violencia. Más que indignada estoy triste”.