Maquinan fraude inmobiliario en Santa Fe
Los desarrolladores inmobiliarios e inversionistas deben estar muy atentos a un caso que todo parece indicar acabará siendo un megafraude.
Se trata de la comercialización de un predio ubicado en el número 309 de la avenida Tamarindos en la Colonia Lomas de Vista Hermosa, de la Alcaldía de Cuajimalpa.
Aparecen involucrados tres personajes conocidos en el ambiente que en su momento purgaron penas por haber defraudado a decenas de personas.
Se trata de Sigfrido Molet Gurrera y su hermano Esteban, quien estuvo prófugo, y su socio Marco Antonio Romo Alcántara.
Se encuentran inmersos en un litigio en el que denuncian un supuesto despojo con la intención de apoderarse de este predio de alto valor comercial.
En 2017 el notario público número 98 de la CDMX, Gonzalo Ortiz Blanco, protocolizó un contrato de compra-venta supuestamente firmado hace más de 20 años.
Ahí los hermanos Molet Gurrera le venden a una empresa de nombre Inmobiliaria Ro Positivo, cuyo representante legal es Romo Alcántara.
De acuerdo con declaraciones de los vecinos este último también utiliza el nombre de Arturo Pineda.
Según el contrato, el monto de la operación asciende a 600 millones de pesos, pero no existe registro de la forma en que se pagaron estos recursos ni hay reporte del pago de los impuestos correspondientes, por lo que todo indica que se trata de un acto simulado.
Inclusive dentro de los anexos a la escritura incluyeron documentos expedidos por la SEDUVI con fecha de abril de 2018 siendo que la escritura se firmó en noviembre de 2017.
Adicionalmente a la escritura, con la intención de confundir a las autoridades, presentaron el testimonio de dos “supuestos” empleados de la inmobiliaria cuyos nombres no aparecen en los registros del IMSS como asalariados de esa empresa.
El pasado 23 de diciembre la Fiscalía de la CDMX, a cargo de Ernestina Godoy, decidió otorgar la posesión provisional del predio a este grupo.
Una de las promesas de campaña de la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue la de erradicar la rapiña que realizan grupos inmobiliarios y fomentar desarrollos de esparcimiento familiar con valor ecológico.
Los dueños reales de este predio, quienes han tenido la posesión por más de 35 años, presentaron pruebas contundentes a su favor, desde peritajes hasta una fe de hechos en donde se reconoce que son los legítimos poseedores y propietarios.
En la propiedad operaban varios negocios legalmente establecidos que respetaban el entorno. Había un club hípico y varios restaurantes instalados sobre camiones, conocidos como food trucks.
El pasado 8 de enero los vecinos de la zona denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, labores de tala ilegal de árboles sin los permisos correspondientes y sin que concluya el litigio en que se encuentra el predio.
Además en su denuncia, los vecinos de la colonia, reportan a gente armada cuidando el inmueble sin que cuenten con permisos de portación de armas.
Este es un caso en el que los intereses económicos son muy altos, por lo que se habla de asesores legales de altos vuelos que apoyan a este grupo de defraudadores para que se queden con la propiedad.
Se menciona el despacho del ex procurador panista Antonio Lozano Gracia, de quien se sabe ha estado presente en varias diligencias a lo largo del litigio.
Este grupo ya se encuentra comercializando el desarrollo por medio de Enrique Andrade Rivera, que se ostenta como director en Coldwell Banker City.
Este broker ofrece la propiedad en 800 millones de pesos en su cuenta personal de Facebook; el anuncio indica que el predio cuenta con uso de suelo para desarrollar hasta 180 departamentos
EMPIEZA A HABER definiciones para lo que será la compra consolidada de tecnología que el gobierno federal arrancará, muy probablemente en los últimos días de marzo. De entrada, se habla ya de una cifra de inversión pública que alcanzará la friolera de los 50 mil millones de pesos. Los recursos se destinarán principalmente a reemplazar los equipos de cómputo de las dependencias públicas, los cuales, según el coordinador de Estrategia Digital Nacional, Carlos Emiliano Calderón, tienen más de 10 años de obsolescencia. Se contempla un mínimo de 10 partidas, en las que también se incluye la contratación prioritaria de sistemas de bases de datos en la modalidad de nubes de almacenamiento. La sorpresa es que si bien correrá por cuenta de la nueva Oficial mayor, Thalía Lagunas, atrás estará Raquel Buenrostro, la Jefa del SAT.
ALEJANDRA PALACIOS SE armó de valor y fue a hablar con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para convencerlo de la necesidad de judicializar algunos casos relacionados con la industria farmacéutica y el sector financiero. La intención de la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica es meter a la cárcel, con la ayuda del MP, a aquellos empresarios que violen la ley en la materia. Pero el primer sorprendido fue el mismo Gertz porque hasta ahora hay un solo caso que ha llegado a ese extremo. La mayoría terminan en multas, amparos y pleitos de varios años. Hay quienes dicen en la 4T que los empresarios ya tienen suficiente con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal o el SAT, como para que ahora Palacios atice más la incertidumbre en la inversión.
DEL 12 AL 14 de febrero sesionó en Ginebra, Suiza, el Comité Ejecutivo de la Comisión del Codex Alimentarios, máxima autoridad en materia de normas alimentarias internacionales. Tras de que Economía, de Graciela Márquez, implantó la NOM 051será interesante saber si todos los países miembros de este comité, que se desprende de la Organización Mundial de la Salud, de Tedros Adhanom, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de José Graziano da Silva, se pronuncian a favor del nuevo etiquetado, o resulta que la medida promocionada como revolucionaria e indispensable para mejorar la salud, pasa inadvertida por su nulo aporte en materia de control de la obesidad entre los expertos en la materia.