Lo jurídicamente correcto
Nada mejor para un delincuente, que tener la ley y a los impartidores de justicia de su lado.
El problema al interior del Poder Judicial de Morelos es de fondo, más allá de los duros señalamientos que hace unos días hizo el Comisionado de Seguridad José Antonio Ortiz Guarneros. Algo malo está ocurriendo en la impartición de justicia morelense cuando una y otra vez vemos que los delincuentes salen libres y las autoridades acusan a los jueces de cómplices. Mientras no cambien las cosas en los tribunales, seguiremos viendo y viviendo la misma tragedia.
El argumento de defensa de la presidenta del TSJ Carmen Cuevas tiene lógica, pero no justifica las fallas: se necesitan pruebas para proceder contra los imputados. Para la magistrada el problema no está en su cancha y por eso se anima a retar a quienes cuestionan a sus jueces: “si tienen pruebas, que denuncien”.
Pero habría que entender en todo su contexto lo que ocurre con este tipo de situaciones para poder dimensionar de qué está hablando la titular del Poder Judicial de Morelos. Explico:
Muchas veces, quizá en la mayoría de las ocasiones, los presuntos delincuentes recobran su libertad casi de inmediato porque las puestas a disposición o alguno de los procedimientos legales que se deben cumplir no fueron hechos de manera correcta, lo cual permite a sus abogados o a los jueces liberarlos justificadamente.
Se trata de un camino legaloide al que cotidianamente recurren los delincuentes a través de sus representantes legales, muchas veces en complicidad con los agentes del ministerio público, de los jueces o de alguna otra autoridad que interviene. De esa forma, haciendo mal las cosas, todos quedan contentos y la libertad de los imputados se vuelve algo legal, aunque todos los elementos probatorios los señalen como culpables.
Tiene razón Carmen Cuevas cuando habla de la falta de elementos para proceder contra algunas personas, lo que no dice es que en muchas ocasiones los motivos para liberarlos tienen más un sentido burocrático que probatorio, es decir, se trata de delincuentes que fueron detenidos in fraganti, contra quienes existen pruebas suficientes, pero cuyo procedimiento de puesta a disposición es erróneo. Son culpables, sí, pero la forma como los procesan no es la adecuada; ahí está el detalle.
Aquí es donde habría que reflexionar lo que está pasando en realidad: las lagunas legales y las complicidades institucionales son el camino que utilizan muchos delincuentes para evadir el brazo de la justicia y librar la cárcel. No importa que se trate de secuestradores capturados en flagrancia o de asesinos confesos: si el método para procesarlos no fue correcto al menos en alguna de sus partes, rápidamente recuperan su libertad porque el juez así lo determina.
Así ha pasado durante muchos años y así sigue sucediendo ahora; esta situación no puede entenderse sin complicidad y tiene que ver con la actitud de los impartidores de justicia que protegen a quienes visiblemente son culpables. ¿Por qué o a cambio de qué los liberan con tanta facilidad? Esa es la pregunta de fondo.
Los señalamientos que a principio de semana hizo el Almirante Guarneros y secundó el secretario Ojeda son totalmente ciertos: las complicidades de algunos jueces impiden la correcta actuación de la autoridad e inciden de manera directa en las tareas para recuperar la paz en el estado. La magistrada Carmen Cuevas puede alegar lo que quiera y puede refugiarse en su zona de confort para defender su proceder en base a una actuación apegada a derecho, pero eso no justifica la manera como muchos jueces liberan delincuentes a sabiendas de que se trata de criminales.
El asunto es muy grave y por eso urge que los tres poderes pongan atención en lo que sucede. Un amplio sector de abogados, jueces, ministerios públicos y policías han encontrado en este método un muy lucrativo modo de ganar dinero liberando delincuentes. Y lo hacen con todas las de la ley, porque conocen el código penal, los procedimientos policiacos y a con eso arman una defensa jurídica que en casi todas las ocasiones llega a buen puerto.
¿Qué se puede hacer ante algo así? ¿De qué manera se puede cambiar una situación tan grave en la que participan muchas personas y que se sustenta en la propia ley? ¿Qué cambios se tienen que hacer para cerrar ese camino y amarrarle las manos a todos los que se enriquecen protegiendo a criminales?
Hay casos, lo han contado distintas autoridades, en los que la policía captura en flagrancia a secuestradores y libera víctimas, pero los presuntos secuestradores son puestos en libertad de inmediato porque un juez determinó que los policías no llevaban orden de cateo o no les leyeron sus derechos a los detenidos. ¿Qué debemos deducir ante esto?
La situación es añeja, pero se ha agravado bajo la presidencia de Carmen Cuevas; hoy el Poder Judicial se ha convertido en un ente que está del lado de la delincuencia, en cuyo interior hay personal que ha cometido faltas graves, que han sido vinculados directamente con la delincuencia organizada o que perpetraron homicidios (aunque sean imprudenciales) … y siguen impartiendo justicia.
No tengo claro si los secretarios Guarneros y Ojeda dimensionaron el tema que expusieron cuando señalaron a once jueces de liberar a 64 secuestradores, si valoraron el peso de sus palabras y sobre todo el alcance de sus dichos. En el Tribunal Superior de Justicia de Morelos ocurren cosas muy graves desde hace años, se vende la justicia al mejor postor, se negocian posiciones, se colocan incondicionales en puestos claves, se hacen acuerdos poco ortodoxos y, como ellos lo han señalado, se liberan a delincuentes.
Antes de que Cuauhtémoc Blanco tomara posesión del cargo (pero después de que ganó la elección), el Poder Judicial de Morelos a cargo de Carmen Cuevas liberó (lo dijo el entonces gobernador electo) más de mil delincuentes que ya estaban en la cárcel; esta situación es anómala, demostró un comportamiento extraño (por decir lo menos) y fue interpretado como una manera de tratar de desestabilizar al gobierno entrante.
Si analizamos lo que ha ocurrido desde entonces a la fecha y medimos los niveles de violencia e inseguridad registrados antes y después de la liberación de este millar de pillos, llegaríamos a la conclusión de que el derramamiento de sangre del último año no es ajeno a la responsabilidad de los jueces y magistrados morelenses y quizá, pensando mal, validaríamos la hipótesis de quienes asegura que la ampliación del periodo de los magistrados morelenses a 20 años fue un pago de favores de Graco Ramírez.
Una cosa es evidente y cualquiera lo puede revisar: en casi todos los hechos violentos de los últimos meses, las víctimas son personas con antecedentes penales que recientemente habían sido capturados por diversos ilícitos, pero que de nueva cuenta estaban en las calles delinquiendo o fueron asesinados. La pregunta es obvia: Si ya habían sido encarcelados varias veces ¿Cómo es posible que estuvieran libres?
Lo más grave de todo radica en el hecho de que las presuntas complicidades entre jueces y delincuentes se hacen a la vista de todos y con todas las de la ley, es decir, los impartidores de justicia dejan libres a los delincuentes basándose en la ley, utilizando lagunas jurídicas o errores de procedimiento, pero siempre dentro del marco legal. ¿Cómo les reclamamos entonces?
Nadie tiene duda que existe complicidad entre autoridades y delincuentes, que el Poder Judicial de Morelos se ha convertido en refugio del crimen organizado y que muchos de sus miembros (no todos) obedecen a este tipo de intereses.
¿Qué hacer ante ello? ¿Cómo debe proceder un gobierno que ya vio lo que sucede, que ya lo denunció, pero sabe que con sus palabras no basta?
El tema es sumamente complicado y de fondo; mientras no se resuelva lo que ocurre en el Tribunal Superior de Justicia y se actúe de manera contundente contra los jueces corruptos, los delincuentes van a seguir en las calles.
posdata
Ahora tocó el turno a Rafael Reyes de ser acusado en narcomantas; lo culpan de brindar protección a la delincuencia organizada a través de la policía y de nombrar a gente mala en mandos claves de dicha corporación. Los señalamientos se hicieron en lonas colocadas en lugares públicos a plena luz del día por, dicen, personas que viajaban a bordo de una camioneta y portaban uniforme.
Lo ocurrido al edil de Jiutepec es parecido a lo que en otro momento le ha pasado a su homólogo de Cuernavaca Antonio Villalobos, a quien también le han colgado este tipo de mensajes en una barda del ayuntamiento y otros lugares de la ciudad. La mecánica es la misma, lo mismo que la impunidad como actúan quienes las colocan.
A propósito de estos hechos Rafa Reyes puntualiza algunos aspectos que permiten entender lo que se vive en su municipio:
1- Jiutepec forma parte del Mando Coordinado de Policía, en donde cada una de las partes tiene perfectamente delimitadas sus responsabilidades: la parte operativa que incluye el nombramiento de todos los elementos que conforman la corporación corresponde al Gobierno de Morelos a través de a la Comisión Estatal de Seguridad; al alcalde solo le toca designar funcionarios del área administrativa.
2- La Policía Municipal NO está bajo las órdenes del presidente; yo NO formo parte ni estoy enterado de los operativos, ni mucho menos tengo opinión o mando en los mismos. Cualquier acción o detención, sin importar del delito que se trate, depende de la CES
3- La relación con el secretario de seguridad de Jiutepec es institucional; “Yo recibo un parte de novedades, es decir, conozco de las cosas una vez que sucedieron, no antes. Tanto el secretario como los directores de Tránsito y Operativo fueron nombrados directamente por el Comisionado de Seguridad; el resto del personal ya laboraba en la corporación cuando asumí el cargo.
4- Entre el municipio y la CES existe una comunicación constante; yo les transmito el sentimiento de la sociedad respecto a la seguridad que, lamentablemente, se ha convertido hoy en un sentimiento de terror e impotencia.
5- Los mensajes colocados en forma de narcomanta refieren acciones que NO están en mi competencia y desconozco, porque NO tengo injerencia en esa área; la Policía Municipal NO responde a indicaciones mías y NO me informan de los operativos que llevan a cabo; ningún elemento ha sido designado por mi, ni conozco a las personas mencionadas en los mensajes. “Esto parece ser parte de un golpeteo político por las acciones de gobierno que estamos llevando a cabo y las decisiones que tomamos respecto a temas relacionados con la administración anterior. Tengo los drenajes de mi vida limpios y estoy dispuesto a ser investigado en cualquier momento y por cualquier autoridad”
Es interesante la puntualización que hace el alcalde de Jiutepec en el tema de las narcomantas. Lo menos que se puede pensar ante estos hechos, pero sobre todo ante las circunstancias como son colocadas las lonas, es que se trata de una acción realizada por gente que no le teme a la autoridad ni le preocupa ser observado. ¿Por qué será?
nota
Nuevamente los diputados locales colocan la mira en el Fiscal General Uriel Carmona y en el Anticorrupción Juan Salazar; los acusan de NO hacer bien su trabajo.
Está en manos de los legisladores el futuro profesional de ambos personajes, pero para ello, primero, necesitan ponerse de acuerdo para tener los votos que se requieren para cambiarlos.
Y eso es muy difícil que suceda.
post it
Dice la secretaria de Turismo Margarita Saravia que siempre si: la inseguridad y la violencia afectan la imagen de Morelos y la llegada de turistas.
Después de desayunarse un vaso grande de Cal-c-tose y una ración doble de ácido fólico, la funcionaria se dio cuenta que las malas noticias no ayudan al estado. ¡Bravo!
Hay que darle un aplauso doble a Margarita para que su aguda percepción continúe.
redes sociales
Una buena para el gobierno de Cuauhtémoc Blanco en materia de seguridad. Ojalá mejoren las cosas para todos.
Comentarios para una columna optimista:
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