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SERPIENTES Y ESCALERAS

Otra vez Carmen Cuevas

Puede ser que en lo legal no sea trascendente, pero moralmente es demoledor.

Una y otra vez desde hace varios años la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Morelos ha sido acusada por diferentes grupos de abogados y los propios miembros del Poder Judicial de Morelos de actuar fuera de la legalidad, conducirse sin apego a lo que marca el derecho y proceder de manera ilícita, violando la ley, manipulando a la institución y vendiendo la justicia al mejor postor; lo menos que le han dicho a la magistrada es que es corrupta y ahora aparece una nueva historia: alteró su acta de nacimiento, modificó su nombre y cambió su año de nacimiento ¿Para qué?

De acuerdo a información difundida, la titular del Poder Judicial de Morelos habría alterado un documento de identificación oficial (acta de nacimiento) de manera unilateral, agregando el nombre VERÓNICA y cambiando su fecha de nacimiento, del año 1962 al año 1963. Esta acción pudo haber sido realizada de manera indebida, manipulando el sistema, o con un acta apócrifa expedida en favor de la misma, pues en el Registro Civil solo existe una sola acta y no constan inscripciones marginales que certifiquen la legalidad de las modificaciones referidas

Los cambios hechos a su certificado de nacimiento se llevaron a cabo antes de que fuera nombrada juez de primera instancia del noveno distrito judicial con sede en Jiutepec, cargo que ocupó hasta octubre del 2003; el movimiento fue llevado a cabo por un usuario del mismo lugar donde ella laboraba, aunque se desconocen las intenciones de cambiar su año de nacimiento y agregar un nombre sin que ninguna autoridad administrativa o judicial lo validara; lo cierto es que desde esa fecha hasta la actualidad, a sabiendas de que es un documento irregular, Carmen Cuevas ha presentado oficialmente en varias ocasiones dicho certificado de nacimiento.

Desde el año 1999, cuando se llevó a cabo el cambio, la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Morelos ha utilizado esa acta presuntamente alterada en al menos cinco instituciones oficiales, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaria de Hacienda, la Secretaria de Relaciones Exteriores y el Poder Judicial del Estado de Morelos.

No tengo claridad sobre los efectos legales del cambio ni de su uso, pero me queda claro que el hecho expone un acto irregular que se ve muy mal en una persona que tiene la encomienda de impartir justicia; dicho en castellano: utilizar un documento alterado puede no ser ilegal, pero es absolutamente inmoral.

Habría que analizar el tema más a fondo para entender el motivo del ajuste en el acta de nacimiento y saber si el cambiose hizo para cumplir con un requerimiento legal en un momento determinado de su carrera profesional. En cualquier caso hacerlo así representa un hecho irregular que habla muy mal de una abogada, de una magistrada, de la presidente de uno de los tres poderes del estado.

Esta nueva evidencia de irregularidades cometidas por la magistrada Cuevas López se suma a lo que desde hace años vienen señalando otros integrantes del Tribunal Superior de Justicia: la presidenta del Poder Judicial viola sistemáticamente la ley, actúa de manera parcial en la impartición de justicia y se presta a situaciones que muchas veces implican acciones ilegales para favorecer intereses políticos o ayudan a obtener la libertad a delincuentes plenamente identificados.

Recordemos que en el pasado reciente a la presidenta del TSJ la señalaron por malversar los fondos del Poder Judicial, por coludirse con grupos delictivos, por solapar a jueces que cometieron delitos y por proteger los intereses del gobierno anterior. Hace un par de semanas el gobierno estatal a través del Secretario de Gobierno y el Comisionado Estatal de Seguridad señalaron que 11 jueces están bajo sospecha por haber liberado, al menos, a 64 secuestradores.

Una anécdota más: poco después de tomar protesta como presidenta, Carmen Cuevas adquirió para el Poder Judicial de Morelos varias camionetas de lujo con un valor unitario superior al millón de pesos, sin realizar ningún tipo de licitación, ni cumplir con los procedimientos que corresponden a este tipo de compras. Estas adquisiciones, dicho sea de paso, se hicieron con el apoyo del equipo de otra magistrada, Bertha Rendón Montealegre, esposa del actual presidente de Morena en Morelos.

Este nuevo escándalo de Carmen Cuevas aparece a unas semanas de que concluya su encargo como presidenta del Poder Judicial y en medio de una serie de señalamientos muy graves en su contra. Por un lado se le ha tildado de estar coludida con grupos delictivos para liberar delincuentes, por otro se le considera una pieza clave en la defensa legal del ex gobernador Graco Ramírez, con quien habría pactado su llegada al cargo y a quien debe la ampliación a 20 años de su periodo como magistrada.

Seguramente en algún momento la presidenta Cuevas López hablará del tema y como experta en el manejo de la ley (por esa razón la sabe evadir tan bien), dirá que se trata de un tema menor, sin importancia y quizá sin ninguna implicación legal en su desempeño profesional y los actos realidazos. Quizá.

Aún así lo de fondo es su falta de calidad moral para impartir justicia cuando se sabe violadora de la ley, su proclividad a actuar al margen del estado de derecho y su burla permanente a las instituciones. Carmen Cuevas puede defender esta pifia con cualquier premisa legaloide, pero no hay manera de que brinde una explicación convincendel del porqué alteró y utilizó durante varios años un documento oficial.

Reitero: Carmen Cuevas no tiene calidad moral para impartir justicia.

posdata

Al iniciar el mes de marzo Andrés Manuel López Obrador reconoció una caída en su popularidad, misma que atribuyó a su “lucha contra los conservadores”; el presidente de México dijo que no le importaba encontrarse en su nivel más bajo de aprobación luego de 14 meses de gestión porque, aseguró, sigue contando con la simpatía de la mayoría de los mexicanos. El desgaste que provoca el ejercicio de gobierno es inevitable y hasta el político más popular de los últimos tiempos en México lo sufre. ¿Cómo se sienten otros gobernantes cuya confianza también va a la baja?

La administración pública no es un asunto sencillo, sobre todo cuando se hace a contracorriente, cuando se lucha contra las fuerzas económicas, políticas y sociales o de plano en aquellos casos en los que no se tiene idea de qué hacer en el gobierno.

Una y otra vez las oleadas electorales nos han dejado claro que la democracia es efectiva, pero no funcional; tenemos personas legítimamente electas, pero profesionalmente incapaces de cumplir con sus encargos, lo cual ha lastimado las instituciones y mermado seriamente la confianza ciudadana.

La popularidad política entendida en el ejercicio de gobierno como confianza ciudadana, es un elemento sustantivo para la gobernabilidad; el desgaste de un gobernante en el uso de sus funciones es natural, pero a veces es demasiado fuerte para aguantar las presiones que derivan del trabajo diario.

El presidente López Obrador manejó muy bien su imagen y discurso los primeros meses, supo capotear la crítica con frases ingeniosas, con ocurrencias y echándole la culpa a los conservadores. Sus problemas comenzaron cuando las frases dejaron de ser creíbles, las ocurrencias comenzaron a parecer locuras y se excedió en echar culpas a sus antecesores. Obvio: un chiste no hace reir dos veces.

Los problemas del país son más fuertes que la simpatía personal del presidente López Obrador; las crisis sociales recurrentes, la recesión económica y la inseguridad han avasallado su habilidad discursiva. El acto del fin de semana en Tabasco (su tierra) mostró el rostro de la molestia pública y el desgaste de un discurso que ha dejado de ser convincente.

Seguramente en los meses que vienen veremos cambios notables en la estrategia política del presidente de México; si el desgaste sigue al mismo ritmo, en lugar de frases y ocurrencias, lo que vendrá el sacrificio de personajes del escenario político para apuntalar la confianza presidencial.

En ese plano los funcionarios del pasado y los gobernantes del presente deben poner sus barbas a remojar.

nota

Los hechos violentos ocurridos este lunes en el centro de Cuernavaca, cuando un comerciante fue asesinado por sujetos que lo ultimaron a balazos frente a todos, abrió un nuevo debate sobre las condiciones de seguridad que se viven en la capital.

El tema es sumamente complejo y provocó reacciones en varios lados: los fenicios alzaron la voz y demandaron mejores medidas preventivas, el secretario de gobierno habló de reforzar la seguridad en la ciudad y el alcalde dijo que el hecho fue resultado de la pugna entre los líderes de las plazas comerciales.

En medio de este debate vale la pena recordar lo que una y otra vez han señalado las autoridades estatales y el ejército: en Morelos hay al menos cinco cárteles que pelean por el control de la plaza y en Cuernavaca operan diversos grupos delincuenciales que localmente tienen su territorio.

Cuernavaca es uno de los municipios más peligrosos del esado y se ha convertido en una de las ciudades más violentas del país, los delitos que se han salido de control en la capital morelense son el cobro de piso, las extorsiones, los robos en todas sus modalidades y la trata de personas. En este sentido, además, a través de narcomantas se acusa complicidad de funcionarios públicos, policías y hasta de algunos regidores.

En las últimas semanas la violencia se ha agudizado en Cuernavaca y ello obliga a las autoridades de los tres niveles a mejorar su actuación. Puede ser, como dicen algunos, que este derramamiento de sangre sea la consecuencia de la pelea entre bandas y no involucra al resto de la sociedad; sin embargo la violencia que deriva de esto y los otros delitos que se cometen todos los días sí afecta al ciudadano común.

post it

Ahí viene otra vez la temporada de estiaje; de manera natural, como cada año, el agua será menos y el desabasto se hará presente en muchas colonias del estado.

Viene la prueba de fuego para el Sapac, cuya ineficiencia está comprobada desde hace varios años y continúa hasta ahora.

Veremos si una selfie casual o un mensaje en Facebook ayuda a remediar los históricos males de esa dependencia y respondea las legítimas peticiones de la sociedad.

redes sociales

Los datos me los comparten a través de las redes sociales; es información pública, oficial, del Instituto Nacional Electoral. Así andan los partidos luego del tsunami de Morena en el 2018 y antes de las elecciones intermedias del 2021:

“Después de haber concluido el periodo para depurar los padrones de los partidos políticos, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral dio a conocer que en conjunto, las fuerzas políticas perdieron alrededor de 9.2 millones de militantes.

Los dos partidos que registraron un mayor número de deserciones fueron el PRI y el PRD: el primero pasó de 6.5 millones de afiliados a 1.5 millones, una disminución del 76%, mientras el segundo conservó 1.2 millones de sus 5 millones; es decir, una disminución del 75%. Por otro lado, el PT quedó integrado por 508 mil 210 militantes, 51% menos que en 2019, y MC con bajas del 51% pasó de 466 mil 197 a 229 mil 474.

Los partidos con las tasas de desafiliación más bajas fueron el PAN, con un 38%, al pasar de 376 mil 988 a 234 mil 450 militantes y Morena, con 12%, disminuyó de 317 mil 595 a 278 mil 331. Con un crecimiento del 50%, el único partido político que logró incrementar su número de afiliados fue el Partido Verde al pasar de 304 mil 311 a 460 mil 554...”

Con estos números las principales fuerzas políticas llegarán a la elección intermedia.

Comentarios para una columna sonriente:

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