CIUDAD DE MÉXICO.-Los principales programas sociales de la actual administración serán ley y su presupuesto no se podrá reducir, luego de la reforma Constitucional aprobada ayer por la Cámara de Diputados.
La implementación de esos programas tendrá un costo anual de al menos 385 mil 242 millones de pesos, de acuerdo con el presupuesto asignado en 2020. Esa cantidad equivale al 6.3 por ciento del gasto federal total para el año en curso.
La reforma, presentada como prioridad por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, prevé que el Estado ofrezca un sistema de salud gratuito a personas sin seguridad social, becas en todos los niveles educativos para estudiantes pobres y apoyos a personas de la tercera edad, indígenas, de origen afromexicano y con discapacidad.
Con 385 votos a favor, 18 abstenciones y 49 en contra, de legisladores del PAN, la reforma al artículo 4 constitucional logró la mayoría calificada y el dictamen pasó al Senado.
En su artículo tercero transitorio, la propuesta ordena que el monto de los recursos asignados “no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior”.
Esto significa que año con año el presupuesto tendrá que aumentar por lo menos en el mismo porcentaje de la inflación.
René Juárez, coordinador parlamentario del PRI, consideró que la reforma deberá contar con disposición presupuestal.
“No queremos que todo quede en promesas, buenos deseos o derechos de papel; si no garantizamos la viabilidad de estos apoyos, todo quedará en un sueño, en un frustrante populismo constitucional, del que millones de mexicanos ya están cansados”, planteó el priista.
El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez, acusó que la reforma constituye la “constitucionalización del clientelismo” del Presidente López Obrador.
“Nada importa más que ver plasmados los programas en nuestra Carta Magna y con ello constitucionalizar el clientelismo, y eso de ninguna manera lo vamos a validar. Pone de manifiesta la estrategia del Presidente de la República, de elevar a rango constitucional su visión populista de Gobierno”, acusó el panista.
El nuevo sistema gratuito de salud para 39 millones de personas que no cotizan en IMSS o ISSSTE, y el apoyo universal para mayores de 68 años, serán las mayores cargas presupuestales.
Los apoyos se sumarán a los pasivos que ya arrastra el Gobierno por pensiones de quienes cotizaron en IMSS e ISSSTE hasta antes de las Afores, de las Fuerzas Armadas, y de quienes ya están jubilados o se jubilarán de los onerosos sistemas de Pemex, CFE, IMSS patrón, Luz y Fuerza del Centro y Ferronales, entre otros.
Dichas pensiones costarán este año al menos 818 mil millones de pesos.