Las más violentadas entre las violentadas
La investigadora Lorena Cortés asegura que, en México, las mujeres indígenas son las más violentadas entre las violentadas.
María, una muchacha nacida en una comunidad situada a las orillas del lago de Pátzcuaro, en Michoacán, se embarazó pronto: a los 17 años. Su pareja, Raúl, era un albañil que le llevaba 20 años de edad.
Antes de dos años, los detalles de su relación quedarían consignados en una carpeta de investigación, la 1003201947110.
Para ayudar en el sostenimiento de la casa, María se dedicó a hacer laboriosos trabajos manuales: bordados tradicionales por pedido: vestidos, carpetas, guayaberas. Algunas veces, la comida no estaba lista cuando Raúl llegaba. Entonces ocurrían insultos, jalones, pellizcos, cachetadas.
En la comunidad de María, ese tipo de agresiones suelen ser justificadas —mejor dicho, normalizadas—, a través de un conjunto de frases que en 2017 recogió el “Diagnóstico Integral de Violencia contra las Mujeres”, realizado por el gobierno municipal: “Tienes que cargar con tu cruz”, “Hay que aguantar”, “Los hombres no van a cambiar”.
La situación duró dos años, en los que los niveles de violencia fueron escalando. Los insultos y las vejaciones fueron el pan cotidiano. Hasta que ella decidió dejarlo, a pesar de las frases de rigor: “¿De qué vas a vivir?”, “¿Crees que vas a poder tú sola?”. Se inició una batalla por la custodia de la niña.
María sentía terror de dejarla en manos de su padre, porque “él se pone muy mal con la bebida” y ella “temía lo peor”.
Hace tres meses Raúl esperó a María a las puertas de la dulcería a la que ella había entrado a trabajar. La acercó a su coche con engaños y luego “la metió de las greñas”. Ella llegó a su casa en condiciones lamentables. Le narró a sus padres que Raúl la había golpeado, y que luego la violó.
Ellos la llevaron al ministerio público más próximo a su comunidad (el de Pátzcuaro). Llegaron muy tarde y estaba cerrado. Comenzaron a hacer llamadas telefónicas, en busca de orientación. Les informaron que debían presentar su denuncia en la fiscalía de Morelia.
Ahí se integró la carpeta, por violación, cuyo número he citado. El caso fue a parar al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la fiscalía local.
Para solucionar la “controversia”, en el centro le dijeron a la familia que era mejor que la expareja llegara a un arreglo, aunque fuera un mal arreglo. La madre de María confió “en lo que la ley nos diga”, ya que “nosotros no sabemos de estas cosas”.
Se firmó un acuerdo, en el que Raúl se comprometió a entregarle a su víctima dos mil pesos, por concepto de “reparación del daño en su totalidad”.
Dos mil pesos cuesta una violación.
El acuerdo fue validado por el ministerio público.
Lorena Cortés, asesora de la Mujer en el gobierno municipal de Pátzcuaro, sostiene que en Michoacán “es común que las autoridades inciten o ‘inviten’ a las víctimas a mediar en casos de violencia, e incluso de violación”.
Según Cortés, la historia de María es “la historia de cientos de mujeres que no encuentran acceso a la justicia desde que les dicen que la denuncia no procede, que es mejor que lleguen a un acuerdo con el agresor, y un sinnúmero de pretextos”.
La historia de María trascendió, y ella terminó huyendo de su comunidad, “por pena”.
La violencia contra mujeres indígenas ha sido particularmente poco documentada. En un país letal para las mujeres, la violencia se agrava por razones de pobreza, o por factores como el origen étnico.
El diagnóstico integral de violencia realizado en Pátzcuaro en 2017 indica que las estructuras tradicionales de opresión potencian las desventajas, las exclusiones, las desigualdades, cuando se trata de mujeres indígenas.
Las situaciones de violencia —física, sicológica, económica y laboral— se agravan, para empezar, porque los centros integrales de justicia se hallan en las capitales de los estados, y no próximos a las comunidades y porque, de acuerdo con la investigadora Cortés, no hay una fiscalía que atienda a estas víctimas “con perspectiva de género e intercultural”.
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