Si el gobierno declara Estado de excepción por la pandemia, podría acceder a 281 fideicomisos para atender gastos de salud, caída de ingresos y apoyo a empresas, entre otros rubros
Para hacer frente al impacto del COVID-19, el gobierno tendría acceso a 512 mil millones de pesos de 281 fideicomisos creados para enfrentar contingencias, una vez que haya agotado las opciones de la reorientación del gasto y de recurrir a un mayor endeudamiento público.
Los instrumentos financieros orientados a enfrentar desastres naturales y de reconstrucción podrían ser empleados para afrontar la actual emergencia sanitaria, también los Fondos de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y de las Entidades Federativas, así como aquellos que implican apoyos a empresas, subsidios e infraestructura, siempre que el gasto conserve la esencia de los objetivos por los que fueron creados, señalaron especialistas a Excélsior.
Sin embargo, aunque se invoque a un Estado de excepción, existen controles legales para emplear dichos recursos.
Dependerá mucho de cómo en la declaratoria de Estado de excepción se defina la palabra emergencia, y si el virus entra en esa definición”, subraya Sarahí Salvatierra, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
PARA CASOS EXTREMOS, $512 MIL MILLONES
Cerca de 512 mil millones de pesos están resguardados en fideicomisos públicos y que, conforme a los fines que persiguen y de cumplirse ciertos supuestos legales, potencialmente podrían utilizarse para hacer frente al impacto sanitario y económico ocasionado por el coronavirus en el país, una vez se hayan agotado las opciones de la reorientación del gasto y de recurrir a un mayor endeudamiento público, de acuerdo con especialistas consultados por Excélsior.
Así, con datos de la Secretaría de Hacienda al 31 de diciembre de 2019, se obtiene que existen dos fideicomisos que se pueden usarse de forma directa, que son los Fondos de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y de las Entidades Federativas, que en conjunto cuentan con 219 mil millones de pesos.
Estos recursos se usarán, con toda seguridad, para hacer frente al boquete de ingresos tributarios y petroleros por causa de la caída esperada del Producto Interno Bruto y observada de los precios del petróleo este año, respectivamente.
A fondos estos le siguen cinco fideicomisos que tienen 149 mil millones de pesos, y que están orientados a atender desastres naturales y diferentes contingencias, entre los que destacan el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el de Reconstrucción, el Fondo de Gastos Catastróficos del actual Insabi.
Luego existen otros 272 fideicomisos que cuentan con cerca de 144 mil millones de pesos orientados a apoyos a empresas, y otros apoyos, subsidios e infraestructura.
CONTROLES LEGALES
Sarahí Salvatierra, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explicó en entrevista que, si bien los fideicomisos se han usado de forma discrecional en los últimos años, existen controles legales que hacen que no puedan utilizarse de cualquier forma, aun en situaciones de Estado emergencia que llegue a decretar el Consejo de Salubridad General, o incluso, si se invoca el Estado de excepción con base en el artículo 29 constitucional.
El uso de los recursos de un fideicomiso tiene que apegarse estrictamente para los fines que fue creado, y tiene que ser autorizado por su Comité Técnico. Es decir, no basta que el gobierno diga ‘estamos en Estado de emergencia y ahora podemos disponer de esos recursos’”.
Salvatierra comentó como ejemplo los fideicomisos orientados a enfrentar desastres naturales y de reconstrucción, que, con una interpretación fina de la ley, es probable que puedan usarse para afrontar la actual emergencia sanitaria.
Dependerá mucho de cómo en la declaratoria de Estado de excepción se defina la palabra emergencia, y si el virus entra en esa definición. Además, los fideicomisos para desastres naturales se rigen por los principios de la Ley de Protección Civil, por lo que requieren de una declaratoria de emergencia de la Secretaría de Gobernación y que se cumplan los supuestos de esa ley. Aunque intuitivamente uno pudiera decir que esos recursos pueden usarse en nuestra coyuntura, porque existe una amenaza real a la población, insisto en que deben pasar filtros legales para que puedan ser usados”.
Cuestionada acerca de si por voluntad del Comité Técnico de cada Fideicomiso se decidiera aportar recursos para enfrentar la pandemia, Salvatierra dijo que también habría que hacer diversas precisiones legales.
Los recursos de los fideicomisos los resguarda un fiduciario, que normalmente es una institución financiera privada. Si, por ejemplo, el comité del fideicomiso del Nuevo Aeropuerto quisiera aportar para la emergencia y la institución financiera ve que se van destinar recursos para otros fines distintos los que fue creado ese fideicomiso, puede demandar aludiendo a violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito”.
Sarahí Salvatierra expresó que el COVID-19 pondrá a prueba no sólo a las instituciones sanitarias y económicas en el país, sino también a las legales, pues de las decisiones que tome el Consejo de Salubridad General, e incluso de cómo eventualmente se defina el Estado de excepción desde el artículo 29 constitucional, se podrá decidir qué instrumentos financieros se pueden utilizar para hacer frente a la contingencia sanitaria.
GOBIERNO DEBE DESEMPOLVAR PADRONES DE PROGRAMAS ANTERIORES EXITOSOS
Es necesario que el gobierno desempolve los padrones de beneficiarios de programas de anteriores gobiernos y que tuvieron resultados efectivos, tales como los de Prospera, el Programa de Empleo Temporal y de Estancias Infantiles, con el fin de tener instrumentos eficaces para focalizar las ayudas que se vayan a brindar durante la emergencia ocasionada por el coronavirus, afirmó Mariana Campos, directora de Gasto Público de México Evalúa.
Sobre el caso de Prospera, Campos señaló que el programa era uno de los mejores focalizados para llegar a las personas más pobres, razón por la cual puede ser un instrumento efectivo para llegar verdaderamente a las personas más necesitadas del país, que sin duda sufrirán ante esta emergencia sanitaria.
Sobre el Programa de Empleo Temporal, expresó que existe evidencia de que llegó especialmente a muchos hombres desempleados en zonas rurales, y que sí resultó tener un impacto positivo para emplearlos temporalmente y que ellos generaran ingresos.
Y sobre las Estancias Infantiles, señaló que el programa tenía información socioeconómica puntual de madres trabajadoras en la informalidad, y que tenían necesidad del cuidado de sus hijos, segmento que también está en riesgo.
Mariana Campos expresó que los programas sociales actuales del actual gobierno todavía no han sido evaluados, por lo que no se sabe qué tan efectivos serán, y de algunos apenas se están elaborando reglas de operación.
Sé que políticamente el gobierno no querrá dar crédito a logros de anteriores administraciones. Pero bien puede hacer uso de estos instrumentos que ya existen, y que dieron resultados, y venderlos como apoyos renovados para el Bienestar. Lo importante es que use las mejores herramientas para atender a la población en esta emergencia”, comentó Campos.
PENSIONES INTOCABLES
El país cuenta con otros fideicomisos que totalizan 229 mil millones de pesos, en los que predominan las orientadas a pensiones o prestaciones laborales, u otros fines como por ejemplo el extinto Aeropuerto de Texcoco, cuestiones aduaneras, financiera rural, entre otras.
Mariana Campos, de México Evalúa, expresó que no es conveniente tocar los fideicomisos orientados a pensiones y temas laborales en casos de emergencia. “Nos meteríamos en un lío, mandaría un mensaje que también podrán usar los ahorros de las afores, por ejemplo”.
Para los otros fideicomisos, Sarahí Salvatierra dijo que, “para usarlos, habría que revisar si no han cumplido sus fines, las condiciones de su extinción, y otro tipo de temas legales”.